• La MOE calcula que el 13,4 % del censo electoral está ubicado en zonas de alerta roja por la temporada de lluvias y solicitó un seguimiento específico para evitar el uso de las ayudas humanitarias con fines proselitistas.
  
• De 2.891 candidaturas al Congreso, solo 479 (16,5 %) han cumplido con sus reportes de financiación en Cuentas Claras.
  
• La MOE hizo un llamado para que todas las autoridades competentes sumen esfuerzos para que la información oficial sobre la organización electoral sea comunicada de manera prioritaria y consistente.

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Cúcuta, Norte de Santander, 18 de febrero de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe ante la Novena Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. En el documento destacó cinco aspectos que requieren atención inmediata por parte de las autoridades y partidos políticos para garantizar la integridad de las elecciones de 2026: el impacto de la temporada de lluvias, la revocatoria de inscripción de listas al Congreso, los riesgos asociados a la desinformación, la implementación de la solución tecnológica para la acreditación de actores electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el cumplimiento de las obligaciones en materia de financiación de las campañas.

1. Alerta por impacto de la ola invernal

La MOE destacó que la actual temporada de lluvias ha generado afectaciones significativas en distintas subregiones del país y estas tienen incidencia directa sobre la organización logística y las garantías materiales para la jornada electoral del próximo 8 de marzo de 2026. En particular, dio a conocer que, basada en la información climatológica del IDEAM, a corte del 16 de febrero de 2016; 2.884 puestos de votación están ubicados en zonas de alerta roja por la temporada de lluvias. En estos lugares hay 5.516.162 personas habilitadas para votar (13,4 % del censo electoral).

“La magnitud del dato es significativa. No se trata de afectaciones aisladas, sino de un riesgo estructural que puede incidir en la apertura oportuna de mesas, la permanencia del personal electoral y la llegada de votantes”, advirtió Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

Las siete subregiones con alerta máxima por la temporada de lluvias son: Mojana sucreña, Córdoba, Urabá antioqueño, Magdalena Medio, Pacífico sur (Cauca–Nariño), cuenca del río Cauca (Valle) y río Lebrija (Santander, Norte de Santander y sur del Cesar). La organización urgió a blindar la entrega de ayudas humanitarias para evitar su uso proselitista.

Esta situación es especialmente crítica en 161 puestos de votación en las CITREP 9 (Pacífico Medio), 14 (Sur de Córdoba) y 13 (Sur de Bolívar), donde cerca del 60 % del censo electoral de cada una de las dos primeras circunscripciones y el 16,6 % de la tercera están en riesgo. 

2. Revocatoria de inscripción de listas al Congreso

De acuerdo con Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “las recientes decisiones de revocatoria de inscripción de listas al Congreso por parte del CNE ponen de presente la necesidad de desarrollar y precisar en la legislación electoral las reglas que aplican a fusiones y coaliciones, así como de brindar mayor claridad sobre el alcance de las mismas en las consultas”.

La organización advirtió que las decisiones que se conocieron en las últimas semanas evidencian que el CNE y el Consejo de Estado no tienen criterios unificados sobre la aplicación del límite del 15 % para coaliciones previsto en el artículo 262 de la Constitución y que el alcance de la obligatoriedad de los resultados de las consultas para quienes participaron en las mismas no es claro. 

“Estas discrepancias entres las autoridades, y el hecho de que las interpretaciones hayan sido emitidas y aplicadas con posterioridad a la realización de las consultas, incrementan el riesgo de controversias judiciales y de debate público sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas electorales. Esto resulta especialmente relevante en un momento en el que el proceso electoral requiere decisiones claras, consistentes y suficientemente motivadas, que eviten interpretaciones cambiantes y preserven la seguridad jurídica”, aseguró Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

La organización recomendó al CNE aclarar cómo se garantiza el cumplimiento de la obligatoriedad de las consultas con los criterios adoptados, y garantizar que sus decisiones se basen en una metodología replicable en todas las circunscripciones y armonizada con los criterios del Consejo de Estado. Asimismo, que el próximo Congreso precise legislativamente las reglas sobre coaliciones, fusiones y escisiones y el alcance jurídico de las mismas en las consultas, con el objetivo de reducir incertidumbres.

3. Desinformación e integridad electoral

La discusión pública que se inició el pasado 16 de febrero de 2026 sobre el diligenciamiento del Formulario E-14, originada en declaraciones de autoridades públicas y las precisiones posteriores de la Registraduría, demuestra que los mensajes emitidos por autoridades distintas a la organización electoral pueden generar interpretaciones divergentes y causar confusión. Por ello, resulta clave que los lineamientos técnicos y procedimentales se transmitan desde la institucionalidad electoral, con criterios claros para reducir ambigüedades y prevenir su instrumentalización en redes sociales. 

En este contexto, la MOE resaltó la importancia de que la información sobre organización electoral —incluido el diligenciamiento de formularios como el E-14— sea comunicada de manera prioritaria y consistente por todas las autoridades competentes, con el fin de sumar esfuerzos a la información que al respecto está promoviendo la Registraduría a través de sus canales oficiales y con piezas pedagógicas verificables.

4. Implementación de la solución tecnológica para acreditación de actores electorales del CNE

El CNE contrató el servicio de acreditación de testigos electorales por $384.266.333.333. Este valor corresponde al 13,64 % del total de la contratación de la organización electoral asociada a las elecciones de Congreso y Presidencia 2026, con corte al 17 de febrero. El antecedente inmediato es el Contrato 026-2025, suscrito por el CNE para las consultas interpartidistas de octubre de 2025, por un valor de $35.500.000.000, lo que se traduce en un incremento del valor en un 982%. 

Según los estudios previos, en la consulta del año pasado se previó el soporte para la acreditación de un millón de testigos y observadores, mientras que para las elecciones nacionales de este año, se proyecta una acreditación cercana a seis millones. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con los comunicados de la Registraduría para las elecciones celebradas en el 2022 (Congreso y ambas vueltas presidenciales), se acreditaron menos de 700.000 testigos electorales.

En lo que tiene que ver con la prueba de uso de la plataforma, la observación electoral identificó fallas en la carga masiva de datos y falta de manuales accesibles, lo que genera dudas sobre la capacidad operativa del aplicativo en escenarios reales de implementación. “Es importante que estas limitaciones se atiendan oportunamente, a fin de que las acreditaciones se puedan realizar dentro de los plazos legalmente establecidos, garantizando de esta manera el adecuado ejercicio de los derechos de participación y vigilancia electoral”, dijo Barrios Cabrera.

5. Urgencia en reportes de financiación

A poco más de tres semanas de las elecciones a Congreso, el cumplimiento con el reporte financiero de las campañas es mínimo: de 2.891 candidaturas, solo 479 (16,5 %) han registrado información en Cuentas Claras. Para el Senado el reporte es de 20,19 %, mientras que para Cámara es de 14,41 %. 

“Instamos a los partidos a que activen sus protocolos para que los reportes se lleven a cabo dentro de la semana siguiente al hecho contable, con el fin de tener la información de manera oportuna y generar confianza en la financiación de la campañas, que suele ser objeto de cuestionamientos públicos”, dijo Muñoz, subdirector de la MOE.

La organización también informó que el rezago en los reportes se acentúa en circunscripciones especiales: en Senado indígena solo una candidatura de 24 registra información; en Cámara internacional solo cuatro de 43 candidaturas hicieron el reporte; y en Cámara afrodescendiente (124 candidaturas) y Cámara indígena (22 candidaturas) no hay registros de ingresos ni gastos. Además, en CITREP no aparecen reportes y no se evidencian candidaturas habilitadas para reportar.

En lo que tiene que ver con precandidaturas presidenciales, la MOE identificó, a través de herramientas de monitoreo de publicidad digital y en el periodo entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de febrero de 2026, un registro superior a los $5.573.000.000 en anuncios pautados en Facebook e Instagram, que corresponden a 34 campañas. Estas cifras son únicamente de las redes sociales de Meta, cuya biblioteca de anuncios está abierta. En otras redes sociales como X, TikTok, YouTube no es posible conocer este tipo de información.

Frente a esto, la MOE instó al CNE fortalecer el seguimiento de la propaganda electoral para la detección temprana de posibles inconsistencias en los reportes de las candidaturas y para incrementar la transparencia del proceso.

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