• De estos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. 
• Los focos críticos se encuentran en las subregiones de Arauca; el Nordeste Antioqueño y el sur de Bolívar; el andén Pacífico; el norte del Cauca; el Suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare); y el medio y bajo Putumayo.

Bogotá D.C., 04 de febrero de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026. El texto fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas. 

Este documento, como lo ha hecho en cada edición desde el 2007, incluye el Mapa Consolidado de Riesgo Electoral por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia. De acuerdo con Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, “este estudio identificó que para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”. 

El estudio destaca que, mientras en las elecciones nacionales de 2022 se registraron 131 municipios en riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia, para 2026 la cifra se elevó a 170, lo que representa un incremento del 29,7 %. El dato que más llama la atención es el del riesgo extremo, que pasó de 49 municipios en 2022 a 81 para este año electoral, lo que se traduce en un crecimiento del 65,3 %.

Al respecto, Barrios señaló que “en este ejercicio se destacan la concentración y aumento en los niveles de riesgo en los municipios donde coinciden estos dos factores. Esto se puede observar en las seis subregiones que, de acuerdo con el estudio, requieren una atención prioritaria”. Las seis subregiones, que se identifican en el mapa consolidado de riesgo, corresponden a: Arauca, el Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar, andén Pacífico, norte del Cauca, Suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare), y medio y bajo Putumayo.

El grupo técnico que elaboró el documento llamó la atención sobre el Cauca, departamento donde están ubicados 19 de los 81 municipios en riesgo extremo. De estos, 14 pasaron de no tener riesgo en las elecciones de 2022 al nivel mayor de riesgo en 2026.

Excluyendo a Bogotá por sus dinámicas urbanas específicas, los 170 municipios en riesgo tienen 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral. “Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial y operativa que enfrenta el Estado para mitigar los riesgos que identificó el grupo técnico que elaboró el estudio y garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.

De acuerdo con la MOE, el mapa consolidado es el resultado de la convergencia de los municipios identificados en riesgo, tanto en el mapa de factores indicativos de fraude electoral, como en el mapa específico de factores de violencia. La investigación también contiene un análisis independiente de estos mapas.

Mapa de riesgo por factores indicativos de fraude electoral

Los factores indicativos de fraude resultan del análisis de atipicidades estadísticas observadas en las tres elecciones anteriores (2014, 2018 y 2022) a partir del nivel de participación electoral, tarjetones no marcados, votos nulos y dominio electoral. 

Para la Cámara de Representantes, el grupo técnico encontró que 383 municipios y corregimientos departamentales (34,1 %) presentan algún nivel de riesgo: 64 tienen riesgo extremo, 100 alto y 219 medio.

En cuanto a factores indicativos de fraude electoral para el Senado, 334 municipios y corregimientos departamentales (29,8 %) presentan riesgo: 46 están en riesgo extremo, 91 en alto y 197 en medio.

“La MOE pide especial atención a los 27 municipios que están en riesgo extremo tanto para la elección de Cámara como de Senado, de los cuales una tercera parte (9) están ubicados en Córdoba, y seis en Antioquia”, concluyó Barrios.

Mapa de riesgo por factores de violencia

Los factores de violencia corresponden a las amenazas al proceso electoral derivadas de la injerencia e intensidad del conflicto por parte de grupos armados ilegales, la violencia contra liderazgos, las afectaciones a la movilidad humana y las violaciones a la libertad de prensa.

“A través del estudio se identificó que 339 municipios (30,2 %) presentan riesgos asociados a factores de violencia: 139 en riesgo medio, 74 en alto y 126 en extremo”, concluyó Rubiano.

De acuerdo con la investigación, desde el 2018 se observa un aumento leve pero sostenido del riesgo por factores de violencia, lo que evidencia las limitaciones en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la persistencia de vacíos de seguridad en los territorios. “Las violencias son cada vez más locales y fragmentadas. Están asociadas al control de economías ilegales, que podrían interferir en la competencia electoral y en el ejercicio libre del voto”, aseguró Rubiano.

El grupo técnico alertó especialmente sobre la situación en Guaviare, donde todos los municipios están en riesgo extremo por factores de violencia. Otro hallazgo importante es que 75 de los 126 municipios que están en alerta máxima por violencia hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

De acuerdo con Barrios, el propósito de estos mapas es “brindar información a las autoridades para que adopten medidas de mitigación y protección diferenciadas en los municipios más afectados, así como contribuir a un debate público informado sobre el contexto de las elecciones que se avecinan”.

La MOE, organización que coordinó la elaboración del documento Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026, hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y las autoridades electorales para que concentren sus esfuerzos de seguridad y transparencia en los territorios que tienen riesgo extremo en los distintos mapas que se presentan: el consolidado, los indicativos de fraude y el de violencia; y que se garantice que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y segura.El libro completo, que incluye los mapas de riesgo y un análisis detallado tanto de los factores indicativos de fraude y violencia, como del contexto electoral en el que se presentan, está disponible en la página web de la MOE: www.moe.org.co.

Bogotá vota poco y con riesgos concentrados: las alertas que deja el mapa electoral de 2026

● La superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país.
● 315 puestos de votación tienen comportamientos atípicos electorales (Baja participación, votos nulos, tarjetones no marcados y baja competencia electoral)
● Los riesgos se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme, San Cristóbal, Bosa, Chapinero y Sumapaz.
● El riesgo de violencia en Bogotá es calificado como “extremo”

Según el Mapa de Riesgo Electoral 2026 elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE) – Regional Bogotá, hay 315 de 901 puestos de votación (34 %) con algún nivel de riesgo para las próximas elecciones al Congreso, de los cuales 36 puestos de votación se clasificaron en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio. El riesgo, sin embargo, no está distribuido de manera homogénea.

Bogotá es una ciudad donde la mayoría de las personas habilitadas para votar no lo hace. En las elecciones legislativas de 2022, solo el 44 % del censo participó en la elección de Cámara de Representantes (2.819.975 votantes) y el 45,95 % en la elección de Senado (2.742.293 votantes). Es decir, más de la mitad del electorado bogotano se abstuvo, una realidad estructural que sirve de telón de fondo para entender los riesgos electorales que hoy se concentran en determinadas localidades de la ciudad.

Para la coordinación de la MOE en Bogotá, “las mayores alertas se concentran en el sur, suroccidente y algunos sectores del centro de la ciudad. Sumapaz presenta una situación extrema: el 100 % de sus puestos de votación está en riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos presentan atipicidades. También superan el 50 % Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero”. En estas localidades se repite un patrón preocupante: baja participación electoral atípica, acompañada de votos nulos elevados y tarjetones no marcados, señales que, sostenidas en el tiempo, revelan problemas más profundos que una simple irregularidad aislada.

El análisis por variables refuerza la alerta. La baja participación es el principal factor que “jala” el riesgo extremo en territorios como Ciudad Bolívar, Bosa y Santa Fe. Aunque en localidades grandes como Kennedy, Suba y Engativá el porcentaje de puestos en riesgo es menor, el número absoluto sigue siendo significativo, lo que indica que el problema no desaparece, solo se dispersa.

A este panorama se suma un elemento que agrava el escenario electoral: la violencia política. El asesinato de Miguel Uribe, candidato a la Presidencia de la República, constituye un hecho de enorme gravedad que pone en evidencia la fragilidad de las garantías para quienes hacen política, incluso en la capital del país.

La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país.

Este volumen de candidaturas también incrementa los riesgos. De los 247 aspirantes a la Cámara, 238 nunca han sido representantes, lo que implica menor experiencia política y esquemas de seguridad más frágiles. En un contexto marcado por riesgos electorales territoriales y por hechos recientes de violencia política, esta combinación vuelve a los candidatos —especialmente a los nuevos— más vulnerables y plantea un desafío mayor para las autoridades encargadas de garantizar condiciones mínimas de seguridad y competencia democrática.

En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la Fuerza Pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo.

El mapa de riesgo electoral reconoce la sólida institucionalidad que rodea el proceso electoral en Bogotá, sin embargo sí deja una advertencia clara: en Bogotá, el derecho al voto y a la participación política no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios. Ignorar estas señales sería normalizar una democracia desigual justo en la ciudad que concentra uno de los electorados más grandes y decisivos del país.

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