[1]<\/a> con el n\u00famero de puestos distribuidos en su territorio por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil (RNEC). De acuerdo con este an\u00e1lisis, se identific\u00f3 que en 283 municipios existe dificultad de acceso a puestos de votaci\u00f3n, lo cual afecta el derecho a la participaci\u00f3n de las comunidades localizadas en estos territorios.<\/p>\n\n\n\nTabla No. 1 Municipios con dificultades de acceso a puestos de votaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\nDificultad de Acceso a Puestos de Votaci\u00f3n<\/strong><\/td>Indicador de Cobertura Espacial de Puestos de Votaci\u00f3n<\/strong><\/td>N\u00famero de Municipios<\/strong><\/td><\/tr>Mediana Nacional<\/strong><\/td>1 Puesto cada 59,88 km2<\/td> 1.121<\/td><\/tr> Media<\/strong><\/td>1 Puesto cada 119,76 km2<\/td> 109<\/td><\/tr> Alta<\/strong><\/td>1 Puesto cada 179,65 km2<\/td> 124<\/td><\/tr> Extrema<\/strong><\/td>1 Puesto cada 598,82 km2<\/td> 50<\/td><\/tr> Total de municipios con dificultad de acceso a puestos de votaci\u00f3n<\/strong><\/td>1 Puesto de votaci\u00f3n cada 795,24 Km2<\/td> 283<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>Fuente: Elaboraci\u00f3n propia con datos de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n1.2. Fortalecimiento del sistema democr\u00e1tico<\/strong><\/p>\n\n\n\nAunque tanto en las Bases del PND y el articulado radicado por el Gobierno se habla de manera general del fortalecimiento del sistema pol\u00edtico electoral no se incluye ning\u00fan programa o pol\u00edtica que concrete dicha aspiraci\u00f3n. Lo anterior, a pesar de que se reconoce, entre otras cosas, que no se ha expedido la reforma pol\u00edtico electoral promovida desde el Acuerdo Final de Paz.\u00a0 As\u00ed las cosas, a excepci\u00f3n del Estatuto de la Oposici\u00f3n (Ley 1909 de 2018) y algunas medidas administrativas adoptadas por la Organizaci\u00f3n Electoral en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022, son pocas las normas o iniciativas que se han desarrollado en los \u00faltimos a\u00f1os para ampliar y fortalecer el sistema pol\u00edtico electoral. De esta manera, persisten las barreras para que ciertos sectores de la poblaci\u00f3n puedan participar efectivamente en la conformaci\u00f3n del poder pol\u00edtico. Adicionalmente, la Organizaci\u00f3n Electoral atraviesa una crisis de confianza y credibilidad institucional, lo cual se acent\u00faa por un marco normativo atomizado, insuficiente y que no da cuenta de las realidades pol\u00edticas de la sociedad colombiana.<\/p>\n\n\n\n2.GARANT\u00cdAS DE SEGURIDAD A LOS DEFENSORES DE DDHH Y L\u00cdDERES SOCIALES<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n2.1. Violencia contra liderazgos (enfocado al sistema de monitoreo de afectaciones contra defensores de DDHH y l\u00edderes sociales)<\/strong><\/p>\n\n\n\nDentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo no hay menciones sobre el sistema de monitoreo de afectaciones contra defensores de Derechos Humanos y l\u00edderes sociales. Si bien art\u00edculos como el que se refiere al \u201cMecanismo para la prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n integral de violencias y actos de discriminaci\u00f3n a poblaci\u00f3n LGBTIQ+\u201d<\/em> hace menci\u00f3n a sistemas de monitoreo espec\u00edficos sobre poblaciones de especial protecci\u00f3n, el programa propuesto no da continuidad al sistema nacional de monitoreo que consolidaba el Observatorio de Derechos Humanos de Presidencia.<\/p>\n\n\n\nEn este sentido, desde la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral \u2013 MOE, se ha hecho especial \u00e9nfasis en que definir los sistemas de administraci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de seguridad de l\u00edderes y defensores en el territorio nacional ha sido un ejercicio complejo y con diferentes metodolog\u00edas que no ha logrado emitir diagn\u00f3sticos un\u00edvocos sobre el problema. Por esta raz\u00f3n, adem\u00e1s de los monitoreos hechos desde entidades del Estado, m\u00faltiples organizaciones de la Sociedad civil tambi\u00e9n adelantan esta consolidaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n2.2. Fortalecimiento a la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad y preponderancia de esta instancia<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa MOE ha identificado que la aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas para materializar el derecho a defender derechos humanos, se caracterizado por:<\/p>\n\n\n\n
(i) una multiplicidad de instancias que dificulta el cumplimiento de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica de las entidades del Estado en esta materia y,<\/p>\n\n\n\n
(ii) por una limitada participaci\u00f3n de los beneficiarios, de l\u00edderes y comunidades vulneradas, que es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier mecanismo dirigido a protegerles o prevenir la violencia en su contra.<\/p>\n\n\n\n
En Colombia, existen al menos diez instancias con responsabilidad sobre el entramado normativo del sistema de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n a l\u00edderes y defensores de derechos humanos. Esta amplia arquitectura institucional, no ha cumplido con el prop\u00f3sito de ser un sistema coordinado que permita atender y evaluar amenazas, as\u00ed como emitir respuestas oportunas a las vulneraciones de seguridad que afectan a los distintos liderazgos en el pa\u00eds. Por el contrario, en estos diversos escenarios se ha evidenciado una desarticulaci\u00f3n y abuso de la figura de las comisiones intersectoriales, consagradas en el art\u00edculo 45 de la Ley 498 de 1998, en la que su funci\u00f3n de coordinaci\u00f3n y orientaci\u00f3n superior de la ejecuci\u00f3n de ciertas funciones y servicios p\u00fablicos se ve desdibujada por una creaci\u00f3n reiterada de comisiones con casi las mismas entidades responsables para temas ligeramente distintos.<\/p>\n\n\n\n
Esta concurrencia de los mismos actores deriva en la inoperancia del sistema en el sentido que:<\/p>\n\n\n\n
(i) Genera un \u201cembotellamiento institucional\u201d, pues si los mismos altos funcionarios tienen que participar en tantas instancias que no son la prioridad de sus cargos, \u00e9stas no sesionan y los espacios no funcionan correctamente ni de forma sostenida, dejando en el limbo la capacidad de generaci\u00f3n de respuestas desde el Gobierno Nacional ante este problema;<\/p>\n\n\n\n
(ii) Existe un riesgo de redundancia e ineficiencia si, desde de las autoridades convocadas a estas comisiones intersectoriales, no se delega a los mismos funcionarios ni se mantiene la memoria institucional sobre el funcionamiento de las pol\u00edticas coordinadas all\u00ed;<\/p>\n\n\n\n
(iii) Existe una concentraci\u00f3n de las funciones en el nivel central, lo cual afecta por un lado el principio constitucional de descentralizaci\u00f3n al evitar los di\u00e1logos y responsabilidades desde el orden territorial frente a la actuaci\u00f3n ante la situaci\u00f3n de violencia contra l\u00edderes y defensores, as\u00ed como resta la posibilidad de generar espacios de participaci\u00f3n para l\u00edderes, defensores y beneficiarios del programa.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, para la MOE resulta interesante que desde el articulado propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo se propenda por el fortalecimiento y reactivaci\u00f3n de\u00a0 la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad, no obstante, no es claro si esta instancia funcionar\u00eda como un ente rector de la pol\u00edtica de protecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de defensores de derechos humanos y l\u00edderes sociales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n2.3. Sistema Nacional de Convivencia para la Vida \u2013SNCPV<\/strong><\/p>\n\n\n\nDentro de las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la creaci\u00f3n del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida \u2013SNCPV con el fin de facilitar espacios de intercambio que permitan construir rutas para asumir de manera democr\u00e1tica los diferentes conflictos.<\/p>\n\n\n\n
Esta estrategia funcionar\u00e1 como un elemento crucial para la participaci\u00f3n de l\u00edderes y lideresas dentro de la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n. Tal y como lo establecen las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, este sistema debe garantizar el acceso a fuentes de financiaci\u00f3n en materia de convivencia y seguridad ciudadana y que existan estrategias que permitan fortalecer las capacidades nacionales y territoriales para la prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, y en relaci\u00f3n a las obligaciones que desde el art\u00edculo sobre \u201cEstrategia de dialogo social para el fortalecimiento regional y la gesti\u00f3n de la conflictividad y la movilizaci\u00f3n social\u201d<\/em> del Plan de Desarrollo se le asignan a FONSECON, para la MOE no es claro c\u00f3mo se cumplir\u00eda con esta nueva funci\u00f3n sin la entrega de recursos adicionales a los que se registran a nivel territorial bajo este fondo.<\/p>\n\n\n\nEsta estrategia, tal y como est\u00e1 planteada, promueve la desarticulaci\u00f3n entre los planes de protecci\u00f3n a nivel sub nacional y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) generando que las rutas de protecci\u00f3n a nivel local se queden desfinanciados y sin posibilidad de que los departamentos y municipios ejecuten sus obligaciones como primer respondiente de acuerdo a lo estipulado en el decreto del 2252 de 2017.<\/p>\n\n\n\n3. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCI\u00d3N<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n3.1. Necesidad de implementar una pol\u00edtica integral y transversal para prevenir posibles hechos de corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\nEl Plan Nacional de Desarrollo debe ser una visi\u00f3n compartida del horizonte del pa\u00eds durante los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os. Sin embargo, el proyecto del PND presentado no recoge una preocupaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda y una realidad como la corrupci\u00f3n, que adem\u00e1s fue uno de los grandes temas en la agenda de campa\u00f1a del gobierno electo. Por eso, es m\u00e1s que evidente la ausencia de unos lineamientos para prevenir, investigar, controlar y sancionar posibles hechos de corrupci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica, tambi\u00e9n pertinentes de cara a los riesgos de corrupci\u00f3n que se pueden derivar de los nuevos sistemas, modalidades de contrataci\u00f3n y fondos propuestos en los que se administrar\u00e1n recursos del erario. En este sentido, es necesario que:<\/p>\n\n\n\n
La lucha contra la corrupci\u00f3n sea entendida como un eje transversal dentro del PND, a fin de que este fen\u00f3meno no se convierta en un obst\u00e1culo que impida o limite el cumplimiento de las metas y transformaciones que busca alcanzar el Gobierno Nacional.<\/li> A su vez, este eje transversal debe contar con un enfoque de acci\u00f3n que se enmarque dentro del esp\u00edritu del PND, bajo el cual se determinen de manera general las acciones que se deben implementar para promover una pol\u00edtica de integridad y lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/li><\/ol>\n\n\n\nPara desarrollar este eje transversal, el PND debe disponer como mecanismo id\u00f3neo la construcci\u00f3n e implementaci\u00f3n de una Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional de Transparencia y Lucha Articulada contra la Corrupci\u00f3n, dentro de cuya formulaci\u00f3n la Secretar\u00eda de Transparencia tenga un rol activo como entidad coordinadora. Esta pol\u00edtica p\u00fablica debe permitir una adecuada articulaci\u00f3n entre autoridades de control, las diferentes ramas del poder p\u00fablico y la organizaci\u00f3n electoral, a fin de fortalecer las capacidades en la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los hechos asociados a la corrupci\u00f3n, la cual debe tener en cuenta los aportes de otros actores no gubernamentales como la academia y la sociedad civil.<\/li><\/ul>\n\n\n\nTeniendo en cuenta que el PND contempla la creaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de diversos fondos o patrimonios aut\u00f3nomos para la ejecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos y que cuyo r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n y administraci\u00f3n estar\u00e1 sujeto a una posterior regulaci\u00f3n, es necesario que de entrada se introduzcan mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendici\u00f3n de cuentas con el prop\u00f3sito de identificar posibles riesgos de corrupci\u00f3n; acciones que podr\u00edan ser incluidas en Pol\u00edtica P\u00fablica Nacional de Transparencia y Lucha Articulada contra la Corrupci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n3.2. Fortalecimiento de la participaci\u00f3n ciudadana y control social a partir de la consolidaci\u00f3n de la pol\u00edtica de Estado Abierto en materia electoral<\/strong><\/p>\n\n\n\nA lo largo del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional, se evidencia su inter\u00e9s en fortalecer y promover la participaci\u00f3n ciudadana. No obstante, en el texto todav\u00eda existe un margen de mejora en cuanto a la inclusi\u00f3n de aquellas garant\u00edas que hacen esto posible, especialmente, cuando hablamos del acceso oportuno y efectivo a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Y es que, cuanto menor sea la opacidad frente a las actuaciones, decisiones y procedimientos, mayor y m\u00e1s cualificada ser\u00e1 la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en tanto contar\u00e1 con elementos para incidir en el debate p\u00fablico. Por tanto, en una pol\u00edtica de participaci\u00f3n ciudadana como la planteada en el proyecto de PND no pueden faltar medidas de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y rendici\u00f3n de cuentas para que \u00e9sta d\u00e9 resultados.<\/p>\n\n\n\n
El acceso efectivo y oportuno a la informaci\u00f3n p\u00fablica tambi\u00e9n es indispensable a fin de llevar a la realidad la apuesta del Gobierno Nacional para recuperar la confianza de la ciudadan\u00eda en las instituciones. Particularmente, existen algunos sectores en los cuales la desconfianza es mayor y, debido a su impacto en la legitimidad de la democracia, ameritan una mayor apertura, como es caso de los procesos electorales. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de ejercicios de observaci\u00f3n electoral, se ha documentado que, especialmente en las elecciones, persisten asimetr\u00edas en el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, lo cual limita la participaci\u00f3n ciudadana y el control social, a\u00fan m\u00e1s debido a la acelerada incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n3.3. Posibles riesgos de corrupci\u00f3n por flexibilizaci\u00f3n de est\u00e1ndares para la selecci\u00f3n de contratistas estatales<\/strong><\/p>\n\n\n\nLa MOE tambi\u00e9n ha identificado en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo una flexibilizaci\u00f3n en los est\u00e1ndares para la selecci\u00f3n de contratistas estatales con la que, si bien se pretende la inserci\u00f3n productiva de las econom\u00edas populares, tambi\u00e9n se podr\u00edan generar riesgos de corrupci\u00f3n. Hablamos, espec\u00edficamente, del art\u00edculo sobre la \u201cParticipaci\u00f3n en contrataci\u00f3n y compras p\u00fablicas mediante asociaciones p\u00fablico populares\u201d, <\/em>por el cual se permite a las entidades p\u00fablicas celebrar contratos directamente con personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro para formar Asociaciones P\u00fablico-Populares con los siguientes objetos:<\/p>\n\n\n\n\u00abLa ejecuci\u00f3n de obras, o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico, econom\u00eda del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisici\u00f3n de productos de origen o destinaci\u00f3n agropecuarios\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Esto, que ser\u00eda en la pr\u00e1ctica una nueva causal de contrataci\u00f3n directa, extiende el ya vasto alcance de las modalidades excepcionales de selecci\u00f3n de contratistas, a trav\u00e9s de las cuales se ejecutan m\u00e1s del 70 % de las compras p\u00fablicas seg\u00fan mediciones de distintas organizaciones. Para la MOE, todo lo anterior es preocupante, por los siguientes motivos:<\/p>\n\n\n\n
En primer lugar, la contrataci\u00f3n directa restringe la competencia en las compras p\u00fablicas y da rienda suelta a la discrecionalidad de los ordenadores del gasto.<\/li> En segundo lugar, no existen mayores claridades sobre c\u00f3mo operar\u00e1 la contrataci\u00f3n y compra mediante asociaciones p\u00fablico populares.<\/li> Aunque es mediante una ley que se debe establecer un r\u00e9gimen jur\u00eddico para las asociaciones p\u00fablico-populares en donde se defina concretamente dicho esquema de contrataci\u00f3n, su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, sus principios rectores y el sistema de asignaci\u00f3n y retenci\u00f3n de riesgos de las partes, \u00e9stas entrar\u00e1n funcionar a trav\u00e9s de la regulaci\u00f3n administrativa; sin que se permita mayor deliberaci\u00f3n en un espacio como el Congreso de la Rep\u00fablica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
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