Su asesinato golpeó a su familia, amigos y a su partido. Pero también transformó el rumbo de la campaña presidencial de 2026. CAMBIO conversó con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre el doloroso episodio que vive el país y los retos que ahora tienen el Gobierno y los partidos, quienes deben comprometerse con garantizar la seguridad de las elecciones y bajar el tono de los discursos políticos.

CAMBIO: El asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay es una muestra de que la violencia política no ha desaparecido y, al mismo tiempo, nos devuelve 30 años atrás.

Alejandra Barrios: Desde la MOE hacemos extensivos nuestros más profundos sentimientos de pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, así como a los militantes y simpatizantes del Centro Democrático. Es un episodio que no debería ocurrir en una democracia y cambia completamente la dinámica electoral. Nos pone unas exigencias muy fuertes en términos de reestructurar estrategias y métodos de análisis para hacer de los procesos electorales escenarios seguros. 

CAMBIO: A propósito de las dinámicas que cambian y de violencia política en el país, ¿cómo está la situación en términos de cifras en las distintas regiones?

A.B.: Nuestras cifras muestran que, desde principios de este 2025 y hasta el 8 de julio, tenemos 208 hechos de violencia en contra de liderazgos políticos, sociales y comunales. Con una particularidad: hay una concentración de más del 50 por ciento en los liderazgos políticos. 

Esto es relevante porque antes la violencia contra liderazgos políticos solo se concentraba en periodos electorales. Después de la firma del Acuerdo de Paz, los hechos eran en contra de liderazgos sociales, y después de la pandemia se incrementó la violencia contra los liderazgos comunales. Todo, al mismo tiempo que aumentó el número de actores armados en el territorio. A partir de 2021 empezamos a ver un cambio de tendencia, que se mantiene en 2022 y muestra un incremento en la violencia contra aquellos que ejercen cargos públicos, fueron candidatos o tienen cargos de representación popular. 

• Con Miguel Uribe, Colombia vuelve a llorar la muerte de un candidato presidencial: ¿hasta cuándo?

CAMBIO: Usted menciona que el panorama cambió un poco luego de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Cuál fue esa diferencia en términos de cifras? 

A.B.: Los datos no son comparables. Indiscutiblemente, antes del proceso de paz teníamos un número muy alto de acciones armadas. Además, teníamos unas zonas del país con una amplia presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), principalmente en el suroccidente del país. Ellos tenían control político, territorial, declaraban paros armados en la semana de elecciones y convertían en objetivo militar a aquellos que se movilizaban para votar. Ese era el mundo de Colombia antes del proceso de paz. 

Después de 2016 tuvimos un proceso tranquilo. Quienes le hacíamos seguimiento a las elecciones en ese momento señalamos que fue el proceso más tranquilo que había tenido el país en los últimos años. Pero eso nos duró muy poco.

CAMBIO: ¿Por qué? 

A.B.: En el siguiente periodo electoral se incrementaron las acciones armadas. Solo por poner un ejemplo, en 2021 el 41 por ciento de los hechos estaban dirigidos a liderazgos políticos. Ese sería el equivalente a este año, que es justo antes de las elecciones. En este 2025 tenemos un 51 por ciento de hechos violentos concentrados en liderazgos políticos. Entonces, tenemos un incremento sostenido, que se ha manifestado en los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bolívar. 

CAMBIO: ¿Cómo era el escenario de violencia cuando la oposición era la izquierda y cómo ha sido ahora que es la derecha?  

A.B.: Antes teníamos una violencia mucho más marcada y dirigida a las organizaciones políticas de izquierda en varios municipios, pero principalmente en los departamentos de la costa Caribe, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. Había una narrativa oficial que asociaba la violencia política con el conflicto armado, con la presencia de la guerrilla y había una alta concentración de las agresiones a los líderes de la oposición.

Hoy no tenemos evidencias que señalen que frente a una organización política o postura ideológica en particular se están presentando los atentados, las amenazas y los hechos de violencia. Pero tenemos un fenómeno que está llamando la atención: cerca del 20 por ciento de los hechos de violencia política de este 2025 se concentran en partidos de centro-derecha y derecha. Con una concentración en el suroccidente del país, así como en Arauca, Catatumbo y algunas zonas del Chocó. Sin embargo, en otras zonas del país la violencia se dirige más hacia líderes de izquierda, particularmente en la costa Caribe, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. 

CAMBIO: Entonces hay un cambio en el mapa de violencia política… 

A.B.: Hay un cambio. Pero estamos en un momento de tránsito y no podemos decir que así será el mapa de violencia política o que hay una caracterización específica para eliminar a una organización, como pasó en la década de los 80 con la Unión Patriótica (UP). Hoy es más microterritorializado y de acuerdo a los grupos armados que están en los territorios. 

CAMBIO: Decíamos antes que el asesinato del senador golpea a una familia, a un sector y cambia la dinámica de la campaña. ¿Qué retos tendrá ahora el Gobierno y los partidos para garantizar que este tipo de episodios no se repitan? 

A.B.: Hay un antes y un después, e implica una modificación clara de las estrategias y las acciones que se venían implementando para proteger a los precandidatos. Hace 30 años no se presentaba un magnicidio y hay que revisar lo que se hacía en ese momento, cuando el ejercicio de proselitismo electoral se trasladó a la radio, la prensa y la televisión. No se hacía en la calle, porque era la forma de garantizar la vida. Luego hubo un cambio y se permitió algo muy importante para un Estado democrático, que fue llevar la política a la calle. 

Hoy todo eso cambió y lo primero que debe hacer la Fiscalía es avanzar en la identificación de los autores intelectuales, porque es necesario entender qué se buscaba. Con esas claridades, se podrá ser mucho más asertivo en las estrategias que se deben implementar para brindar garantías a las más de 70 personas que han anunciado su intención de aspirar a la presidencia. 

CAMBIO: Pero a grandes rasgos, es claro que se debe aumentar la seguridad de algunos candidatos…

A.B.: Pero no se pueden hacer estrategias para todo el país y para todos los candidatos y partidos políticos de igual manera. No es lo mismo la seguridad que necesita un candidato o una candidata del Centro Democrático si piensa ir a Arauca o el Valle del Cauca. Pasa lo mismo con los candidatos del Polo Democrático o del Pacto Histórico. Dependiendo de la región, el grupo armado ilegal y el tipo de actividad proselitista, se deben hacer estrategias particulares. 

• Miguel Uribe Turbay (1986-2025): el precandidato presidencial que fue asesinado en campaña

CAMBIO: Otra de las cosas que cambia en esta campaña será el discurso. ¿En qué sentido estará dirigido? 

A.B.: Es muy grave lo que ha venido pasando en Colombia y es parte de la tendencia que hay en el mundo y que incluye discursos estigmatizantes y de negación del contrario político. 

En las clases de marketing político se habla de marcar la diferencia, polarizar, pertenecer a uno de los dos lados y mover emociones. Pero ese caldo de cultivo en un país como Colombia, en el que hay presencia de grupos armados ilegales, poco control frente a las armas, presencia del narcotráfico, termina saliéndose de control. El escenario político se vuelve peligroso para el ejercicio del debate y la representación política. 

Debemos hacer un alto en el camino. Principalmente, entre quienes toman decisiones, y el ejemplo viene desde el Ejecutivo. Pero también de los presidentes de los diferentes partidos políticos, de los analistas, de los medios de comunicación. De todos. Se debe intentar de no promover estigmatización, exclusión y negación del contrario político. Si eso no se logra, no van a funcionar las estrategias de seguridad, de los sistemas comunitarios, de las alertas tempranas y la protección diferencial. 

CAMBIO: ¿Cree que se podría mantener durante toda la campaña ese discurso de dos bandos, ‘los perseguidos políticos’ y ‘los perseguidores’? 

A.B.: La aspiración es lograr que ese rumbo se cambie y se genere un debate que sea inteligente, razonado y respetuoso. Pero es lo que hemos visto estos días en las redes sociales y en algunos pronunciamientos. Es entendible que se haga desde el dolor de quienes tienen esas vocerías, pero hay quienes lo hacen desde el odio. Si no manejamos esos sentimientos, se nos puede desbordar completamente. Y los mayores afectados serían quienes están en el ejercicio de la política, de la representación pública y de los territorios. 

CAMBIO: También está el reto de lograr que temas como salud, seguridad en los territorios y la protección de los derechos humanos sigan siendo importantes.

A.B.: Hay una agenda que se ha dejado de lado. Pero creo que también tiene que ver con la coyuntura que nos descolocó a todos. Nadie esperaba un magnicidio de este tamaño, en Bogotá y contra un precandidato del Centro Democrático reconocido, apreciado por un espectro social y con capacidad de influencia.

Es razonable que en este momento todo esto que aflora en la piel pueda pasar. Pero es necesario que se pueda reconducir la discusión y la mejor manera de hacerlo es a través de las comisiones nacionales de seguimiento electoral. Es muy importante que los 13 partidos de la oposición regresen a las mesas de las comisiones y tener estabilidad en el Ministerio del Interior. 

CAMBIO: ¿Por qué? 

A.B.: Porque allí se hacen las estrategias diferenciadas por partido, candidato y territorio. Quiero dejar claro que la responsabilidad de la logística electoral está en cabeza de la Registraduría. Las garantías para los partidos está en cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero las garantías de seguridad las tiene el Ejecutivo.

Es decir, la Policía, las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP). Es fundamental tenerlo claro, porque aquí la responsabilidad no es solamente de otros. 

CAMBIO: ¿Qué llamado hacen desde la MOE para lograr una campaña más segura?

A.B.: Respirar profundo. La mejor manera de rendirle tributo a Miguel Uribe, pero también a esos 106 casos de violencia política este año, es lograr conversar, sentarse en la mesa de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y hacer la tarea de manera juiciosa, sistemática y creando las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. 

CAMBIO: ¿Y cuál es el mensaje para el Gobierno y sus funcionarios, para que desde allí se contribuya al diálogo? 

A.B.: Es importante que tengan en cuenta las tareas de cada uno. Si las elecciones salen mal, no es por responsabilidad de la Registraduría o el CNE. Si salen mal porque no hay garantías para la libertad en el ejercicio de la política, de la movilidad y libertad de expresión, eso es responsabilidad del Ejecutivo. 

Lea la entrevista en el sitio web de CAMBIO.

De las 106 agresiones, el 69,81 por ciento (74) fueron amenazas, el 16,04 por ciento (17) atentados, el 10,38 (11) por ciento asesinatos, el 2,83 (3) por ciento secuestros y el 0,94 por ciento (1) violencia contra la mujer en la política.

De acuerdo con el análisis del monitoreo de la veeduría, desde el 2022 la violencia contra los liderazgos políticos ha venido adquiriendo más peso respecto a las violencias contra liderazgos sociales y comunales. En 2021 la representaba el 40,87 por ciento del total (103 casos de agresiones), y en el 2025 representa el 50,96 por ciento (106). Además, mientras que en 2021 se registraron un total de 33 hechos letales (19 asesinatos y 14 atentados), el 2025, hasta el momento registró 28 hechos letales en contra de referentes políticos.

Y, aunque en el periodo analizado se registró una disminución del 24,82 por ciento en el número de victimas de violencia política respecto al mismo en 2024, se mantiene como el liderazgo más afectado.

Sobre el complejo panorama que representa el ejercicio político, Frey Muñoz, subdirector de la MOE, le dijo a EL TIEMPO que “cuando estos liderazgos son objeto de violencia, se evidencia un riesgo estructural que afecta el derecho de la ciudadanía a participar en política de manera libre y sin coacciones”.

En este año y hasta la fecha del reporte, en Bogotá se han presentado 11 amenazas y 1 atentado. En Huila hubo 9 amenazas y 1 atentado, frente las 5 amenazas, 1 atentado y 2 asesinatos que impactaron a Antioquia. Previo a las elecciones de 2022, es decir, hace cuatro años, Bogotá y Antioquia ocuparon de manera idéntica el primer y tercer puesto de riesgo. Este año Huila desplaza a Norte de Santander en el segundo lugar.

A estos departamentos los siguen César, Córdoba, Quindío y Valle del Cauca con 7 agresiones cada uno en 2025. Cauca aparece con 6, con el agravante de que es el departamento con mayor afectación por violencia contra liderazgos sociales y acciones de grupos armados ilegales.

De acuerdo con las cifras de la MOE, liderazgos políticos pertenecientes a coaliciones sufrieron la mayor cantidad de agresiones (18) seguido por integrantes del Centro Democrático (18), Partido Conservador (8), ASI (7), Partido Liberal (6), MAIS (5), Fuerza Ciudadana y La U (4), Cambio Radical y el Pacto Histórico (3).

Por otro lado, los más afectados han sido concejales en ejercicio (30), alcaldes en ejercicio (22), excandidatos (13), congresistas electos (8), funcionarios de administración (7) y funcionarios del Ministerio Público (5).

¿Qué dice la Registraduría y la Defensoría?

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, manifestó al término de un encuentro con comandantes de la Policía en la Escuela de Cadetes General Santander este martes, que es imperativo la articulación entre entidades para proteger la democracia. “Cuando las circunstancias del país atraviesan momentos penosos y tristes, debo decir que se hace necesario mantener el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la Registraduría para mantener la democracia intacta como siempre se ha mantenido en nuestra región. Y aquí se requiere trabajar de manera articulada y entender muy bien las realidades que ocurren en cada uno de los rincones de Colombia”, comentó Penagos.

La Defensoría del Pueblo emitió diez alertas tempranas por diferentes focos del conflicto, que podrían derivar —o ya han detonado— en crisis humanitarias. De este grupo, en cuatro la Defensoría advirtió sobre posibles riesgos electorales asociados al accionar criminal de los grupos armados.

En el caso de El Tambo y Patía, Cauca, por ejemplo, se advierte que la disputa territorial entre el frente Carlos Patiño, de las disidencias de ‘Mordisco’, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Eln podría incrementar las amenazas, la estigmatización, los homicidios, los desplazamientos forzados y la coacción, así como “el constreñimiento en los futuros comicios electorales”.

En la alerta sobre la situación de orden público en Chiriguaná (Cesar) y el sur de Bolívar —donde operan el ‘clan del Golfo’, disidencias de las Farc y el Eln—, el Ministerio Público, a menos de un año de las elecciones, advierte que “hechos violentos atraviesen el certamen electoral”.

En Chocó, por su parte, se mantuvo la calificación de “riesgo alto” en materia de violencia política. Y en la alerta del municipio de Roncesvalles, Tolima, donde también se disputan el control tres grupos armados, se señala que los ilegales han convocado a la población a reuniones en las que “les han hecho saber a las comunidades que se acerca la época electoral, que deben votar por los candidatos que ayudan al pueblo y que ellos les informarán por quiénes deben votar”.

En total, actualmente hay 397 municipios con alertas vigentes por presencia de grupos armados, de distinta naturaleza y magnitud. Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha recalcado que “no siempre ejercen un dominio total y no necesariamente la presencia de ilegales implica una alteración electoral, porque no todos están interesados en incidir en los comicios”.

Aun así, insiste, no se puede dar por hecho que las condiciones de seguridad estén garantizadas. “Sobre todo en las regiones, que es mi mayor preocupación para muchos procesos sociales y políticos, pero tampoco asumir lo contrario. Todas las instituciones debemos trabajar permanentemente, en todas las instancias que establece nuestro régimen democrático, para protegerla, respaldar la justicia y dar garantías no solo a partidos y movimientos políticos, sino también a los votantes”, aseveró.

No obstante, Marín no cree que hayan riesgo de suspender elecciones. “Confío en que va a haber elecciones el próximo año, lo que sí creo, y lo he dicho varias veces, es que la democracia colombiana hay que cuidarla día a día y hay unos riesgos relacionados con la violencia armada, no solo para las elecciones presidenciales, sino en las regiones, donde hay mucha afectación por presencia y dominio de los grupos armados. Eso sin duda va a afectar la libertad de las elecciones”.

Para el exministro de Justicia, Andrés González Díaz, es indispensable reforzar la seguridad y la justicia para enfrentar este flagelo. “Tenemos que lograr que el aparato judicial sea capaz de esclarecer crímenes como estos. Si no es posible están en riesgo todos los colombianos y, desde luego, líderes y lideresas”, indicó.

Aunque desde el Ejecutivo se comprometieron a brindar mayor protección, el episodio de Uribe Turbay, específicamente, tiene a los demás aspirantes bajo alerta de cara a sus movidas de campaña.

“Cuando tenemos un candidato presidencial asesinado, a Miguel muerto, no podemos decir que tenemos garantías plenas para hacer la campaña. El país está muy peligroso”, expuso la candidata Vicky Dávila.

Lea la nota en el portal de EL TIEMPO.

Durante una entrevista con La FM de RCN Radio, Barrios explicó que, tras cumplirse tres meses del proceso de inscripción de cédulas, el equipo técnico de la MOE ha identificado patrones atípicos en municipios como Puerto Gaitán, Acacías y Guamal, en el Meta; Ocaña, en Norte de Santander; y en algunas zonas del Vichada.

Lea la nota completa aquí.

La red que agrupa a organizaciones sociales, universitarias y de la sociedad civil advirtió que permanece sin posibilidad de ingresar a las plataformas de la Registraduría Nacional, en las que realizaba una consulta en tiempo real del proceso de inscripción en cada puesto de votación. Por eso, enfatizó que la falta de datos clave limita la capacidad de monitoreo independiente y la generación oportuna de alertas.

En su análisis sobre el proceso de inscripción de cédulas por cambio de residencia, la MOE destacó que la dependencia de requerimientos para acceder a información representa un retroceso con respecto a procesos electorales anteriores. En ese sentido, destacó que su labor ha sido fundamental para que las autoridades adopten medidas frente a graves riesgos identificados en los comicios.

Lea la nota completa aquí.

En los tres meses estudiados, se evidenció un incremento del 64% en el número de personas que inscribieron su documento de identidad, frente al mismo periodo de 2022.

De acuerdo con Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, se “ha detectado que un total de 55.524 personas han efectuado el proceso de inscripción de cédulas, esto equivale, para anular los cambios demográficos, a una tasa de inscripción de cédulas de 1,90 inscritos por cada mil habitantes”. 

Lea la nota completa aquí.

De acuerdo con un informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 8 de marzo y el 8 de junio, 50.858 personas inscribieron su cédula para votar por cambio de residencia dentro del territorio nacional y 4.666 adelantaron el mismo proceso en las sedes consulares de Colombia en el exterior, lo que quiere decir que en total de 55.524 personas se han inscrito.

Lea la nota completa aquí.

Lea la nota completa aquí.

Lea la nota completa aquí.

Lea la nota completa aquí.