1. Disposición de material pedagógico (artículo 3.A.1 y artículo 5.3)

Obligación: incluir medidas (a través de cartillas, instructivos y/o circulares) para que se proscriba cualquier conducta discriminatoria a las personas trans tales como miradas incomodas, preguntas impertinentes sobre la expresión identitaria, comentarios o expresiones denigrantes, así como sensibilización de las sanciones por impedir el ejercicio de las personas trans, en los procesos de capacitación a jurados de votación, delegados de la registraduría y demás funcionarios que hagan presencia en los puestos de votación.

Obligación: incluir el contenido del Protocolo en el Sistema Integral de Capacitación Electoral -SICE- o en cualquier otra estrategia de pedagogía que lo reemplace.

Responsable: RNEC

Recomendaciones

• Crear materiales específicos para personas trans, con información sobre sus garantías y rutas de denuncia.
• Integralidad y cohesión de la información socializada a los actores electorales.
• Publicar materiales informativos oportunamente.
• Ampliar la difusión del Protocolo y del SICE.

2. Concertación de los contenidos de capacitaciones a actores electorales (artículo 3.A.2)

Obligación: concertar los contenidos para la capacitación con organizaciones que trabajen por los derechos de las personas trans y LGBTI.

Responsable: RNEC

Recomendaciones

• Garantizar la concertación con las organizaciones de la sociedad civil antes del diseño de contenidos de capacitación.
• Incluir voces y experiencias de personas trans en la formación.
• Asegurar una comprensión vivencial de las barreras que enfrentan.

3. Material pedagógico y capacitación a funcionarios de la Fuerza Pública (artículo 3.B.1)

Obligación: incluir los lineamientos del Protocolo en los contenidos de capacitación para el personal de la Fuerza Pública que hace presencia en los puestos de votación.

Responsable: Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional)

Recomendaciones

• Incluir formación presencial y contenidos con enfoque pedagógico.
• Sensibilizar en todos los niveles de la Fuerza Pública.

4. Promoción de la actualización de la residencia electoral(artículo 4, inciso 1)

Obligación: desarrollar procesos amplios de divulgación en los que se invite a las personas trans a realizar las actualizaciones sobre su lugar de residencia para ser incorporadas en el censo electoral.

Responsable: RNEC

Recomendaciones

• Retomar y fortalecer los protocolos de atención para inscripción de cédulas de personas trans
• Realizar campañas dirigidas específicamente a personas trans.
• Apoyar difusión en organizaciones sociales para llegar a losterritorios.

5. Actualización de bases de datos estatales con motivo de la corrección de documentos de identificación (artículo 4, inciso 2)

Obligación: remitir la información relacionada con la expedición de nuevos documentos de identificación por corrección de sexo y/o nombre, para que se integre a las diferentes bases de datos del Estado y las autoridades encargadas generen procedimientos para la remisión de la información.

Responsable: RNEC

Recomendaciones

• Evitar y subsanar inconsistencias entre los documentos de identificación, el ANI, las estaciones de biometría y el censo electoral.

6. Diseño y disposición de piezas informativas en los puestos de votación (artículo 3.A.3)

Obligación: diseñar piezas informativas y pedagógicas sobre las garantías para el derecho al voto de las personas trans, las cuales deben ser ubicadas en lugares visibles al ingreso de los puestos de votación. Estas piezas harán parte del material electoral.

Responsable: RNEC con apoyo del CNE.

Recomendaciones

• Mejorar el diseño, accesibilidad y visibilidad del material en puestos de votación para todos los actores electorales.
• Incluir rutas de denuncia y garantías para personas trans.

7. Adecuación de procedimientos para la recepción de quejas por posibles actos de discriminación

(artículo 3.C.1, artículo 2.8 y artículo 2.9)

Obligación: i) adecuar sus procedimientos para la recepción de quejas por posibles actos de discriminación; ii) explicar el procedimiento, tanto administrativo como judicial frente a la queja interpuesta; y, iii) disponer y dar a conocer los mecanismos para la recepción de quejas por posibles actos discriminatorios que se realicen durante la jornada electoral en el caso en que no se instalen mesas de justicia en los puestos de votación.

Responsable: autoridades que hacen presencia en la mesa de justicia o puestos de votación.

Recomendaciones

• Adecuar o establecer, así como socializar ampliamente los canales para responder a quejas por actos de discriminación.

8. Inclusión de medidas en el Plan Nacional de Garantías

(artículo 5.1 en relación con los artículos 2.9 y 2.10)

Obligación: incluir en el Plan Nacional de Garantías Electorales las medidas que de acuerdo con su competencia consideren necesarias para desarrollar lo establecido en el protocolo y de esta manera garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas trans.

Responsable: Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Recomendaciones y puntos de mejora

• Incorporar de forma explícita las medidas necesarias para cada proceso electoral y hacer seguimiento a su cumplimiento.

9. Determinación de un procedimiento para la recepción, sistematización y seguimiento de quejas por posibles actos de discriminación (artículo 2.10)

Obligación: determinar el procedimiento para la recepción, sistematización y seguimiento de las quejas remitidas por actos de discriminación durante la jornada electoral, con el fin de generar informes y promover estrategias para fomentar el derecho al voto en condiciones de igualdad.

Responsable: CNE

Recomendaciones

• Disponer de mecanismos alternativos de reporte de hechos de discriminación contra personas trans en los puestos de votación.
• Establecer un mecanismo o procedimiento con enfoque diferencialpara la recepción, sistematización y seguimiento de actos de discriminación contra personas trans en ejercicio de su derecho al voto – URIEL.

10. Difusión del Protocolo (artículo 5.2)

Obligación: difundir el contenido del Protocolo a través de los diferentes medios de comunicación, páginas web institucionales y redes sociales.

Responsable: autoridades estatales con competencia en el Protocolo.

Recomendaciones

• Coadyuvar en los procesos de difusión del Protocolo de voto trans a través de páginas web, redes sociales institucionales y otras campañas de información masiva.

11. Alianzas estratégicas (artículo 5.3)

Obligación: establecer alianzas estratégicas con organizaciones que trabajen por la defensa de los derechos de las personas trans con el propósito de lograr una mayor divulgación del contenido del Protocolo y velar por la implementación de las medidas que aquí se establecen.

Responsable: CNE a través de la Unidad Asesora de Prevención, Capacitación y Fortalecimiento Democrático.

Recomendaciones

• Avanzar en el establecimiento y fortalecimiento de alianzas para la implementación adecuada y efectiva de las acciones establecidas en el Protocolo de voto trans.

A medida que las personas LGBTIQ+ se hacen más visibles en la esfera pública, también se convierten en blanco de agresiones sistemáticas: desde discursos estigmatizantes y sabotajes simbólicos hasta amenazas, hostigamientos y atentados. Esta violencia se inserta en un contexto de discriminación estructural y de precariedad institucional para prevenir, registrar y sancionar estos hechos, lo que pone en riesgo la continuidad y expansión de liderazgos diversos, especialmente en épocas electorales.

Frente a este panorama, y una vez iniciado el calendario electoral de las Elecciones Nacionales de 2026 (Congreso y Presidencia de la República), este documente tiene un propósito doble. De un lado, la MOE busca contribuir a la comprensión y visibilización de la violencia política contra liderazgos LGBTIQ+ en Colombia. Para ello, se propone una caracterización detallada de sus distintas manifestaciones, construida a partir de fuentes institucionales, informes de organizaciones sociales e internacionales, así como de testimonios recogidos en grupos focales realizados con personas LGBTIQ+ que han participado en espacios políticos o electorales. Así, se ofrece una mirada crítica, sistemática y contextualizada sobre las formas que adopta esta violencia, visibilizando tanto sus expresiones más evidentes como aquellas más sutiles y normalizadas.

Por otro lado, el presente documento también tiene como objetivo proponer lineamientos que orienten la prevención, protección y garantía de los derechos políticoelectorales de liderazgos LGBTIQ+ en relación con la violencia política. Lo anterior,
considerando el actual reconocimiento de dicho fenómeno, las obligaciones y potencialidades de las entidades con competencia electoral, así como los instrumentos normativos que desde el ámbito de la política pública se han desarrollado o se encuentran en proceso, atinentes al goce efectivo del derecho a la participación y los derechos de las personas LGBTIQ+.

De este modo, el documento se estructura en cuatro secciones. La primera examina las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, a la luz de los marcos normativos nacionales e interamericanos de derechos humanos. En la segunda, se presenta una caracterización de la violencia política contra personas LGBTIQ+ en Colombia, a partir de sus principales manifestaciones. La tercera parte propone una serie de elementos y directrices mínimas para la prevención, atención y protección frente a esta violencia.

Finalmente, se exponen unas conclusiones generales que recogen los hallazgos centrales del análisis. Con este documento, la MOE reafirma su compromiso con una democracia plural, segura y genuinamente incluyente, en la que todas las personas —sin distinción de orientación sexual, identidad o expresión de género— puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad, dignidad y libertad.

En los últimos años, el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha supuesto una revolución no sólo para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino también en la forma en que los procesos y debates democráticos tienen lugar. Si bien aún existen desafíos para cerrar la brecha digital en países como Colombia, la masificación del internet y el uso cotidiano de las redes sociales, han facilitado la incursión en el escenario político electoral de sectores de la población que históricamente han enfrentado obstáculos para participar y verse representados en el poder político. No sólo sus demandas de derechos, y sus estrategias de presión y movilización social se han visto beneficiadas del dinamismo, inmediatez, viralidad y bajo costo de plataformas digitales, sino que sus proyectos y agendas políticas han podido, en mayor o menor medida, posicionarse en la discusión pública.

Sin embargo, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones han aumentado y fortalecido los procesos de posicionamiento político y exposición pública de estos grupos poblacionales, también han facilitado los ataques en su contra. Estos, pueden tomar diferentes formas que van desde el acoso moral y sexual en línea, el doxing, la desinformación, hasta la difusión de expresiones o narrativas discriminatorias que promueven el odio y la violencia. Dichos mensajes que se construyen generalmente a partir de prejuicios y sesgos culturales han demostrado ser efectivos en el debate público y en el contexto electoral, donde el espacio digital tiene un especial protagonismo. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta sobre experiencias de campaña y violencia política de las candidaturas a las Elecciones Territoriales de 2023[1], el 93.5% de las candidaturas utilizaron las redes sociales (WhatsApp, Facebook, X, Instagram TikTok), para hacer proselitismo político. En contraste, sólo el 58% de las candidaturas encuestadas reportó hacer campañas en medios de comunicación tradicionales como periódicos, radio o televisión.

Los mensajes que promueven la discriminación, el odio y la violencia a través de internet han sido utilizados y capitalizados por liderazgos, organizaciones políticas, candidaturas, ciudadanías y otros actores electorales con el fin de impulsar y legitimar ideas y proyectos basados en el silencio y la exclusión política. Así, en un contexto de aumento e intensificación de la emisión y el uso de este tipo de mensajes durante los últimos procesos electorales, la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso a implementar normativamente las recomendaciones de organismos internacionales dirigidas a combatir la violencia digital de género, y a las organizaciones políticas a crear mecanismos internos que atiendan estas violencias. Sin embargo, esto no se ha traducido en el diseño y puesta en marcha de estrategias o en la aprobación de normas que de manera integral aborden este fenómeno.

Un ejemplo de ello es el Proyecto de Ley No. 241/2022S – 366/2024C Por medio del cual se adoptan medidas de prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital y se dictan otras disposiciones. Dicha iniciativa no pudo surtir su trámite y fue archivada como resultado de la oposición de organizaciones de la sociedad civil que consideraban que el proyecto agravaba la situación de las víctimas al no ofrecer una ruta clara de atención, limitaba la libertad de expresión beneficiando a personas funcionarias públicas, imponía barreras innecesarias para el acceso a la justicia, entre otras situaciones[2]. Es importante señalar que, como resultado de mesas de trabajo adelantadas entre congresistas y dichas organizaciones, el 24 de septiembre de 2024 se radicó el Proyecto de Ley No. 247/2024S Por medio de la cual se adoptan medidas de sensibilización, prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital y se dictan otras disposiciones – Ley de protección integral de violencia de género digital. No obstante, al cierre de este informe dicha iniciativa no se ha discutido en primer debate; solo se encuentra publicada ponencia positiva[3].

La falta de acción respecto a los discursos en línea que promueven la discriminación, el odio y la violencia en el desarrollo de procesos democráticos no sólo obedece a una omisión estatal, sino que también se explica al menos, por dos factores adicionales. En primer lugar, existen desafíos conceptuales en el derecho internacional de los derechos humanos para abordar y diferenciar categorías como los discursos de odio –que no están definidos en el derecho convencional-de otras manifestaciones amparadas en la libertad de expresión, particularmente aquellas en conflicto con otros derechos como la igualdad y la no discriminación. En segundo lugar, se ha privilegiado el uso de mecanismos penales para enfrentar este fenómeno, los cuales, como lo han señalado algunos informes de organismos internacionales de derechos humanos, pueden dar paso a la censura previa y a otras restricciones ilegitimas a la libertad de expresión[4]. Además, este tipo de estrategias pueden resultar poco efectivas e incluso hasta contraproducentes, en tanto un uso arbitrario del derecho penal puede aumentar la conflictividad social y los mensajes de discriminación y exclusión.

En este contexto, la Misión de Observación Electoral – MOE y el Observatorio de Discriminación Racial – ODR ponen a consideración el presente documento de análisis. A partir de la construcción de una categoría de análisis discursos ofensivos basados en el género, la orientación sexual, la identidad de género y la pertenencia étnico racial-, en este documento se identifican y caracterizan las expresiones peyorativas o discriminatorias que, con fundamento en el género, la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa, y la pertenencia étnico racial, fueron emitidas a través de la red social X (antes Twitter) en contra de personas servidoras públicas y personas candidatas durante las Elecciones Locales de 2023. De esta manera, la MOE y el ODR buscan aportar elementos que permitan avanzar en la discusión del abordaje estatal de este tipo de fenómenos de manera que se puedan adoptar y ejecutar medidas adecuadas, efectivas y oportunas en relación con las Elecciones Nacionales de 2026 (Congreso y Presidencia de la República) y Elecciones Locales de 2027.

El documento está dividido en seis partes. En los primeros tres apartados se retoman brevemente algunas consideraciones y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto a la libertad de expresión, democracia, igualdad y no discriminación, discursos de odio y otros discursos ofensivos. Posteriormente, se plantea la metodología del estudio, delimitando para ello una categoría y unos parámetros de análisis en relación con los trinos o mensajes publicados en X. En quinto lugar, se presentan los principales hallazgos de la identificación y caracterización de los discursos ofensivos que fueron emitidos en contra de personas servidoras públicas y candidatas entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2023 (periodo de campaña de las elecciones a autoridades locales de 2023). Estos hallazgos están ordenados en relación con los grupos poblacionales contra los que generalmente se difundieron los discursos ofensivos. A partir de lo anterior, se plantean algunas conclusiones generales del análisis, se retoman las recomendaciones que en el derecho internacional se han impulsado para hacer frente a fenómenos como el abordado y que son relevantes para el contexto colombiano, subrayando dos ventanas de oportunidad para su implementación de cara al próximo ciclo de elecciones de alcance nacional (Elecciones de 2026 y 2027).

[1] Botero, F., Duque-Salazar, J.D., Rubiano, D., Salazar-Escalante, L., Sepúlveda, D., Vela M. (2024) Encuesta sobre experiencias de campaña a candidaturas de las elecciones locales 2023. Misión de Observación Electoral – MOE. Disponible en: https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2024/11/ENCUESTAS-DE-CAMPANA-Y-VIOLENCIA-POLITICA-DE-LAS-CANDIDATURASA-2023.-2.pdf.

[2] La posición de las organizaciones de la sociedad civil sobre este proyecto de ley puede consultarse en el comunicado de prensa disponible en: https://web.karisma.org.co/proyecto-de-ley-ofrece-nuevas-formas-de-censura-impuestas-por-funcionarios-publicos-mientras-desprotege-a-victimas-de-violencia-de-genero.

[3] La ponencia puede ser consultada en la Gaceta 2199 de 2024 del Congreso de la República. La información relacionada con las iniciativas legislativas mencionadas puede ser consultada en https://lupalegislativa.notion.site/.

[4] Ver, por ejemplo: Naciones Unidas. Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan: Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. UN Doc. A/76/258, 30 de julio de 2021, párr. 68. Disponible en: https://docs.un.org/es/A/76/258  y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2024). Inclusión digital y gobernanza de contenidos en internet. Organización de los Estados Americanos (OEA), párr. 196. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/Inclusion_digital_esp.pdf.

Apéndice

A pesar de los avances conseguidos por los liderazgos y movimientos sociales, no se ha logrado garantizar un goce efectivo de los derechos políticos de toda la ciudadanía. Todavía existen barreras que limitan el pleno ejercicio de estos derechos para las personas que hacen parte de sectores históricamente discriminados. Este es el caso de las personas trans en Colombia, quienes enfrentan una discriminación estructural que les impide ejercer plenamente no sólo sus derechos políticos, sino otros esenciales como la vida, la dignidad, la seguridad e integridad personal.

A pesar de ello, cuando se habla de los espacios de participación y representación política, los avances parecen ser mucho más contundentes y uniformes. En los últimos años, se han presentado avances como la expedición por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la Resolución 3480 de 2020 (Protocolo de voto trans), la creación dentro del Congreso de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Política Pública LGBTIQ+ y Diversidades, la promoción de la participación de las personas LGBTIQ+ al interior de las organizaciones políticas, mejor conocida como la Comisión por la y un aumento sostenido, tanto en las candidaturas, como de las personas electas en cada comicio nacional celebrado hasta la fecha.

En todo caso, aún son muchos los desafíos que se presentan para que las personas LGBTIQ+ puedan superar la exclusión, violencia y discriminación histórica de la que han sido víctimas. Como lo ha señalado Caribe Afirmativo, siguen siendo preocupantes los elevados índices de violencia contra las personas LGBTIQ+, que se reflejan, por ejemplo, en el aumento en 2023 del 7,59% de los homicidios o feminicidios, en comparación con 20224.

Esto es importante, porque el contexto de violencia tiene un impacto adverso en la participación política y electoral de las personas LGBTIQ+, ya que limita la oportunidad de que sus voces e intereses sean escuchados, representados e influyan en el ejercicio del poder público y la toma de decisiones. Además, existen otras barreras como restricciones a la identidad de género de candidaturas trans, el uso proselitista de discursos ofensivos y narrativas basadas en el miedo y la desinformación, así como dificultades en la financiación de las campañas políticas, entre otras. Con el fin de tener un panorama más claro de esta situación, el presente informe, elaborado por Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral (MOE), analiza los avances y desafíos de la participación político electoral de las personas LGBTIQ+ a propósito de las Elecciones Locales de 2023.

Es necesario señalar que el principal obstáculo para la elaboración de este informe fue la falta de información y estadísticas oficiales sobre la participación política de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Por lo anterior, se tomaron, como referencia, los datos recopilados a través de la estrategia Voto por la Igualdad, que es coordinada por Caribe Afirmativo y Victory Institute.

“(…) Ser una persona trans y querer ejercer su derecho al voto significa prepararte para recibir burlas, criticas, miradas, juicios sobre un documento que no te representa y que piensen que es un documento falso, recibir abusos de autoridad y que todos estos hechos queden en la total impunidad (…)

La materialización de este Protocolo es un mensaje muy claro y contundente que ninguna persona se esté quedando atrás, incluso una población tan segregada históricamente como ha sido la población trans (…)”
Palabras de Laura Weinstein (Q.E.P.D) durante el evento virtual de lanzamiento del Protocolo Voto Trans, 01 de diciembre 2020.

Una democracia se fortalece y consolida cuando todas las personas tienen las mismas garantías para poder participar e incidir en las decisiones públicas. Sin embargo, pese a los avances conseguidos por los liderazgos sociales, en la práctica, ni la normas ni las instituciones han logrado responder por completo a la desigualdad, que limita y muchas veces niega el ejercicio de los derechos políticos y electorales de sectores sociales que históricamente han sido discriminados y marginalizados, como es el caso de las personas trans. Ello se evidencia incluso durante las elecciones, que son un momento esencial de la democracia en las que persisten actos discriminatorios y violentos, que basados en la identidad y expresión de género de las personas trans, obstaculizan su derecho al voto.

En dicho contexto es que, a finales de 2020, el Consejo Nacional Electoral (en adelante el CNE) aprobó un protocolo que incluye diversas medidas que tienen como propósito eliminar todo tipo de barrera, expresión o comportamiento discriminatorio practicado por particulares y autoridades estatales que impida u obstaculice a las personas trans ejercer su derecho al voto, en particular, cuando no exista una correspondencia entre su identidad y/o expresión de género y la información que aparece en los documentos de identificación (nombre, sexo, foto); e incluso, para evitar que al ejercer este derecho se les someta a la ridiculización, preguntas invasivas, expresiones denigrantes o a la aplicación de procedimientos adicionales para confirmar su identidad.

Esta acción afirmativa se constituyó como un hecho histórico en la ampliación de la democracia y el fortalecimiento del pluralismo por al menos tres razones. La primera, porque el CNE recogió y adoptó de manera integral la propuesta elaborada y presentada por el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (en adelante GAAT), la Misión de Observación Electoral (en adelante MOE) y Caribe Afirmativo (en adelante CA), misma que además contó con el apoyo de activistas independientes, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, embajadas de diferentes países con representación en Colombia y agencias de cooperación. En otras palabras, la adopción de este instrumento fue el resultado de una exigencia que surgió desde la ciudadanía.

Segundo, al aprobar este protocolo la autoridad electoral reconoció una problemática derivada de la ausencia de garantías para promover y proteger el derecho al voto de las personas trans, las cuales han sido históricamente relegadas del ejercicio político-electoral. Tercero, en ese mismo sentido las autoridades electorales y otras instituciones entendieron que tenían que asumir responsabilidades y acciones específicas para la implementación del protocolo, incluyendo la adecuación de procedimientos y la elaboración de materiales adicionales. Al respecto, reconocieron que estas debían estar acompañadas de organizaciones y personas beneficiarias de las mismas, que conocieran las problemáticas Una observación trans del voto trans: Informe sobre la primera implementación del Protocolo de Voto Trans en Colombia durante las elecciones de Congreso y Presidencia en 2022 4 específicas a atender, razón por la cual las tres organizaciones que promovieron la implementación del protocolo fueron invitadas para que presentaran recomendaciones y sugerencias. Así, el Protocolo se transformó en un instrumento para que las personas con experiencia de vida trans puedan hacer exigible su derecho al voto.

Una vez aprobado el Protocolo, el principal reto sería su implementación. Por esta razón, la Misión de Observación Electoral decidió que, adicional a la observación electoral que tradicionalmente realiza para cada uno de los procesos electorales, era necesario implementar un enfoque diferencial de identidad y expresión de género diversa, entendida como aquella a través de la cual se podría identificar si durante cada una de las etapas del proceso electoral y en especial en el día de las elecciones las personas trans sufrieron de obstáculos, actos de discriminación y violencia que limitaron su derecho al voto. Este enfoque de observación también permitiría presentar recomendaciones a las autoridades electorales y todas aquellas con competencia en la jornada electoral.

Para ello, se construyó una alianza de trabajo constante y colaborativo con el GAAT y CA, a partir de la cual se coordinó la labor de observación de la primera implementación del Protocolo de Voto Trans. Dicha alianza era esencial, porque para observar el voto de personas trans, es necesaria la intervención de los conocimientos, voces y experiencias de personas con experiencia de vida trans.

Dicho conocimiento de las organizaciones y personas trans no debe ser leído superficialmente, sino bajo la luz de la denominada justicia epistemológica (Colectivo Virus Epistemológico, 2020)1, que reivindica y devuelve el valor justo a las formas de producir conocimiento, y defiende la legitimidad sobre quiénes intervienen en esa producción.

El conocimiento trans en Colombia es constantemente desvalorado, invisibilizado o ridiculizado, incluso si este es un ingrediente ineludible para avanzar hacia una sociedad y una democracia realmente inclusiva. Desarrollar un informe sobre hallazgos en términos del ejercicio del derecho al voto de personas con experiencia de vida trans en una labor de observación y recolección de datos intermediada por personas con experiencia de vida trans, se vuelve una tarea inviable sin comprometerse con la justicia epistemológica.

En este informe se recogen los principales hallazgos de la observación electoral para las elecciones de Congreso de la República y Presidencia de la República durante la primera y segunda vuelta y se presentan una serie de recomendaciones para una mejor implementación del protocolo. Adicionalmente se incluyen las principales adecuaciones realizadas por esta organización para el desarrollo de la labor de observación, así como la metodología construida e implementada por esta organización con el apoyo del GAAT y CA.

Organizaciones de la sociedad civil, y organismos internacionales y nacionales de observación electoral han documentado el trato diferenciado y discriminatorio que viven las personas trans que, sumado a los discursos de odio, violencia por prejuicio,expresiones estigmatizantes y a la ausencia de garantías en el derecho al reconocimiento de la identidad de género, repercute en el pleno goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales, desincentivando y obstaculizando la manifestación genuina de la participación política y democrática de las personas trans.

El siguiente documento recoge el trabajo de Organizaciones Sociales, activistas independientes y universidades de toda la región, en materia de medidas para proteger y garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de la región:

Conoce el protocolo para promover medidas que garanticen en derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación (Resolución No. 3480 de 2020 Consejo Nacional Electoral -CNE)

Revive los momentos del lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los derechos políticos y electorales de las personas trans