Diego Rubiano, Coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, advirtió que “la violencia letal contra los liderazgos políticos presenta un comportamiento especialmente preocupante, al pasar de 50 casos en 2021 a 61 en 2025, lo que representa un incremento del 22 %”. Asimismo, alertó sobre una escalada en la gravedad de las agresiones, evidenciada en el aumento de los secuestros, que pasaron de un caso a 11 en el mismo periodo.

Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentraron la mayor cantidad de hechos violentos. En las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), más de la mitad de los casos correspondieron a violencia letal, lo que pone de manifiesto la alta vulnerabilidad de los liderazgos en territorios con limitada presencia institucional.

Bogotá, Cauca y Norte de Santander concentraron el 31,65 % de todas las agresiones, lo que los convierte en los territorios más afectados. Las zonas CITREP son los lugares donde ocurrieron más asesinatos, pues allí se reportaron el 63 % de estos crímenes.

Resumen Ejecutivo

Durante el año 2024 la Misión de Observación Electoral (MOE) registró un total de 492 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en Colombia. Aunque en términos generales este año presentó el menor número de registros desde que la MOE hace este monitoreo, los ataques letales, que incluyen asesinatos y atentados, ubicaron a 2024 como el tercer año más violento para este mismo periodo de tiempo. A pesar de la reducción en el número total de hechos de violencia, persiste una grave amenaza contra quienes ejercen roles de liderazgo en distintas comunidades del país.

En comparación con 2020 y 2023, la violencia contra los liderazgos disminuyó un 12,6% y un 34,2%, respectivamente. Sin embargo, los hechos letales solo mostraron una reducción del 7,6% frente a 2020 y del 9,2% respecto a 2023, lo que demuestra que la violencia persiste con altos niveles de letalidad. Las amenazas constituyeron el tipo de agresión más común, representando el 49,8% del total de los hechos, seguidas por los asesinatos y atentados, que en conjunto sumaron el 41,9% de los casos.

Los liderazgos políticos fueron los más afectados, con un total de 233 hechos de violencia. Este número representa un incremento del 37,1% en comparación con 2020, lo que refleja una preocupante tendencia de persecución contra quienes ejercen este rol. No obstante, al comparar con 2023, se observó una reducción del 54%, lo que sugiere que la violencia
contra liderazgos políticos es más alta en años electorales y disminuye parcialmente en los periodos siguientes. La mayoría de las agresiones contra estos liderazgos fueron amenazas, alcanzando el 60,9% de los registros. Es importante señalar que una gran proporción de estos hechos estuvo dirigida a personas que participaron en el proceso electoral de 2023.

Por su parte, los liderazgos sociales experimentaron una reducción del 54,6% en comparación con 2020 y del 14,5% respecto a 2023. A pesar de esta disminución, la violencia letal contra estos liderazgos aumentó un 8,3%. Cauca se mantiene como el departamento con la mayor cantidad de hechos letales en contra de los liderazgos sociales, una tendencia que ha persistido en los últimos años y que evidencia la dificultad para garantizar la seguridad en esta región.

Finalmente, los liderazgos comunales fueron víctimas de 112 hechos de violencia en 2024, lo que representó un aumento del 62,3% frente a 2020 y del 60% en comparación con 2023. En este caso, el 50,9% de las agresiones fueron letales, lo que convierte a este tipo de liderazgo en uno de los más vulnerables. Valle del Cauca fue el departamento con el mayor número de hechos registrados contra líderes comunales.

Sobre la distribución geográfica, los hechos de violencia se concentraron en 195 municipios pertenecientes a 28 departamentos. Los territorios más afectados fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Santander, los cuales acumularon el 51,8% de todas las agresiones registradas en 2024. En lo que respecta a violencia letal, Cauca registró 34
hechos, seguido de Valle del Cauca con 27 y Antioquia con 25. Estas cifras demuestran la persistencia del riesgo para los liderazgos en estas regiones, donde las dinámicas de conflicto armado y presencia de grupos ilegales mantienen una alta correlación.

En cuanto a las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), se documentaron 167 hechos de violencia en 67 municipios de 14 circunscripciones. De estos hechos, el 54,5% fueron ataques letales, lo que indica que estos municipios continúan siendo altamente vulnerables a la violencia contra liderazgos pues un tercio de la violencia registrada por la MOE ocurre en territorios CITREP. La mayor parte de las agresiones en estas zonas estuvieron dirigidas contra liderazgos sociales y comunales, reflejando los desafíos que enfrentan estas poblaciones en la implementación de medidas de seguridad efectivas.

El análisis también permite identificar una relación estrecha entre la violencia contra los liderazgos y la presencia de grupos armados ilegales. El 85,6% de los ataques contra líderes se llevó a cabo en municipios donde estos grupos tienen presencia activa. Cauca, Antioquia y Norte de Santander fueron los departamentos con mayores niveles de violencia letal vinculada a la presencia de estas organizaciones. La persistencia de la violencia en estos territorios pone en evidencia la necesidad de fortalecer articular las políticas de seguridad y protección, especialmente en aquellas zonas donde los grupos armados ilegales ejercen control territorial.

Por otro lado, la violencia contra liderazgos presenta características diferenciadas según el género y la pertenencia étnica de las víctimas. En 2024 se registraron 98 agresiones contra mujeres lideresas, de las cuales 13 fueron asesinatos y 9 fueron secuestros. A pesar de esta grave situación, la violencia letal contra las mujeres lideresas disminuyó un 48,6% en comparación con 2020.

En el caso de la comunidad LGTBIQ+, se documentaron 6 hechos violentos, de los cuales el 66,7% fueron letales, lo que evidencia una preocupante vulnerabilidad de estos liderazgos. Además, el 27,2% de los ataques estuvieron dirigidos a líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, con una alarmante tasa de letalidad del 72,5%. Este dato refleja la necesidad de adoptar enfoques diferenciales en las estrategias de protección, considerando factores como las particularidades territoriales y e ejercicio de liderazgo frente a su comunidad.

Además de la violencia dirigida contra liderazgos, la MOE registró un total de 2.494 hechos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales en 2024, lo que representa un aumento del 54,6% en comparación con 2023. Cauca y Antioquia fueron los departamentos más afectados, concentrando el mayor número de acciones armadas y amedrentamientos. La violencia por parte de estos grupos se ha incrementado de manera constante en los últimos años, afectando tanto a la población civil como a las estructuras de liderazgo comunitario y político.

El panorama actual refleja que, si bien ha habido una reducción en la cantidad total de hechos violentos, la persistencia de ataques letales y la focalización de la violencia en ciertos territorios y liderazgos sigue siendo un desafío crítico para la protección de quienes ejercen funciones de liderazgo en el país. La continuidad de la violencia posterior a los procesos electorales, la incidencia de los grupos armados ilegales y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población requieren respuestas coordinadas y efectivas. Es necesario fortalecer las estrategias de protección, garantizar una mayor articulación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, e impulsar medidas de prevención que permitan reducir la violencia selectiva en los distintos territorios del país, en este sentido, desde el trabajo de la Misión de Observación Electoral (MOE) se recomienda de manera general las siguientes actividades:

1. Fortalecer los mecanismos de protección colectiva, complementando la protección individual de la UNP con estrategias comunitarias.
2. Establecer desde la UNP acciones de intercambio de información con organizaciones de sociedad civil con el fin de iniciar de manera oficiosa los estudios de seguridad requeridos.
3. Garantizar que las autoridades locales asuman un rol activo, priorizando laprevención y articulación interinstitucional.
4. Adaptar medidas de protección al contexto de las comunidades, incluyendo sistemas de vigilancia, medios de comunicación y movilidad segura.
5. Involucrar a la sociedad civil en la formulación de estrategias de protección, permitiendo la detección temprana de riesgos.
6. Capacitar a líderes y funcionarios en derechos humanos y mecanismos de denuncia.
7. Reforzar el enfoque diferencial en las políticas de protección, considerando factores de género, identidad étnica, orientación sexual y características del territorio.

El periodo de análisis va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2024, tiempo que abarca la posesión e inicio de los gobiernos de autoridades locales electas el 29 de octubre de 2023, a cargos de gobernación, asamblea, alcaldía y concejo. En este sentido es preciso indicar que el primer semestre de 2024 ha atravesado varios procesos coyunturales en materia de paz. En particular, en este periodo iniciaron las conversaciones con la Segunda Marquetalia – SM, que dieron paso al acuerdo de cese unilateral al fuego declarado por esta estructura armada. Asimismo, se dio la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central – EMC en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido al ataque contra la población indígena en Cauca, donde la mayora Carmelina Yuli Pavi, guardia y lideresa del Pueblo Nasa de Toribio, Cauca, perdió la vida. De igual modo, la fragmentación del EMC entre los combatientes al mando de Iván Mordisco (Bloque Occidental y los Frentes del Cauca) y los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes. Derivado de la misma, los primeros decidieron retirarse de la mesa de diálogos, mientras los segundos siguen haciendo parte del proceso de Paz Total. De otra parte, con motivo del desarrollo del sexto ciclo de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, en el que se dio prórroga al cese al fuego, se logró la liberación de personas secuestradas. No obstante, meses después el ELN reactivó el secuestro con fines extorsivos, señalando que fue a causa del no avance de uno de los puntos de la mesa, relacionado con la creación de un fondo multidonante. Por último, el inicio de los diálogos con el Frente Comuneros del Sur, el cual, anunció su ruptura con el Comando Central del ELN.

Estos hechos permiten comprender en mayor medida los contextos de violencia que atraviesan tanto los líderes y lideresas, como las comunidades y los territorios afectados por el conflicto armado. Entre el 1 de enero al 30 de junio de 2024, la Misión de Observación Electoral – MOE registró 265 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, estos fueron, 139 amenazas, 77 asesinatos, 32 atentados, 13 secuestros, 2 desapariciones, y 2 hechos de violencia contra la mujer en política (VCMP). Estos se registraron en 131 municipios de 28 departamentos, siendo Antioquia (32 agresiones), Valle del Cauca (31 agresiones), Santander (29 agresiones), Norte de Santander (27 agresiones) y Cauca (24 agresiones) los departamentos en los que se realizaron más hechos de violencia contra líderes.

Los liderazgos más afectados fueron los políticos, con 136 agresiones, de las cuales, el 50,1% (69 agresiones) fueron contra de personas electas para ocupar a cargos en los concejos municipales (38 agresiones), alcaldías (28 agresiones), gobernaciones (2 agresiones) y asamblea (1 agresión). En algunos casos, estos líderes incluso fueron víctima de más de una agresión. Los líderes políticos que asumen cargos como mandatarios territoriales, requieren protección no solo en procesos de campaña, pues como se puede evidenciar, aun cuando ya son electos siguen siendo víctimas de intimidaciones y agresiones que afectan el desarrollo de su rol como representantes e impide el adecuado y libre ejercicio de sus funciones.

En este mismo sentido, los líderes sociales fueron víctimas de 81 hechos, posicionándose como el segundo grupo de liderazgos más afectado para este periodo de análisis. Esta dinámica de afectación, mantiene le patrón identificado desde el año 2022, en el que la violencia se ha concentrado de manera particular sobre los liderazgos políticos. Sin embargo, es preciso señalar que sobre las personas que ejercen roles de liderazgo social sigue recayendo con mayor fuerza la violencia, pues el 51,8% de los hechos registrados son hechos letales, es decir asesinatos (31 hechos) y atentados (11 hechos). Para el primer semestre de 2024, los líderes y lideresas indígenas son quienes fueron víctimas de la mayor cantidad de hechos, con 19 agresiones.

En cuanto a los liderazgos comunales, quienes a través de las Juntas de Acción Comunal – JAC buscan apoyar el desarrollo de sus comunidades, en el primer semestre de 2024, este tipo de liderazgo fue víctima de 48 agresiones. Estas incluyeron, especialmente para liderazgos ubicados en zonas urbanas, amenazas que les exigían abandonar sus cargos y el territorio, de lo contrario, sus vidas estarían en peligro. En cambio, para quienes ejercen este tipo de liderazgos en la ruralidad, el asesinato sigue representando la mayor cantidad de hechos. Este ejercicio pone en riesgo principalmente a los presidentes de estas organizaciones, quienes han sido los más afectados durante el primer semestre del año.

Las 265 agresiones contra líderes y lideresas, posicionan a este periodo de análisis como el tercer periodo con más hechos contra liderazgos desde 2016, con una ligera mejora respecto de los dos años anteriores. Así, la situación de violencia de este primer semestre solo es superada por los años 2022 (con 331 agresiones) y 2023 (con 286 agresiones), que estuvieron marcados por fechas del calendario electoral, tanto de elecciones locales como nacionales. No obstante, si se analizan únicamente los hechos letales (asesinatos y atentados), en los primeros 6 meses de 2024 se ha registrado el mayor número de este tipo de hechos desde 2016, con 77 asesinatos y 32 atentados. Por su parte, es el año de posesión de mandatarios del nivel territorial con más hechos registrados desde el año de la firma del acuerdo de paz con la Guerrilla de las FARC-EP.

Por otro lado, en cuanto a la violencia de GAI, en el primer semestre de 2024 se llevaron a cabo 1.210 hechos de violencia por parte de GAI, de los cuales, 951 fueron acciones armadas y 259 amedrentamientos, lo que vuelve al periodo analizado el más violento desde 2018. Las 1.210 acciones de GAI se realizaron en 277 municipios de 28 departamentos. En contra posición a lo que ocurre con los fenómenos de violencia contra liderazgos, que presenta una leve disminución, la violencia por parte de grupos armados ilegales presenta fuertes aumentos, en el marco de las negociaciones promovidas por la política de Paz Total.

El primer semestre de 2024, no solo ha sido el más violento desde 2018 sino que además, ha sido el semestre con mayor número de afectaciones en zona rural, ya que del total de hechos registrados en 2024, el 76,4% (925) se llevaron a cabo en zonas rurales. Esta cantidad equivale al 46,3% del total de acciones que ha registrado la MOE ocurridas en zonas rurales desde 2018 (1.997 acciones).

Este informe aborda exhaustivamente la problemática de la violencia contra los liderazgos en Colombia durante el año 2023 y el comienzo de 2024, destacando la persistencia de este fenómeno como una amenaza para la democracia y los derechos humanos en el país. Durante 2023, se observó un incremento del 35,7% en los hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en comparación con el año 2019, cuando también se llevaron a cabo elecciones locales. El total de incidentes registrados a lo largo del 2023 fue de 748, siendo la mayoría (67,6%) dirigidos contra liderazgos políticos.

La violencia en el 2023 coincide en gran medida con el contexto electoral, ya que el 88,5% de los hechos se presentaron durante el calendario electoral, donde los liderazgos políticos se convirtieron en el principal objetivo de los actos violentos. Se mantuvo la tendencia observada en procesos electorales previos de una concentración de las agresiones en los últimos meses de las elecciones, siendo los niveles de violencia casi tres veces más altos en los cuatro meses previos al día de la elección en comparación con los mismos meses en periodos no electorales.

En cuanto al comportamiento de la violencia por tipo de liderazgo, en el 2023, las afectaciones contra los liderazgos políticos incrementaron en un 69,8% en comparación con 2019. Igualmente, las agresiones contra liderazgos comunales aumentaron en un 40% respecto al mismo período. En contraste, la violencia contra los liderazgos sociales mostró una disminución del 15,3% en comparación con 2019.

Durante el año 2023, se registraron un total de 227 actos letales, incluyendo 140 asesinatos y 87 atentados, representando un incremento del 16,4% en comparación con 2019. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Huila y Bolívar se destacaron como epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos, concentrando el 46,4% del total de agresiones y el 53,7% de los hechos letales.

En cuanto a violencia por parte de grupos armados ilegales – GAI, en el año 2023 se registraron un total de 1.613 hechos violentos, de los cuales 1.134 fueron acciones armadas y 479 amedrentamientos. Existe una correlación entre el aumento de la violencia contra los liderazgos sociales, políticos y comunales y aquellos municipios que experimentaron un aumento en la presencia de diversos grupos armados ilegales en comparación con el año 2019. Sin embargo, en este informe se destaca que el aumento de la presencia de grupos armados ilegales (GAI), aunque si es un factor determinante, no explica completamente toda la violencia, especialmente aquella dirigida contra liderazgos políticos. Alrededor de una quinta parte de los hechos contra liderazgos políticos ocurren en lugares sin fuerte control social y políticos de los GAI.

Este informe también aborda los impactos de la violencia perpetrada por GAI en la participación electoral durante el año 2023, así como los efectos de los ceses al fuego con el ELN y el EMC. Se evidencia que los municipios afectados por actos violentos de GAI en los cuatro meses previos a las elecciones de 2023 experimentaron una disminución en la participación electoral, reduciéndose en aproximadamente 1.7 puntos porcentuales. Respecto a los ceses al fuego, los resultados indican efectos mínimos en la reducción de la violencia contra los liderazgos en Colombia.

Con respecto al mes de enero y febrero de 2024, se observa un inicio de año marcado por un aumento en los hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, con un total de 117 agresiones registradas, siendo el inicio de año con más agresiones desde 2016. Los datos revelan un enfoque particularmente hostil hacia los liderazgos políticos, con un incremento del 53,7% en los hechos de violencia contra ellos en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, se destaca un aumento de la violencia contra las personas participantes de las elecciones locales de 2023. Los datos indican que en las fechas después de las elecciones locales de 2023 (entre el 30 de octubre de 2023 y el 29 de febrero de 2024), se incrementó la violencia contra estas personas en un 232% en comparación con el mismo periodo en 2019 y 2020. En este contexto, es crucial que las instituciones estatales refuercen la vigilancia y protección de las personas recién electas y los participantes en las elecciones locales de 2023 para garantizar su seguridad y preservar la integridad democrática del país.

Las recomendaciones presentadas en este informe se centran en fortalecer la protección y prevención de la violencia contra liderazgos en Colombia. Se insta a las autoridades municipales y departamentales a integrar medidas específicas en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) para proteger a líderes y defensores de derechos humanos, así como a ser los primeros respondientes ante cualquier amenaza. Se enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la formulación y seguimiento de políticas públicas, así como la asignación de recursos económicos adecuados para garantizar su efectividad.

Asimismo, se destaca la necesidad de una articulación efectiva entre los PDT y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), asegurando la integración de estrategias para prevenir la violencia contra personas lideresas. Se subraya la importancia de adoptar enfoques diferenciales y de género en todas las políticas de prevención y protección, así como la necesidad de establecer rutas de protección claras y efectivas, tanto individuales como colectivas. En última instancia, se resalta la importancia de la capacitación del personal y la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas de diseño, implementación y evaluación de estas políticas para garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

En este informe con corte a 29 de septiembre de 2023, se analiza la violencia política ocurrida durante los primeros once meses del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos. Lo anterior, a través de la presentación de las cifras de los hechos de violencia de una manera generalizada y a través de enfoques diferenciales en términos territoriales, étnicos y de género.

En un primer momento se presenta un panorama general, según el cual, con corte a 29 de septiembre, durante los primeros once meses del calendario electoral se han registrado 653 hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales, siendo en su mayoría contra liderazgos políticos (436). Mientras la violencia contra liderazgos políticos incrementó en un 92% respecto a 2019, la violencia contra liderazgos sociales disminuyó en 15,6% en relación con el mismo periodo.

Por lo que hace a la violencia contra liderazgos políticos en este periodo preelectoral, es de destacarse que 176 acciones violentas han sido dirigidas a personas candidatas a las elecciones locales, 28 de las cuales corresponden a violencia letal, con 22 atentados y 6 asesinatos. Territorialmente, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Tolima concentran el 30,1% de estos hechos violentos y el 60,7% de la violencia letal contra candidaturas.

Seguidamente, se presenta un apartado del accionar y la presencia de los grupos armados ilegales – GAI. Concretamente, se han presentado 1.352 hechos violentos de los cuales 947 son acciones armadas y 405 amedrentamientos, lo que representa un aumento 127%, frente al 2019, sin embargo, se destaca que estos hechos violentos ya venían incrementando desde las elecciones pasadas de 2022, respecto de las cuales el aumento en la violencia es del 66%.

En este informe también se lleva a cabo un análisis de la relación entre presencia de grupos armados ilegales y la violencia contra liderazgos. Se encuentra que no necesariamente el incremento de la presencia de los grupos armados ilegales explica toda la violencia y en particular, la violencia contra liderazgos políticos y candidaturas. Incluso, casi una tercera parte de los hechos letales contra candidaturas (30%) no se dan en municipios con riesgos por presencia de grupos armados ilegales. También se encuentra que el cese al fuego con el ELN pudo tener un impacto positivo en bajar los niveles de incremento de violencia contra liderazgos en algunos municipios con presencia de este grupo.

Finalmente, en el último capítulo se señalan y reiteran una serie de recomendaciones de cara a las elecciones locales de 2023. Estas recomendaciones van dirigidas a la toma de decisiones oportunas en el tiempo que resta para afrontar el proceso de elección con el fin de garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que por medios democráticos buscan influir en las decisiones que afectan sus comunidades.

Entre ellas se hace énfasis en la delimitación por medio del Decreto de Orden Público para tener procedimientos claros en caso de afrontar el traslado de puestos de votación antes y durante la jornada de elección, en el hecho de fortalecer y mantener el canal de comunicación y un diálogo constante entre las autoridades, los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos para conocer situaciones extraordinarias que afecten las condiciones de seguridad de las candidaturas en lo que resta de campaña electoral; y la información sobre los ceses al fuego y negociaciones con grupos armados ilegales que pueden beneficiar las elecciones, así como todos aquellos hechos cometidos presuntamente por grupos armados que están atentando contra lo establecido en las mesas de negociación.

La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país constituye una amenaza a la democracia en la medida que limita la participación y representación de la población, es un medio para imponer o silenciar posturas, procesos y demandas, y afecta procesos democráticos dirigidos por líderes. Es bajo esta consideración que desde la Misión de Observación Electoral – MOE, se lleva a cabo un monitoreo permanente de la violencia política, a fin de identificar tendencias y patrones en el comportamiento de la violencia y emitir recomendaciones para hacer frente a la misma.

En este informe con corte a 29 de mayo de 2023, se analiza la violencia política ocurrida durante los primeros siete meses del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos. Lo anterior, a través de la presentación de las cifras de los hechos de violencia de una manera generalizada y a través de enfoques diferenciales en términos territoriales, étnicos y de género.

Así fue posible evidenciar que, desde que la MOE inició el seguimiento de la violencia para los comicios locales de este año, el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país. Situación que, siguiendo las tendencias observadas en procesos electorales anteriores, podría agravarse a medida que se acerca el día de las votaciones, con la inscripción de candidaturas y la campaña política. En específico, en el periodo analizado se ha registrado un aumento de 37.3% en la violencia respecto del 2019[1] con un total de 320 hechos violentos, siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca los territorios más afectados.

Los líderes políticos, principales participantes de las elecciones que tendrán lugar en octubre del presente año, concentran más de la mitad de la violencia registrada en el país al ser objeto de 53.9% de los hechos identificados. Número que también representa el registro más elevado desde 2006, que la Misión de Observación Electoral realiza su seguimiento a la violencia contra los liderazgos.

Seguidamente, se presenta un apartado del accionar y la presencia de los grupos armados ilegales – GAI. Concretamente, se da cuenta de un total de 237 amedrentamientos y 531 acciones armadas por parte de GAI en el mismo periodo, lo que representan un aumento de 119.4% y 128.9%, frente al 2019. Nuevamente, el 2023 se posiciona como el periodo electoral con el mayor número de acciones desde que la MOE inició este seguimiento en 2018. Hecho que pudiera tener implicaciones en la violencia política y el rol de los GAI en las elecciones.

En tercer lugar, se lleva a cabo un análisis de los contextos de conflictividad que se han identificado en el periodo de análisis, en particular, en Montes de María y Caquetá. Territorios que en el periodo electoral de 2023 han registrado alertas sobre prácticas ejercidas por grupos armados ilegales para la instrumentalización y coaptación de liderazgos como mecanismo de legitimización de su base social y carácter político, así como afectaciones a precandidatos que afectan de manera directa el ejercicio de los derechos políticos de la población.

Finalmente, en el último capítulo se señalan y reiteran una serie de recomendaciones de cara a las elecciones locales de 2023 y ante el recrudecimiento de la violencia que se dio en 2022. Estas recomendaciones van dirigidas para la toma de acciones dirigidas a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que por medios democráticos buscan influir en las decisiones que afectan sus comunidades. Entre ellas se hace énfasis establecer un canal de comunicación y un diálogo constante entre las autoridades, los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos de manera que existan rutas y enlaces directos establecidas al momento de presentarse hechos de violencia contra precandidatos o precandidatas; que los mensajes de parte de las autoridades deben ser encaminados a la acción y prevención, enfatizar la realización de Comisiones de Seguimiento nacionales, departamentales y municipales en los territorios más afectados por la violencia, e invitar a la instituciones a articularse a través de una misma instancia para establecer diálogos directos con las autoridades locales de los territorios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales.

En particular, la MOE mira con preocupación que, ante esta situación de violencia, desde hace varios meses algunas instituciones desafortunadamente han emitido pronunciamientos poniendo en duda la posibilidad de la realización de las elecciones por motivos de seguridad, la MOE reitera que, en lugar de simplemente emitir llamados de alerta, se activen y den a conocer los planes de acción y prevención a la violencia. Colombia ya tiene experiencia en desarrollar procesos electorales en medio de dificultades de violencia y alta presencia de grupos armados ilegales, y, por lo tanto, se necesita retomar la experiencia de procesos electorales pasados para establecer medidas que garanticen la seguridad del proceso.

La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país constituye una amenaza a la democracia en la medida que limita la participación y representación de la población, es un medio para imponer o silenciar posturas, procesos y demandas, y afecta procesos democráticos dirigidos por líderes. Es bajo esta consideración que desde la Misión de Observación Electoral – MOE, se lleva a cabo un monitoreo permanente de la violencia política, a fin de identificar tendencias y patrones en el comportamiento de la violencia y emitir recomendaciones para hacer frente a la misma.

En este informe con corte a 29 de marzo de 2023, se analiza la violencia política ocurrida durante los primeros cinco meses del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos. Lo anterior, a través de la presentación de las cifras de los hechos de violencia de una manera generalizada y a través de enfoques diferenciales en términos territoriales, étnicos y de género.

Así fue posible evidenciar que, desde que la MOE inició el seguimiento de la violencia para los comicios locales de este año, el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país. Situación que parece va a agravarse a medida que se acerca el día de las votaciones, con la inscripción de candidatos y la campaña política. En específico, se registró un aumento de 76.3% en la violencia respecto del 2019, siendo Cauca, Nariño, La Guajira y Santander los territorios más afectados.

Los líderes políticos, principales participantes de las elecciones que tendrán lugar en octubre del presente año, concentran la violencia registrada en el país al ser objeto de 53.7% de los hechos identificados. Número que también representa el registro más elevado desde que la Misión de Observación Electoral realiza su seguimiento.

Seguidamente, se presenta un apartado del accionar y la presencia de los grupos armados ilegales – GAI. Concretamente, han tenido lugar un total de 187 amedrentamientos y 359 acciones armadas por parte de GAI que representan un aumento de 134.6% y 156.2%, frente al 2019. Nuevamente, el 2023 se posiciona como el periodo electoral con el mayor número de acciones desde que la MOE inició el seguimiento en 2018. Hecho que pudiera tener implicaciones en la violencia política y el rol de los GAI en las elecciones.

En tercer lugar, se lleva a cabo un análisis de los contextos con mayor conflictividad que se han identificado en el periodo de análisis, en particular, del Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba, Mesetas, San Vicente del Caguán, Catatumbo y Barrancabermeja. Territorios que en el periodo electoral de 2023 han registrado un incremento significativo en la violencia, lo que ha resultado en un agravamiento de la situación de orden público y en una afectación a las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales.

Finalmente, en el último capítulo se señalan y reiteran una serie de recomendaciones de cara a las elecciones locales de 2023 y ante el recrudecimiento de la violencia que se dio en 2022. Estas recomendaciones van dirigidas para la toma de acciones dirigidas a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que por medios democráticos buscan influir en las decisiones que afectan sus comunidades. Entre ellas se hace énfasis en continuar con la realización de Comisiones de Seguimiento nacionales, departamentales y municipales, que el mensaje de parte de las autoridades debe ser encaminado hacía la acción y prevención, instar al CNE a que expida una resolución que complemente el protocolo de prevención y atención a la violencia política contra mujeres, y a avanzar en el principio de enfoque diferencial. Además, de la necesidad de establecer un canal de comunicación y un diálogo constante entre las autoridades, los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos de manera que existan rutas y enlaces directos establecidas al momento de presentarse hechos de violencia contra precandidatos o precandidatas.