El atentado que le costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay puso en el primer plano las dificultades y riesgos que enfrentan los liderazgos políticos a siete meses de las elecciones legislativas y nueve de las presidenciales. Con corte al 8 de julio, la Misión de Observación Electoral (MOE) registra 106 agresiones contra actores políticos en 2025, la mayoría en Bogotá, Huila y Antioquia.
De las 106 agresiones, el 69,81 por ciento (74) fueron amenazas, el 16,04 por ciento (17) atentados, el 10,38 (11) por ciento asesinatos, el 2,83 (3) por ciento secuestros y el 0,94 por ciento (1) violencia contra la mujer en la política.
De acuerdo con el análisis del monitoreo de la veeduría, desde el 2022 la violencia contra los liderazgos políticos ha venido adquiriendo más peso respecto a las violencias contra liderazgos sociales y comunales. En 2021 la representaba el 40,87 por ciento del total (103 casos de agresiones), y en el 2025 representa el 50,96 por ciento (106). Además, mientras que en 2021 se registraron un total de 33 hechos letales (19 asesinatos y 14 atentados), el 2025, hasta el momento registró 28 hechos letales en contra de referentes políticos.
Y, aunque en el periodo analizado se registró una disminución del 24,82 por ciento en el número de victimas de violencia política respecto al mismo en 2024, se mantiene como el liderazgo más afectado.
Sobre el complejo panorama que representa el ejercicio político, Frey Muñoz, subdirector de la MOE, le dijo a EL TIEMPO que “cuando estos liderazgos son objeto de violencia, se evidencia un riesgo estructural que afecta el derecho de la ciudadanía a participar en política de manera libre y sin coacciones”.
En este año y hasta la fecha del reporte, en Bogotá se han presentado 11 amenazas y 1 atentado. En Huila hubo 9 amenazas y 1 atentado, frente las 5 amenazas, 1 atentado y 2 asesinatos que impactaron a Antioquia. Previo a las elecciones de 2022, es decir, hace cuatro años, Bogotá y Antioquia ocuparon de manera idéntica el primer y tercer puesto de riesgo. Este año Huila desplaza a Norte de Santander en el segundo lugar.
A estos departamentos los siguen César, Córdoba, Quindío y Valle del Cauca con 7 agresiones cada uno en 2025. Cauca aparece con 6, con el agravante de que es el departamento con mayor afectación por violencia contra liderazgos sociales y acciones de grupos armados ilegales.
De acuerdo con las cifras de la MOE, liderazgos políticos pertenecientes a coaliciones sufrieron la mayor cantidad de agresiones (18) seguido por integrantes del Centro Democrático (18), Partido Conservador (8), ASI (7), Partido Liberal (6), MAIS (5), Fuerza Ciudadana y La U (4), Cambio Radical y el Pacto Histórico (3).
Por otro lado, los más afectados han sido concejales en ejercicio (30), alcaldes en ejercicio (22), excandidatos (13), congresistas electos (8), funcionarios de administración (7) y funcionarios del Ministerio Público (5).
¿Qué dice la Registraduría y la Defensoría?
El Registrador Nacional, Hernán Penagos, manifestó al término de un encuentro con comandantes de la Policía en la Escuela de Cadetes General Santander este martes, que es imperativo la articulación entre entidades para proteger la democracia. “Cuando las circunstancias del país atraviesan momentos penosos y tristes, debo decir que se hace necesario mantener el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la Registraduría para mantener la democracia intacta como siempre se ha mantenido en nuestra región. Y aquí se requiere trabajar de manera articulada y entender muy bien las realidades que ocurren en cada uno de los rincones de Colombia”, comentó Penagos.
La Defensoría del Pueblo emitió diez alertas tempranas por diferentes focos del conflicto, que podrían derivar —o ya han detonado— en crisis humanitarias. De este grupo, en cuatro la Defensoría advirtió sobre posibles riesgos electorales asociados al accionar criminal de los grupos armados.
En el caso de El Tambo y Patía, Cauca, por ejemplo, se advierte que la disputa territorial entre el frente Carlos Patiño, de las disidencias de ‘Mordisco’, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Eln podría incrementar las amenazas, la estigmatización, los homicidios, los desplazamientos forzados y la coacción, así como “el constreñimiento en los futuros comicios electorales”.
En la alerta sobre la situación de orden público en Chiriguaná (Cesar) y el sur de Bolívar —donde operan el ‘clan del Golfo’, disidencias de las Farc y el Eln—, el Ministerio Público, a menos de un año de las elecciones, advierte que “hechos violentos atraviesen el certamen electoral”.
En Chocó, por su parte, se mantuvo la calificación de “riesgo alto” en materia de violencia política. Y en la alerta del municipio de Roncesvalles, Tolima, donde también se disputan el control tres grupos armados, se señala que los ilegales han convocado a la población a reuniones en las que “les han hecho saber a las comunidades que se acerca la época electoral, que deben votar por los candidatos que ayudan al pueblo y que ellos les informarán por quiénes deben votar”.
En total, actualmente hay 397 municipios con alertas vigentes por presencia de grupos armados, de distinta naturaleza y magnitud. Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha recalcado que “no siempre ejercen un dominio total y no necesariamente la presencia de ilegales implica una alteración electoral, porque no todos están interesados en incidir en los comicios”.
Aun así, insiste, no se puede dar por hecho que las condiciones de seguridad estén garantizadas. “Sobre todo en las regiones, que es mi mayor preocupación para muchos procesos sociales y políticos, pero tampoco asumir lo contrario. Todas las instituciones debemos trabajar permanentemente, en todas las instancias que establece nuestro régimen democrático, para protegerla, respaldar la justicia y dar garantías no solo a partidos y movimientos políticos, sino también a los votantes”, aseveró.
No obstante, Marín no cree que hayan riesgo de suspender elecciones. “Confío en que va a haber elecciones el próximo año, lo que sí creo, y lo he dicho varias veces, es que la democracia colombiana hay que cuidarla día a día y hay unos riesgos relacionados con la violencia armada, no solo para las elecciones presidenciales, sino en las regiones, donde hay mucha afectación por presencia y dominio de los grupos armados. Eso sin duda va a afectar la libertad de las elecciones”.
Para el exministro de Justicia, Andrés González Díaz, es indispensable reforzar la seguridad y la justicia para enfrentar este flagelo. “Tenemos que lograr que el aparato judicial sea capaz de esclarecer crímenes como estos. Si no es posible están en riesgo todos los colombianos y, desde luego, líderes y lideresas”, indicó.
Aunque desde el Ejecutivo se comprometieron a brindar mayor protección, el episodio de Uribe Turbay, específicamente, tiene a los demás aspirantes bajo alerta de cara a sus movidas de campaña.
“Cuando tenemos un candidato presidencial asesinado, a Miguel muerto, no podemos decir que tenemos garantías plenas para hacer la campaña. El país está muy peligroso”, expuso la candidata Vicky Dávila.
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