Sin lugar a dudas, las elecciones más complejas son las de autoridades locales. De una parte, se encuentra su dimensión. De otra, los contextos políticos en los que estos comicios se celebran. 117.728 candidatos se inscribieron para competir por los 20.428 cargos a proveer. Finalmente, después de las anulaciones de inscripciones y el retiro de candidaturas, quedan 116.430, de los cuales el 62.5% son hombres.

A su vez, estas son las primeras elecciones locales del posconflicto; el sistema de partidos y las reglas electorales se pone nuevamente a prueba y los resultados obtenidos dibujarán el nuevo mapa de poder político local sobre el que se construirá la sucesión presidencial del 2022.

Allí, se encontrarán propuestas concretas para la mitigación o eliminación de los riesgos, respondiendo así a la necesidad de que cualquier acción que se proponga pueda ser implementada por los organismos competentes, con la legislación vigente y teniendo en cuenta la realidad del país en materia de orden público.

El origen de su complejidad radica en la hibridación problemática que se ha hecho en Colombia entre una normatividad arcaica, excesiva y dispersa, y modernos sistemas digitales de procesamiento de la información.

Existen registros de que la RNEC contrató una auditoría al proceso electoral para las elecciones de congreso, parlamento andino y presidente y vicepresidente primera vuelta, a realizarse en el año 2014. Sin embargo, los resultados de esa auditoria no fueron públicos ni tienen el carácter de una auditoría externa e independiente. De hecho cuando el partido Centro Democrático intentó realizar una auditoría al software de Escrutinio una de las conclusiones que presentaba fue “se desconoce que haya una certificación y soportes de una empresa especializada e independiente, sobre las pruebas y el correcto funcionamiento del mencionado Sistema, más allá de las pruebas y verificaciones realizadas por la Registraduría Nacional en el ejercicio de las interventorías y supervisiones de los contratistas”. 

El presente documento tiene como finalidad principal proponer una herramienta que permita la efectiva concreción de esa obligación legal y la construcción de confianza entre las partes interesadas por medio de una transparencia efectiva. Es decir, ofrecer un protocolo para auditorias de sistemas electrónicos que pueda implementarse al proceso electoral colombiano en 2018, en el marco del artículo 45 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que permita a los partidos políticos y a la Misión de Observación Electoral (MOE) hacer uso de esa facultad legal.

Con este propósito el presente documento revisa cuales son las recomendaciones derivadas de estándares internacionales en auditorias y transparencia de sistemas electrónicos en elecciones, analiza otras experiencias que pueden servir de referencia, presenta una propuesta de pruebas para la realización de auditorías de diferente profundidad para el software de escrutinio, plantea posibles escenarios para la realización de auditorías y finalmente introduce una propuesta de auditoría de revisión intermedia que podría implementarse para el ejercicio electoral de 2018 en Colombia.

Sin embargo, la realidad nos llegó vestida de otra manera. La democracia del posconflicto, así como de los procesos electorales sobre los que ésta se sustenta, no tiene la esperada baja intensidad en la paleta de colores. Esto significa que uno de los grandes retos que se nos impuso para la elaboración de esta publicación fue el de desarrollar nuevos marcos cartesianos que nos puedan brindar distintos puntos de referencia y de interpretación a los utilizados en los últimos 50 años para entender nuestros múltiples conflictos.

De otra parte, es necesario considerar el impacto que tendrá el ingreso de nuevos actores a la competencia electoral, así como la modificación de la conformación del Congreso de la República. En cuanto a los nuevos actores, indiscutiblemente la gran expectativa en materia electoral es el partido político resultante del Proceso de Paz, la “FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN – FARC”, una lista de 23 candidatos al Senado de la República y solamente 5 listas a la Cámara de Representante correspondientes a de los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Antioquia y Bogotá, con un total de 50 candidatos a esta corporación.

Si bien en los actuales comicios se estrenarán nuevas reglas, como las señaladas anteriormente, estas no alcanzan a ser lo suficientemente contundentes como para afectar de manera sensible las conductas y acciones que generan riesgos electorales. Fue imposible a lo largo del 2017 poder consensuar la reforma política que requiere este país que busca salir de la violencia y derrotar la corrupción.

Mapas y Factores de Riesgo Electoral MOE Elecciones en Colombia 2018

Presentación ‘Mapas de Riesgos Electorales en Colombia Elecciones 2018’

Elecciones de Alcalde: en estas páginas se hace una breve descripción de los resultados de la aplicación de la metodología para identificar los municipios que se encuentran en riesgo de acuerdo con sus niveles de votos blancos, nulos y tarjetas no marcadas así como por factores asociados con la competencia electoral. La definición de los factores de riesgo se explica en la “Nota metodológica” que acompaña este documento.

Los niveles de votos en blanco, nulos y tarjetas no marcadas permiten señalar municipios en los que podrían presentarse manipulación de la intención de voto de los ciudadanos para favorecer ciertos candidatos. Así, niveles muy bajos de votos en blanco o tarjetas no marcadas podrían ser el resultado de la alteración de las tarjetas electorales para aumentar los niveles de votación de algún candidato. Por otro lado, niveles altos de votos nulos podrían indicar manipulaciones orientadas a disminuir los niveles de votación de ciertos candidatos.

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La participación electoral es una de las dimensiones de la participación política, que no presenta problema particular de definición ni de medición. Se trata del número (o porcentaje) de electores hábiles que depositan efectivamente una papeleta en la urna el día de la elección. Sin embargo, este comportamiento requiere de una explicación.

Para eso existen variables externas que directa o indirectamente pueden llegar a influir, y que dependen de la cultura política y del contexto de cada sociedad. Ciertas de estas variables como la edad, la localización, el contexto rural o urbano, la obligatoriedad del voto, tienden a influir sobre la participación electoral de manera estructural. Al lado de estas variables, influyen también elementos más coyunturales como el tipo de oferta política.

No obstante, existen unos elementos que pueden afectar la participación política de manera indebida a través de diferentes formas de irregularidades:

En el caso colombiano, giran en torno a la compra de votos, de elecciones, de funcionarios, y la trashumancia, entre otras irregularidades, así como la violencia política que puede traducirse en masacres, atentados, desapariciones, secuestros, desplazamiento forzado, antes y durante el proceso electoral, fenómenos que se reflejan, de una u otra manera, en los resultados y estadísticas de los procesos electorales

El objetivo de este trabajo es entonces identificar los municipios que podrían tener un riesgo de anomalía en la participación por algunas de estas razones. Para esto, utilizaremos dos indicadores: el nivel de participación y la variación de la misma.

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Anomalías Electorales: el mapa consolidado de riesgos electorales para el año 2011 se compone del cruce de cinco variables; riesgo final por participación, riesgo final por variaciones en atipicidad en participación, riesgo final por limitaciones a la competencia, riesgo final por votos nulos y riesgo final por tarjetones no marcados. La agregación está dada por el nivel de riesgo del municipio y la coincidencia de múltiples riesgos en el mismo.

En este orden de ideas, la metodología utilizada se basa en el número de veces en que en un municipio existen dos o más factores de riesgo final por lo que entre más variables de riesgo tenga el municipio, mayor será su clasificación de riesgo en el mapa consolidado de riesgos electorales

Es importante comparar el riesgo consolidado entre los años 2007 y 2011 para ver si el número de municipios en riesgo ha variado de un año a otro, teniendo en cuenta aquellos departamentos en donde aumentó, disminuyó o permaneció igual el número de municipios en riesgo.

En este sentido en el 2007, había en total 328 municipios en riesgo de los cuales 13 estaban en riesgo extremo, 42 en riesgo alto y 273 en riesgo medio. Es importante tener en cuenta que los departamentos que presentaban un mayor número de municipios en riesgo son Boyacá con 35, Antioquia con 32, Santander con 31 y Nariño con 24.

La proporción de municipios en riesgo en el 2007 sobre el total de municipios es menor que la proporción de municipios en riesgo del 2011 como se evidencia en las siguientes gráficas.

Mapa_de_riesgo_MOE_consolidado_por_anomalías_electorales_elecciones_locales_y_regionales_2011