La Constitución Política de 1991 contempló a los partidos y movimientos políticos como sujetos de derechos, tal es así que el artículo 107 constitucional original señaló que los ciudadanos podían fundar, organizar y desarrollar estas organizaciones políticas con total libertad. El artículo precitado fue desarrollado legalmente por la ley 130 de 1994, contemplando obligaciones y responsabilidades para las agrupaciones políticas.

Una de las herramientas creada para la depuración de listas de candidatos con tachas de inhabilidad o incumplimiento de requisitos es la revocatoria de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Esta figura se institucionalizó con la reforma electoral de 2009 (acto legislativo 01) y posteriormente se reforzó la con ley 1475 de 2011, la cual es de carácter administrativo y puede ser presentada por cualquier ciudadano, así mismo debe ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral antes de la elección de los candidatos.

El origen de su complejidad radica en la hibridación problemática que se ha hecho en Colombia entre una normatividad arcaica, excesiva y dispersa, y modernos sistemas digitales de procesamiento de la información.

Esta situación es habilitada por la complejidad del proceso electoral, que trae consigo no solamente dificultades en lo que a participación en política se refiere, sino que así mismo en la investigación penal de los delitos que atentan contra la participación democrática, también conocidos como delitos electorales. Reglamentación con múltiples vacíos, procedimientos complejos y confusos junto a una precaria cultura de transparencia política, se convierte en un escenario idóneo para competir fraudulentamente en los procesos democráticos y aún más grave, con una probabilidad muy alta de que haya impunidad frente a estas conductas.