Sin lugar a dudas, las elecciones más complejas son las de autoridades locales. De una parte, se encuentra su dimensión. De otra, los contextos políticos en los que estos comicios se celebran. 117.728 candidatos se inscribieron para competir por los 20.428 cargos a proveer. Finalmente, después de las anulaciones de inscripciones y el retiro de candidaturas, quedan 116.430, de los cuales el
62.5% son hombres.

A su vez, estas son las primeras elecciones locales del posconflicto; el sistema de partidos y las reglas electorales se pone nuevamente a prueba y los resultados obtenidos dibujarán el nuevo mapa de poder político local sobre el que se construirá la sucesión presidencial del 2022.

Pese al notorio contraste, por sí solos, estos datos no dicen mucho. De hecho, subsisten sectores que argumentan que la subrepresentación se debe a la falta de interés de las mujeres en la política o, en el peor de los casos, a su incapacidad para desempeñar cargos decisorios en el Estado.

Una de las herramientas creada para la depuración de listas de candidatos con tachas de inhabilidad o incumplimiento de requisitos es la revocatoria de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Esta figura se institucionalizó con la reforma electoral de 2009 (acto legislativo 01) y posteriormente se reforzó la con ley 1475 de 2011, la cual es de carácter administrativo y puede ser presentada por cualquier ciudadano, así mismo debe ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral antes de la elección de los candidatos.

Desde la década de los 80 con la apertura democrática que comenzó a vivir el continente americano, el espacio político se amplió y facilitó la entrada de nuevos actores políticos como consecuencia de la disminución en los costos de entrada al sistema de partidos.

Se incremento la participación y representación de los partidos evangélicos. Si bien los vínculos de algunas iglesias con partidos establecidos datan del siglo XIX, en especial con aquellos de ideología liberal como en los casos de Chile, Colombia y Perú, el cambio religioso promovió que el sentimiento de marginalidad y exclusión arraigado entre estas minorías fuera desplazado por la conciencia numérica y la necesidad de ser reconocidos como un actor con autoridad frente a los temas morales y religiosos.

Ambos procesos electorales estuvieron enmarcados en la máxima expresión armada de grupos guerrilleros, grupos paramilitares, delincuencia organizada, carteles del narcotráfico y violencia político electoral. A un contexto de esa complejidad nace una respuesta ciudadana sincera y valiente: por un lado, activar en la mayor cantidad de municipios del país una observación ciudadana independiente de los partidos políticos en contienda, técnicamente capacitada, políticamente competente y entregada emocionalmente al objetivo de regresar la democracia a la ciudadanía.