Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

La Misión de Observación Electoral – MOE – presenta su tercer informe ante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales, centrado en las dinámicas territoriales de violencia contra lideres políticos, sociales y comunales ocurridas durante 2025. El documento identifica patrones en regiones marcadas por alta conflictividad, presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y limitada capacidad institucional. Hechos como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reflejan la creciente violencia contra liderazgos políticos y demandan una respuesta estatal urgente, articulada y eficaz.

Asimismo, el informe destaca el impacto de la comunicación política en la calidad del debate público y la seguridad de los liderazgos. Se alerta sobre el uso deliberado de la desinformación como herramienta de distorsión política y se proponen medidas regulatorias para salvaguardar la integridad del proceso electoral en entornos digitales.

Con base en estos hallazgos, la MOE formula recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales, orientadas a reforzar la protección de liderazgos, promover una deliberación pública informada y preservar la legitimidad democrática de las elecciones de 2026.

Comentarios de Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral -MOE Colombia

Bogotá, 12 de diciembre de 2024. La Misión de Observación Electoral -MOE expresa su preocupación por los cambios introducidos al Proyecto de Reforma Política (Acto Legislativo

P.A.L. 336/2024C – 019/2024S) que surtirá su cuarto debate en la Plenaria del Senado de la República, los cuales representan un debilitamiento del sistema político electoral del país.

De acuerdo con la MOE, tras su discusión en la Comisión Primera del Senado, el proyecto pierde el enfoque original presentado por el Gobierno Nacional, que buscaba abordar reformas estructurales como la adquisición de la personería jurídica con base en afiliados, el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y la transparencia en la financiación de las campañas políticas.

Frente a la adquisición de la personería jurídica y la democracia interna de las organizaciones políticas, la propuesta inicial planteaba la necesidad de que los partidos y movimientos políticos tuvieran, con base en sus afiliados, procesos de democracia interna para la toma de sus decisiones, y en especial en la selección de sus candidaturas. Para el caso de los movimientos políticos, estos podrían acceder a la personería jurídica si cumplían con un número mínimo de militantes. No obstante, en el proyecto que será debatido en la plenaria del Senado se elimina por completo esta propuesta inicial, manteniéndose el régimen actual en el que la personería jurídica se adquiere por votación en el Congreso y los afiliados no son parte activa en la toma de decisiones.

Para la MOE, uno de los mayores retrocesos de la Reforma es la inclusión del transfuguismo como regla. De acuerdo con la propuesta a ser debatida, se permite a los miembros de corporaciones públicas cambiar de partido una vez por cuatrienio, cuatro meses antes de las elecciones, sin tener que renunciar a su cargo. Para Frey Alejandro Muñoz, Subdirector de la MOE, “esta propuesta debilita a los partidos políticos, debido a que la curul pasa de representar la postura de la organización política, a pertenecer a la persona que fue elegida. De otra parte, esto podría generar desconfianza en la ciudadanía al encontrar falta de consistencia en el sistema político cuando ve a sus representantes pasar de una organización a otra”.

En torno a las coaliciones, esta figura fue creada con el objetivo de que las minorías pudieran mantener la representación política. En la propuesta a ser debatida se elimina el límite actual que tienen las organizaciones políticas para coaligarse en corporaciones públicas, el cual es no sumar entre ellas más del 15 % de la votación valida en la última elección, lo que permitiría este tipo de alianzas sin importar el porcentaje de votos obtenidos. Al respecto, la

Misión de Observación Electoral llama la atención frente a las dificultades e incertidumbres que generan actualmente las coaliciones, debido a su falta de reglamentación en aspectos como obligaciones y derechos, doble militancia, comportamiento en bancadas, y responsabilidad política.

Finalmente, el proyecto prevé el acceso a la financiación del funcionamiento únicamente a las organizaciones políticas que alcanzan el 3 % de la votación en el Congreso de la República, lo que excluye a los partidos con personería jurídica que surgen de las circunscripciones especiales afro e indígenas. De otra parte, la iniciativa no adopta medidas claras y suficientes para la vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas; sobre este punto Muñoz señaló: “Es esencial fortalecer las capacidades de la Autoridad Electoral para identificar y sancionar el ingreso de recursos prohibidos a las campañas políticas, así como la violación de los topes de gastos”.

Comentarios de la Misión de Observación Electoral al pliego de modificaciones para primer debate del P.A.L.336/2024C

Ponencia – Proyecto de Acto Legislativo No. 336 de 2024 Cámara “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral”

Comentarios al texto original radicado por el Gobierno Nacional: Comentarios de la Misión de Observación Electoral al pliego de modificaciones para primer debate del P.A.L 336/2024 C

La esencia de la democracia representativa se materializa en los partidos políticos. Una figura que, aunque criticada fuertemente, es fundamental porque canaliza los intereses de la ciudadanía. En Colombia, el sistema político especialmente partidista- ha experimentado múltiples reformas en la búsqueda de garantizar la participación amplia de la población. Sin embargo, persisten aspectos por mejorar como la democracia interna, la proliferación de organizaciones políticas, la desigualdad en el uso de los recursos, la deficiencia en el registro de militancia y, en general, más procesos de concertación dentro de cada partido.

Por esto, la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Colombia y la Misión de Observación Electoral (MOE) realizaron un análisis sobre el sistema de partidos políticos. Tras implementar una metodología mixta, que incluyó múltiples mesas de expertos en diferentes regiones del país, así como la revisión de datos cuantitativos, se elaboró el documento “Sistema de partidos políticos y financiación de las campañas electorales en Colombia: hacia un proceso electoral más transparente y equitativo”. El propósito del documento es visibilizar dos de los principales problemas al respecto, así como planear recomendaciones para fortalecer el sistema político electoral. Esto, porque consideramos que una democracia necesita un sistema pluralista de partidos democráticos que representen ideologías políticas distintas.

Finalmente, agradecemos al equipo de la MOE, quienes desde su experiencia en el tema construyeron un documento detallado que sirve de insumo para la promoción de transparencia y equidad de cara a las próximas elecciones. De esta forma, los políticos podrán identificar la necesidad de analizar puntos como las personerías jurídicas, las coaliciones, los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), el financiamiento de campañas electorales y la rendición de cuentas. Pues tal como lo dijo Konrad Adenauer (1952) “un político de partido debe reconocer lo que es bueno, no solo para su partido, sino para toda la nación a la que pertenece”.

Stefan Reith
Representante KAS Colombia

Reviva la intervención de Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, en la audiencia pública

Para esta organización, el mencionado Proyecto abre el camino al transfuguismo, cuyo fenómeno es contrario a las medidas que el Congreso de la República ha adoptado para fortalecer la democracia representativa y el régimen de partidos. Por tal razón, a partir de las siguientes consideraciones, la MOE le solicita a la Comisión Primera que archive esta iniciativa:

1. El proyecto de Acto Legislativo es contrario a los esfuerzos por fortalecer la democracia representativa y avanzar en la consolidación de un sistema de partidos más fuerte.

En el 2003 y 2009, el Congreso de la República aprobó dos reformas constitucionales que tenían como propósito fortalecer el sistema de partidos políticos, y asimismo evitar diversas prácticas que lesionaban la confianza de la ciudadanía, como la doble militancia y el transfuguismo político. En esta misma línea, la Corte Constitucional ha reconocido y alertado sobre la capacidad de este fenómeno para destruir los principios esenciales del sistema político, como la soberanía popular, la integridad del sistema electoral, la estabilidad institucional3 y la representación política.

La jurisprudencia de la Corte ha sido coherente en condenar el transfuguismo político y respaldar medidas dirigidas a sancionarlo, con el fin de fortalecer la democracia representativa y proteger la voluntad popular expresada en las elecciones. Un ejemplo destacado de esto se encuentra en la línea jurisprudencial establecida en las sentencias C897 de 2011, C-194 de 2005 y C-638 de 2012. En esta última, la Corte analizó la constitucionalidad de ciertas disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2009, que tenía como objetivo prohibir el transfuguismo político. En dicha sentencia, la Corte reafirmó la importancia de la estabilidad institucional y la coherencia programática de los partidos políticos, respaldando la prohibición de esta práctica.

Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la sentencia C-334-de 2014, manifestó que el transfuguismo político es una forma de «deslealtad democrática», pues afecta gravemente los principios constitucionales que sustentan el sistema de partidos y movimientos políticos. Para la Corte, esta práctica vulnera la disciplina al interior de las organizaciones políticas y obstaculiza su fortalecimiento, lo cual es necesario para garantizar la democracia representativa y pluralista. Además, se ha señalado que el transfuguismo constituye un fraude a la voluntad del elector, ya que los representantes que cambian de afiliación partidaria pueden actuar en función de intereses personales en lugar de cumplir con los programas e ideales del partido que los llevó al cargo.

Por otra parte, la sentencia SU-209 de 2021 de la Corte Constitucional abordó el tema del transfuguismo y la doble militancia en el contexto de la democracia participativa. En este fallo, se reiteró la importancia de prohibir estas prácticas para garantizar la integridad del sistema político y preservar la coherencia ideológica de los partidos. Se destaca que las prohibiciones de doble militancia y transfuguismo político tienen como objetivo proteger la voluntad popular expresada en las elecciones y evitar que los representantes actúen en función de intereses personales en detrimento de los programas y principios de sus partidos. En resumen, la sentencia reafirma la necesidad de prohibir estas prácticas para fortalecer la democracia participativa, la militancia política y garantizar la coherencia ideológica en el ejercicio del poder político.

Por lo tanto, en materia legislativa y de control de constitucionalidad, se ha reconocido que aumentar el estándar de responsabilidad de las organizaciones políticas es uno de los caminos para garantizar el adecuado funcionamiento de la democracia representativa y en cambio, se han rechazado aquellos intentos por debilitar el sistema de partidos a través de figuras como la doble militancia y el transfuguismo.

2. El proyecto de Acto Legislativo no soluciona los problemas estructurales del sistema de partidos políticos.

Es importante resaltar que el proyecto 349 de 2024 radicado no soluciona problemas estructurales de la democracia en Colombia que persisten y se han agudizado, entre otras, por la falta de regulación de las coaliciones y el notable incremento en el número de partidos. En su lugar, debilita la representación política, profundiza el personalismo y defrauda la voluntad de los electores, que en el último ciclo electoral (2022 y 2023) eligieron a sus representantes a partir de un proyecto político específico.

A nivel institucional, estos problemas han sido reconocidos y abordados por las decisiones judiciales recientes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que han respondido a la dificultad de aplicar las reglas de doble militancia en un contexto en el que las coaliciones han difuminado las líneas de la filiación partidista y el desarrollo de campañas electorales.

En efecto, la declaratoria de la nulidad de la elección de algunos Senadores refleja la necesidad de aclarar de manera inequívoca desde el nivel legal o constitucional si la titularidad de las curules de corporaciones públicas pertenece a las organizaciones políticas o las personas electas. También el Consejo de Estado ha dado cuenta de las dificultades para armonizar las normas sobre doble militancia con la figura de las coaliciones y la de precandidaturas en consultas interpartidistas. Una regulación por parte del Congreso en este sentido, ofrecería mayor claridad para candidaturas y representantes en corporaciones públicas..

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha decretado la nulidad de la personería jurídica de tres organizaciones políticas que habían sido reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (Todos somos Colombia, Creemos y Fuerza Ciudadana). Los criterios utilizados por la Autoridad Electoral y que llevaron al incremento en el número de partidos políticos con personería jurídica, cuyo crecimiento desde las elecciones de 2022 fue del 76% al pasar de 21 a 37, reflejan las tensiones que existen dentro de la institucionalidad para conciliar la necesidad de mayor apertura democrática y los requisitos que establece nuestro marco constitucional. Para lograr aliviar estas tensiones, es necesaria una reforma más amplia y significativa que reconozca y aborde los problemas estructurales del sistema de partidos, como los mecanismos para la adquisición de derechos por parte de las organizaciones políticas, la adopción de mecanismos de democracia interna, las fusiones, escisiones y la corrección de las distorsiones y problemas de interpretación que introdujo la figura de las coaliciones.

3. El transfuguismo únicamente ha sido avalado en momentos de transición en los que se han aprobado reformas estructurales al sistema de partidos políticos.

En reformas anteriores, como la del Acto Legislativo 01 de 2009, se incluyó un texto casi idéntico, como un mecanismo para darle viabilidad política y garantizar a los congresistas la oportunidad de cambiar de organización política en el contexto de un cambio normativo significativo.

De acuerdo a lo anterior, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-303 de 2010 estudió la figura transitoria del transfuguismo incorporada en el Acto Legislativo 01 de 2009. En ese momento, la Corte reiteró los reproches a esta figura por sus afectaciones al sistema democrático. Sin embargo, la permitió porque a través de ella se facilitó la transición hacia un régimen constitucional más estricto con la disciplina de partidos y la responsabilidad política, pero sobre todo porque esta se insertó, y era apenas un componente, de una “reforma política de amplio espectro, que estableció distintas reglas constitucionales unívocamente dirigidas a fortalecer la democracia participativa”. Además, reiteró que toda conducta que estuviera por fuera del plazo incorporada en la transición debía ser rechazada por constituirse en transfuguismo político y por lo tanto se le aplicarían todas las sanciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Finalmente, en ese momento la Corte recordó que que para identificar si el Congreso excedió su facultad de reforma al incluir una norma que avalaba el transfuguismo, era necesario revisar si esta obedecía a un “ritual para simular una enmienda cuando en realidad lo que se está adoptando es una decisión política particular y concreta, con unos destinatarios específicos”. Es decir cuando no se realiza una reforma que logre cambios significativos sino que en su lugar se adecua la Constitución para favorecer intereses personales en detrimento de los pilares de la Constitución. En ese momento, la Corte señaló que la reforma no obedecía a intereses personales debido que esta incluía distintas adiciones y modificaciones a la Carta Política, todas ellas dirigidas al fortalecimiento del sistema electoral y de partidos.

Sin embargo, contrario a lo que sucedió en ese momento, la MOE ve con preocupación que el Acto Legislativo abre la puerta al transfuguismo sin que se realice ningún tipo de reforma estructural, fortaleciendo la idea de la representación política a través de personas y no de organizaciones. Además, pareciera que se utiliza la figura rechazada por la Corte “un ritual para simular una enmienda” que obedece a intereses personales. Es decir, a través de esta reforma se incorpora una medida que con enormes impactos negativos en el sistema político, sin siquiera buscar atender algunos de los múltiples retos significativos que se han evidenciado en los últimos años.

Es por eso que la MOE reitera la solicitud a esta Comisión Primera para que archive esta iniciativa y en su lugar avance hacia una discusión amplia sobre el funcionamiento del sistema de partidos en Colombia, que abra la oportunidad para el fortalecimiento de nuestro sistema de representación, a fin de abonar a la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

¿Cuál es el procedimiento para convocarla?

1. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
2. Para la aprobación de la Ley se requiere del apoyo de la mayoría de los integrantes del Senado y la Cámara.
3. En la Ley que apruebe el Congreso de la República se deben especificar los siguientes temas:

A. La convocatoria de la Asamblea Constituyente.

B. El número de integrantes de la Asamblea Constituyente

C. El sistema de elección.

D. Los temas de la Asamblea Constituyente.

E. La fecha de su iniciación y su período.

4. Una vez aprobada la Ley deberá pasar a sanción presidencial.

5. El Presidente de la República remitirá para su revisión a la Corte Constitucional.

• Si la Corte Constitucional aprueba la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, esta deberá realizarse entre los 2 a 6 meses siguientes. El tarjetón electoral deberá contener: 
• Opciones de voto ‘Sí’ y ‘No’ a la convocatoria, pregunta que deberá ser lo suficientemente clara.
• Listado de los temas que se tratarán en la Asamblea.

6. La convocatoria de la Asamblea Constituyente será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente. Teniendo en cuenta el censo actual se necesitarían al menos 12.988.505 votos por el Sí.

7. Luego de aprobarse la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y los temas de su competencia, dentro de los 2 a 6 meses siguientes se llamará a la elección de sus integrantes.

8. Una vez conformada la Asamblea se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado.

9. La Asamblea deliberará y aprobará durante el período por el cual fue convocada los temas de su competencia. Es posible que la Asamblea decida convocar a la ciudadanía para que apruebe el nuevo texto o reformas constitucionales a través de un referendo.

#EnResúmen – Encuentra en estas imágenes todo lo que debes saber sobre el procedimiento para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente