Bogotá, 21 de abril de 2022. Como parte del proceso de observación electoral, la Misión de Observación Electoral -MOE participó en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en la que, ante la ausencia de representantes del candidato a la presidencia Sergio Fajardo, destacó la importancia de que se generen las condiciones necesarias para que en ese espacio, como un escenario de articulación entre las diferentes autoridades y las organizaciones políticas, se brinden a todas las candidaturas e intervinientes en el proceso electoral las garantías necesarias, no sólo para plantear sus preocupaciones e inquietudes, sino para que estas sean aclaradas y atendidas.  

Asimismo, presentó el Sexto Informe parcial de observación electoral, en el que abordó entre otros, los temas siguientes:

1. Acceso a la información 

La cadena de fallas y errores en los sistemas informáticos, sumados a la información insuficiente por parte de la Organización Electoral en los comicios a Congreso, fracturaron la confianza en la organización de las elecciones y su desarrollo; produciendo -incluso- fuertes cuestionamientos que trascendieron a la legitimidad de sus resultados.

Por ello, con el propósito de recuperar la confianza en las elecciones de Presidencia de la República, la MOE considera que tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral, deben garantizar que la totalidad de la información asociada al proceso electoral presidencial sea pública, presentada en formatos accesibles y comprensibles, tanto para las organizaciones políticas, como para la ciudadanía y las misiones locales e internacionales de observación electoral. 

En particular, la MOE solicitó algunos elementos que son necesarios para el seguimiento y la verificación, tanto de la inscripción de cédulas como en las etapas de preconteo y escrutinio de estos comicios, para garantizar:

1. Que no se presenten nuevas afectaciones al derecho al voto, como ocurrió en las elecciones pasadas, producto de la falta de información oportuna sobre el puesto de votación en el que las y los ciudadanos están realmente inscritos, y las fallas en la página web de la Registraduría y la aplicación INFOVOTANTES. 
2. La trazabilidad de la totalidad de la información relativa a los resultados electorales en el preconteo y los escrutinios, para que las organizaciones políticas y la sociedad civil puedan detectar de manera temprana cualquier tipo de inconsistencia que se pueda presentar en las distintas etapas de consolidación de los resultados. 

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “contar con esta información constituye un paso mínimo e indispensable para restaurar la confianza en el proceso electoral, y solventar las legítimas dudas de la ciudadanía frente al correcto desarrollo de los comicios”. 

2. Participación indebida de funcionarios públicos en política

Dentro de las irregularidades que la ciudadanía ha comunicado a la MOE a través de la plataforma www.pilasconelvoto.com, se destacan los reportes relacionados con la posible participación indebida en política de funcionarios públicos de diferente nivel, incluyendo al Presidente de la República y funcionarios de alto perfil, quienes haciendo uso de su cargo expresan apoyo a candidaturas políticas. 

De acuerdo a la MOE, la participación indebida en política de funcionarios públicos puede afectar, entre otros, el principio de imparcialidad de la función pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y la libertad política de las personas votantes. Por lo anterior, la MOE reiteró el llamado a los funcionarios con cualquier tipo de autoridad política, civil o administrativa, especialmente a aquellos que ocupan altos cargos, incluyendo al Presidente de la República, a que se abstengan de manifestar públicamente cualquier tipo de preferencia política o de intervenir en las controversias que surgen en el debate electoral. 

Asimismo, la MOE le solicitó a la Procuraduría General de la Nación adelantar las acciones preventivas necesarias ante denuncias o actuaciones que favorezcan una determinada campaña, así como avanzar en la pronta investigación de los hechos reportados por la ciudadanía y los medios de comunicación.

3. Publicidad en las campañas electorales

De otra parte, Camilo Mancera, Coordinador de Justicia Electoral de la MOE informó que “a la fecha también son múltiples los reportes y denuncias sobre publicidad excesiva, tanto en www.pilasconelvoto.com, como en medios de comunicación. Sin embargo, se desconocen las acciones adelantadas en los Tribunales de Garantías Electorales, que están llamados a ejercer el control de la financiación y la publicidad electoral, lo que puede generar un desequilibrio en el desarrollo del proceso electoral.” 

Por esta razón, en el Informe se señaló la necesidad de garantizar el funcionamiento efectivo de los Tribunales de Garantías, y que se informaran los hallazgos que se han hecho en cada uno de los departamentos en torno a la publicidad (vallas, cuñas radiales y avisos en prensa escrita) desplegada por cada una de las campañas, un contraste de la publicidad con lo reportado por las candidaturas, así como el número de denuncias que han sido presentadas.

4. Financiación de las campañas presidenciales

La MOE destacó asimismo el bajo nivel de reporte de ingresos y gastos de campaña por parte de los candidatos y candidatas presidenciales. Hasta el 18 de abril de 2022, en la herramienta Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, de las ocho (8) candidaturas inscritas en la contienda, solo cuatro (4) informaron ingresos y apenas dos (2) registraron algún gasto, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Lo reportado dista de la realidad, pues esta contienda electoral se ha caracterizado por el desarrollo de reuniones masivas, eventos en espacio público, distribución de propaganda electoral, pautas publicitarias en medios de comunicación, vallas ubicadas en diferentes lugares del país y acciones marketing tradicional -como el volanteo-, sin que existan reportes suficientes y claros sobres los dineros invertidos en estas actividades.

Cabe recordar que el artículo 3 de la Resolución 8586 de 2021 emitida por el CNE, señala que las distintas candidaturas están obligadas a reportar todos los ingresos que reciban y todos los gastos en los que incurran en la semana siguiente a que esto ocurra. 

Para Barrios, “es indispensable que las candidaturas a la presidencia cumplan con su obligación de reportar dentro de los términos legales, el origen, monto y destinación de los recursos que se emplean durante las campañas. Solo así se fortalece la transparencia de las elecciones, se generan mayores garantías de equilibrio en la contienda electoral y confianza en la ciudadanía”.

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Mónica Acosta López, coordinadora de comunicaciones. 312 320 37 79

monica.acosta@moe.org.co

Bogotá, 1 de marzo de 2022. La Misión de Observación Electoral – MOE, presenta el Cuarto  Informe de Observación Electoral, el cual fue entregado a las entidades estatales en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral celebrada el día de hoy, convocada por el Ministerio del Interior. En el informe se identificaron diversos obstáculos y preocupaciones que pueden afectar la transparencia y el acceso a la información, en particular, en el funcionamiento de las distintas herramientas tecnológicas; la violencia incremental, que se evidencia a 13 días de la jornada electoral, y que afecta tanto el ejercicio del derecho al voto de los habitantes de las zonas rurales de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP; como las garantías que se deben brindar para que las candidaturas den a conocer sus propuestas en condiciones de igualdad. 

En cuanto a la transparencia y el acceso a la información, se reiteraron peticiones que ya se habían formulado en informes y comunicaciones anteriores, mismas que requieren ser atendidas en el transcurso de la semana, a fin de generar garantías y certeza a la ciudadanía, en el desarrollo de las etapas más relevantes del proceso electoral. 

En particular, para garantizar, por una parte, la publicidad y consolidación definitiva del censo electoral, ante 300,000 ciudadanos cuya inscripción no quedó en firme. Para la Alejandra Barrios, directora de la MOE: “Es preocupante el que muchas personas tengan una convicción equivocada de que su inscripción está en firme, cuando no es así y esta situación lleve a alteraciones o afectaciones durante la jornada electoral, pues al acudir al puesto en el que se inscribieron, no tendrán la posibilidad de votar”.

Por otra, para garantizar el acceso al software para el sorteo y designación de jurados de votación, pues se trata del mecanismo de selección de quienes recibirán y contarán los votos de la ciudadanía.

Por último, en cuanto a los software de escrutinio, derivado de la propiedad parcial del Estado, y la ausencia de información y garantías suficientes en torno tanto al desarrollo de los mismos, como a la realización de las respectivas auditorías. Por ello, en el Informe se solicitó a la RNEC garantizar el conocimiento público sobre la forma en que se desarrollarán los escrutinios, las medidas de seguridad e integridad de la información que se tienen previstas, y el acceso a todos los documentos electorales que se generen con ocasión del conteo de votos y escrutinios, de tal forma que cualquier persona pueda llevar una trazabilidad de la información relativa a los resultados electorales.

Al respecto, “la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para un proceso electoral confiable. Históricamente, la MOE, la prensa y la ciudadanía han contado con mucha mayor información de la que ha sido posible en este proceso electoral”, afirma Barrios.

Por otra parte, a 13 días de las elecciones del Congreso de la República, el país se ha visto inmerso en un contexto de violencia sin precedentes, caracterizado por agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales, la presencia y el accionar de diferentes Grupos Armados Ilegales – GAI, desplazamientos masivos y confinamientos, así como el paro armado del ELN que paralizó varias regiones del país.

Ante este contexto, la MOE enfatizó en la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía, en particular, de los habitantes de las zonas rurales de las CITREP, ante posibles decisiones de suspensión o reubicación de puestos de votación.

Para la MOE, la suspensión de algún puesto de votación desvirtuaría la intención del acto legislativo que dio vida a las 16 curules de paz, pues este precisamente buscaba cubrir y brindar institucionalidad a las zonas más afectadas por el conflicto. Asimismo, supondría reconocer que el Estado no fue capaz de garantizar el voto en estos territorios.   

Por su parte, la decisión de reubicar cualquier puesto debe tomarse sólo ante circunstancias graves y excepcionales, y previa aprobación de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento correspondiente. Para Barrios, “es imprescindible que se cuente con criterios claros para tomar decisiones de esta naturaleza, que afectan directamente el derecho al voto. Por lo que debe establecerse un protocolo para definir bajo qué circunstancias y criterios se recomendaría el cierre o la reubicación de algún puesto de votación, y qué medidas tendría que implementar la Registraduría para minimizar las afectaciones a la ciudadanía.”

En torno a las garantías que se deben brindar para que las candidaturas, particularmente las CITREP, den a conocer sus propuestas en condiciones de igualdad, en el informe se reiteran los llamados y solicitudes que se han formulado, y que incluso fueron retomados en la alerta generada por el CNE, en torno a que tanto el Gobierno Nacional, como otras entidades con competencias electorales, adopten medidas para hacer frente a los obstáculos que las candidaturas enfrentan tanto para acceder a la financiación por concepto de anticipo, como para que la ciudadanía cuente con la información suficiente para ejercer su voto. 

En cuanto a la revocatoria de inscripción de candidaturas, se solicitó claridad de los requisitos inhabilitantes relacionados a la no pertenencia ni participación previa en representación de partidos y movimientos políticos de las personas candidatas a las CITREP, y de no hacerse así, que se generen las garantías para que como consecuencia no se termine afectando la representación política a través de la silla vacía por esta causa.

Para Barrios, “la confianza en las elecciones solo se puede generar si la ciudadanía cuenta con garantías suficientes de que podrán participar en la elección de sus representantes en libertad y con seguridad. Esto solo es posible si las autoridades brindan información suficiente y garantías en todas las etapas del proceso electoral. Hasta hoy, esto no ha sucedido, por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la organización electoral, para que en los 13 días restantes garanticen elecciones transparentes y seguras”.

Si desea ver el informe completo presentado ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales: 

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Santa Marta, 22 de febrero de 2022. En el marco del Consejo extraordinario de Seguridad convocado por la Gobernación de Magdalena, ante las reiteradas denuncias de campañas y candidatos de afectaciones por parte de los grupos armados organizados, y el aumento en el número de agresiones contra líderes políticos, la Misión de Observación Electoral – MOE manifiesta su preocupación de que estos hechos se vayan incrementando a medida que se acerca el día de las elecciones. Sobre todo si se tienen en cuenta los antecedentes de violencia política y constreñimiento electoral armado en esta región.

Es necesario resaltar que en casi la totalidad de los municipios del departamento de Magdalena confluye la presencia del grupo armado Clan del Golfo, y de delincuencia organizada “Los Pachencas”, lo que ha llevado a que la MOE alerte su preocupación por las afectaciones que estos grupos puedan generar al proceso electoral; que a la fecha se ha manifestado a través de 16 hechos de violencia política y un atentado contra un candidato a la Circunscripción de paz. 

De manera particular, la MOE llama la atención sobre los riesgos indicativos de fraude electoral que se identifican en 17 de los 29 municipios del departamento. Dentro de estos, destacan Cerro San Antonio, Tenerife, Pedraza y Zapayán, que se encuentran en una situación de riesgo extremo. En tal sentido, la MOE destaca la importancia de la presencia tanto de la Policía, como de la Fiscalía y Procuraduría en estos municipios.  

Otro de los reclamos más reiterados en el Consejo fue la indebida participación en política por parte de funcionarios públicos, debido a que podrían estar utilizando su cargo para participar en la contienda electoral, lo cual puede significar un desequilibrio en la campaña. La MOE le reitera a todos los funcionarios la prohibición de participar en política y hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes. 

Finalmente, la MOE destaca la importancia de la celebración del Consejo de Seguridad, al que asistieron las autoridades departamentales y distritales para adoptar medidas frente a los riesgos electorales detectados. Al respecto, Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral – MOE, señaló la importancia de que funcionarios del orden nacional tanto del Ministerio del Interior como de Defensa acompañen estos Consejos de Seguridad y de Convivencia Ampliados. 

Por otra parte, la MOE manifiesta su preocupación y rechazo al anuncio de paro armado a llevarse a cabo entre el 23 y el 26 de febrero, realizado por el Ejército de Liberación Nacional – ELN, el pasado domingo 20 de febrero, a través de un panfleto, lo que ya está generando problemas de transporte y comercio, en las zonas del país con presencia de este grupo armado.

De acuerdo con los registros de la MOE, el ELN hace presencia en 91 municipios del país (8%), de los cuales más de la mitad hacen parte de los 167 municipios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Lo anterior significa que el efecto del paro armado se dará precisamente en las regiones donde se elegirán las curules de paz.

Sumado a lo anterior, este paro armado profundizará la crisis humanitaria, de seguridad y orden público por la que actualmente está atravesando Chocó y que ha sido fuertemente advertida por los representantes de la Iglesia en ese departamento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE reitera el llamado al ELN a suspender la realización del paro armado, y hacer un cese al fuego en las semanas que restan hasta las elecciones. Lo anterior debido a que, “la población más afectada por el paro armado es precisamente aquella que más ha sufrido el conflicto y que ha sido víctima del mismo. De continuar con el paro armado, será el ELN quien restrinja el derecho, de que por primera vez, todas esas voces sean escuchadas y representadas en el Congreso de la República,” afirmó Alejandra Barrios, Directora de la MOE.

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01 de febrero de 2022

El 23 de marzo de 2021 la MOE hizo el lanzamiento oficial de la Observación Electoral con ocasión a las elecciones del Congreso y Presidencia de la República que se realizarán en el 2022. A partir de esa fecha, la Organización viene adelantando un seguimiento al proceso electoral, convocada por el Ministerio del Interior,. En atención a esto presentamos a los miembros e invitados que conforman este escenario el siguiente informe parcial de observación electoral:

Aún no se conoce la ubicación de los nuevos puestos de votación rurales de las Curules de Paz, por lo que tampoco se sabe cómo será el proceso de inscripción de cédulas para los votantes en estos nuevos puestos de votación.

En lo corrido del año van 511 acciones de grupos armados en los municipios en los que se votarán las CTEP, por lo que las autoridades deben garantizar la seguridad de estas poblaciones y sus puestos de votación.

30 de noviembre de 2021. La semana pasada, la Misión de Observación Electoral – MOE, envió una carta al ministro del interior, Daniel Palacios, pidiéndole convocar con carácter de urgencia una Comisión de Seguimiento Electoral para antes del domingo, 5 de diciembre del 2021, día en el que se realizarán las elecciones elecciones de Consejos Municipales de Juventud. Esta comisión de seguimiento es necesaria para analizar la preparación de estos comicios y mitigar los posibles riesgos del proceso electoral de los jóvenes.

Por otro lado, el próximo año por primera vez, se elegirán las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, cuya inscripción de candidatos está abierta desde el pasado 13 de noviembre y cerrará el 13 de diciembre.

Así las cosas, es prioritario: estudiar las posibles dificultades en los procesos de postulación de candidatos, registro de las organizaciones con derecho a participar, conformación de las listas y entrega de los anticipos para la financiación de las campañas. 

También es de vital importancia dialogar sobre la ubicación de los nuevos puestos de votación y garantizar que sean seguros para los votantes; analizar cómo van las campañas de cedulación por parte de la Registraduría del Estado Civil; garantizar a los candidatos el acceso a medios de comunicación para que puedan realizar sus campañas de manera efectiva; evaluar la pedagogía sobre la reglamentación e implementación de las curules de paz; y examinar la creación de los Tribunales Electorales Transitorios de Paz.

Desde la Misión de Observación Electoral consideramos prioritario que todos los temas mencionados sean analizados por parte de una comisión de seguimiento electoral. Pues de esto depende que se realicen unas votaciones transparentes, en la que se cumpla el objetivo del Acuerdo Final de Paz, se les garantice el acceso a escenarios democráticos a las víctimas del conflicto armado y la representación política a los territorios más afectados por la violencia.

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8 de noviembre de 2021.  La Misión de Observación Electoral – MOE, reconoce la gestión adelantada por el Gobierno Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC y el Consejo Nacional Electoral – CNE, para establecer oportunamente las reglas de juego de las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CTEP, teniendo en cuenta las dificultades del contexto en que fue aprobado el Acto Legislativo 02 de 2021. Sin embargo, es necesario dar a conocer las alertas que surgen a partir de las mencionadas reglamentaciones, mismas que aún pueden ser subsanables.

“Si bien el Acto Legislativo está vinculado al ejercicio del derecho político de las víctimas, la normatividad secundaria expedida por las autoridades no debe establecer restricciones adicionales a las previstas en la Constitución”, afirma Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE. Al respecto, tanto el Decreto 1207 del Gobierno Nacional, como la Resolución 10592 de 2021 de la RNEC, imponen requisitos adicionales y excesivos para acreditar la existencia y derecho a postulación de las organizaciones, dificultando el derecho de las víctimas de participar en política.

A ello se suma el hecho de que el Decreto establece que por incumplimiento de las disposiciones constitucionales alrededor de las Curules de Paz o CTEP, se da efecto a la Silla Vacía, dejando a las víctimas sin representación en la Cámara. Esta medida, de acuerdo con Barrios, “es inconstitucional por tres razones: i) se trata de una medida administrativa no prevista ni en la Constitución, ni en la ley; ii) se da un trato diferenciado y desfavorable a las personas que ocupan las curules de CTEP y; iii) en contra de la intención de la creación de las circunscripciones, se afecta la representación de las víctimas”.

En cuanto a la reglamentación adelantada por el CNE, se destaca con preocupación que no obstante el Acto Legislativo previó una financiación preponderantemente estatal, la proyección del valor del anticipo será desproporcionadamente baja, en la medida en que está sujeta a la inscripción de cédulas en la zona rural, que solo tendrá un mes de desarrollo, a partir del 14 de noviembre, al momento de estimar los montos de los anticipos. 

Aunado a esto, se limita la participación al establecerse la obligación de los promotores de las candidaturas de tramitar una póliza de garantía para financiar la campaña de los candidatos inscritos. Sumado a ello, las reglas en materia de recepción de donaciones y para la rendición de cuentas, son más exigentes para las candidaturas de las CTEP que para las ordinarias. 

Para Camilo Mancera, coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE, a pesar de que las candidaturas de las CTEP tienen características diferenciales como no ser organizaciones políticas, desarrollar campañas en zonas rurales, y participar con diferentes condiciones y reglamentaciones que las candidaturas ordinarias, “la exigencia de la póliza limita su participación por dos razones: i) se requieren recursos o garantías reales para respaldar la póliza, lo que conlleva la necesidad de disponer un monto de recursos significativo y; ii) es una población que en su mayoría se encuentra en zonas rurales y por ende la posibilidad de acceder a entidades que emitan pólizas de garantías, es complicada”.

Por lo que hace a las reglas en materia de publicidad, estas obligan a los proveedores y a las candidaturas a brindar información al CNE sobre la publicidad contratada. La MOE encuentra que son medidas que avanzan en la transparencia de la financiación de las campañas, por lo que no solo deben ser exigidas a las candidaturas que aspiran por las curules de las CTEP, sino también para las de la circunscripción ordinaria. Pues de no incorporarse una exigencia igual a todas las candidaturas, la diferenciación injustificada derivaría en una inconstitucionalidad de la norma.

Por su parte, Barrios, recuerda que las CTEP tienen múltiples dificultades en materia de participación y seguridad, que no pueden pasarse por alto. En específico, 89 municipios pertenecientes a dichas circunscripciones (el 53%) presentan una dificultad de acceso a puestos de votación. Por ejemplo, “los ciudadanos en La Tunia, centro poblado ubicado en San José del Guaviare (Caquetá), para poder ejercer su derecho al voto deben desplazarse al menos 68 Km en donde no hay vías de comunicación o medios de transporte que faciliten este desplazamiento”. Dicha situación se replica en once municipios en donde hay un puesto cada 1.311 km².

Desde enero del 2016 hasta el 13 de octubre de este año, en 137 de los 167 municipios de CTEP han tenido lugar hechos de violencia contra líderes, lo que demuestra que las dinámicas de conflicto aún persisten en estos territorios. Pues tan solo en este 2021, la MOE ha registrado 146 agresiones, de las cuales 44 son asesinatos. Es decir, que uno de cada dos asesinatos contra líderes ocurre en municipios CTEP.

Cabe resaltar que el 34% (52) de los hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunales registrados en CTEP, tuvieron lugar en territorios rurales. En palabras de Alejandra Barrios “dos tercios de las agresiones registradas por la MOE en zonas rurales de municipios CTEP son asesinatos, por lo que las medidas de seguridad que se adopten para las candidaturas deben estar diferenciadas de acuerdo al territorio y al tipo de liderazgo”.

Para la MOE estos datos son evidencia del reto y la necesidad de que la institucionalidad adopte medidas que propicien la participación de la población, tanto en términos de candidaturas, como de votación en los comicios electorales. Esto, a través de un enfoque que considere las características especiales de la ruralidad de las CTEP y que, con base en ello, otorgue las garantías de seguridad necesarias y dé paso a la instalación de nuevos puestos de votación en un ejercicio de inclusión y a una reglamentación clara, que se ajuste a dichas características. 

Ver informe completo en: https://www.moe.org.co/tercer-informe-de-circunscripciones-transitorias-especiales-de-paz/

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8 de abril de 2021. La Misión de Observación Electoral -MOE- presentó ante la Corte Constitucional su intervención sobre la reforma del Código Electoral, aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado, y que al momento está en estudio por parte del alto tribunal. Se espera que varias medidas de esta ley estatutaria empiecen a regir para los comicios de Congreso y Presidencia del próximo año.

Frente a este proyecto, la MOE abordó 11 temas que considera indispensables para la construcción de una democracia conforme a los principios de transparencia e igualdad, que además responda a las dinámicas y exigencias políticas y sociales del país.

Conformación de listas paritarias, participación de la población LGBTIQ+ en política, modificaciones en la Ventanilla Única Electoral, garantías para el acceso permanente y gratuito a la información pública de los procesos electorales por parte de la Registraduría General de la Nación y la eliminación de nuevas reglas que desincentivan la observación electoral, son algunas de las solicitudes hechas a Jorge Enrique Ibañez Najar, magistrado de la Corte Constitucional que encabeza la revisión del proyecto de ley.

La Constitución Política Colombiana consagra el principio de igualdad real y material, esto significa que el Estado está obligado a adoptar medidas en favor de grupos históricamente excluidos o discriminados para el goce efectivo de sus derechos políticos, como el caso de las mujeres y la población LGBTIQ+ en el sistema político-electoral. 

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral -MOE-, “se reconocen los avances al incorporar la paridad en algunas de las listas. Sin embargo, pedimos a la Corte declarar la inconstitucionalidad de los apartados que establecen una cuota inferior al 50%. Estos van en contravía del principio de igualdad ante la ley y de los principios de paridad y universalidad frente a la mujer en política, pues injustificadamente establecen un trato diferenciado en perjuicio de las mujeres que se encuentran en los departamentos con listas que eligen menos de 5 curules, lo que impacta de manera particular las listas a Cámara de Representantes”.

La MOE también reconoce como importante el artículo 85, que promueve la inclusión de la población LGBTIQ+ en las organizaciones políticas. Sin embargo, dicha medida termina dependiendo de la voluntad de estas agrupaciones y esto afecta la implementación del principio de igualdad frente a esta población.

Por eso le pide a la Corte Constitucional que se eliminen los requisitos adicionales que establece el Código, los cuales se traducen en obstáculos para la inclusión de las personas LBTIQ+, y en su lugar se establezca como obligatoria la adopción de medidas que promuevan su inclusión al interior de dichas organizaciones.  

Sobre los artículos 21, 23 y 25, referentes a los nombramientos de los distintos funcionarios, Barrios insiste ante la Corte en la necesidad de que todos los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pertenezcan a la carrera administrativa especial. Es decir, que hagan parte de un proceso de concurso de méritos y con esto se garantice la imparcialidad de las autoridades electorales. 

En la intervención de la MOE ante la Corte Constitucional, se solicitó que en la contratación celebrada por la Organización Electoral la licitación sea la regla general. Esto con el fin de que la seguridad y defensa nacional, enfocada en la protección del territorio y sus legítimas instituciones, se garantice con la adecuada selección de oferentes y con un proceso de adjudicación transparente, no con mecanismos directos que incurran en el riesgo de desviación o abuso de poder.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de proporcionar los documentos electorales. Al tratarse de una entidad pública, debe garantizar la entrega de esta información de manera gratuita y transparente acorde a la Constitución. Sin embargo, el artículo 179 establece el cobro para el acceso a la información a los datos electorales a través de canales dedicados, lo que afecta el principio de transparencia. Por lo que se le pide a la Corte Constitucional que el acceso a los datos por dichos medios, sea gratuito.

El proyecto de Código Electoral contempla sanciones desproporcionadas y violatorias al derecho de todo ciudadano de ejercer control al poder político, al proponer multas de hasta 3 smlmv a quienes realizan observación electoral. Esto afecta la participación no partidaria de la ciudadanía en los procesos electorales, brindándoles un trato desigual en comparación con los testigos electorales a quienes no se les imponen multas por conductas similares.  

Para la directora de la MOE, el artículo 151, “puede generar un desincentivo entre la ciudadanía, pues el uso excesivo del régimen sancionatorio podría entenderse como una barrera al ejercicio de observación electoral e incluso como un instrumento de coacción e intimidación que pueden usar aquellas personas y servidores públicos que no vean con agrado la labor de veeduría a la transparencia de las elecciones”. 

La conformación del Congreso está sujeta a la voluntad ciudadana que se manifiesta en las urnas. Esto implica que el compromiso de la persona u organización política elegida, no sólo llega hasta las votaciones sino que continúa hasta el desarrollo de su gestión en el cargo, incluyendo sus decisiones y posturas en el debate político. Por esto, la MOE le pide a la Corte Constitucional que las coaliciones actúen en bancada, como un deber y no como una posibilidad. De no ser así, se corre el riesgo de generar una defraudación a la voluntad del elector y por consiguiente se afecta el principio democrático y a la misma democracia representativa. 

La actuación de la Corte Constitucional respecto del proyecto de Código Electoral tiene un impacto enorme sobre cómo se desarrollarán los próximos procesos electorales, pero más allá de eso, está también en sus manos garantizar que lo aprobado en el Congreso de la República asegure una democracia participativa, transparente e incluyente.

Para consultar el texto completo de la intervención de la MOE ante la Corte Constitucional, ver el vínculo:https://www.moe.org.co/intervencion-frente-a-la-corte-constitucional-sobre-el-codigo-electoral/

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