1) aumentar el porcentaje de distribución equitativa del Fondo Nacional de Financiación Política para FFOP del 10% al 35%; 2) establecer una cifra del 15% para la FFOP en las circunscripciones especiales transitorias de paz; 3) diseñar un sistema transitorio de personería jurídica para nuevas organizaciones políticas por ocho años, asociado al número de afiliados; 4) suspender la personería jurídica por ocho años a las organizaciones políticas que violen la legislación sobre financiación política.

Pero el concepto más cercano de representación lo ubicamos en el siglo XIV con el derecho de corporación de la época medieval. La democracia representativa ha venido evolucionando con el tiempo y tanto el concepto de soberanía popular como el de separación de poderes le son indisociables. Se pasó de una democracia representativa propia del siglo XIX a una crisis de la representación y al nacimiento de la democracia participativa que surgió hacia los años sesenta. Y ahora nuevamente se está frente a una crisis de la participación.

La Constitución de 1991 en su artículo 86 consagró la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales y su eficacia ha permitido evidenciar situaciones de violación de derechos y hacerles frente, a través de las órdenes impartidas por los jueces. Esta acción es, sin duda, uno de los principales mecanismos que introdujo la Constitución para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas. Gracias a la tutela, muchos individuos y colectivos en situación de vulnerabilidad han logrado que sus derechos sean protegidos a través de órdenes impartidas por un juez de la República. El electoral es uno de los muchos campos en los cuales es posible interponer una acción de tutela con el fin de frenar acciones u omisiones de autoridades públicas –y en ciertos casos de particulares– que vulneren o amenacen los derechos de las personas.

La Constitución Política de 1991 contempló a los partidos y movimientos políticos como sujetos de derechos, tal es así que el artículo 107 constitucional original señaló que los ciudadanos podían fundar, organizar y desarrollar estas organizaciones políticas con total libertad. El artículo precitado fue desarrollado legalmente por la ley 130 de 1994, contemplando obligaciones y responsabilidades para las agrupaciones políticas.

Colombia se ha caracterizado por tener una gran dispersión normativa generada por reformas parciales al sistema político y electoral. Lo anterior ha tenido como consecuencia que en el país, desde la vigencia de la Constitución de 1991, estos procesos electorales se vean rodeados de una falta de claridad en su desarrollo, afectando las garantías de transparencia de las elecciones. De esta manera, la MOE publica en este documento de forma clara y breve, algunas de las actuaciones, inhabilidades y conceptos esenciales para el desarrollo  de las elecciones colombianas.

1. Inscripción de cédulas

Entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de agosto de 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de autoridades locales del 27 de octubre de 2019. Todo lo que debe saber sobre esto lo encuentra aquí.

2. Inscripción de candidatos

El aval es una manifestación de la voluntad que posibilita una candidatura y garantiza las condiciones morales y calidades del ciudadano beneficiario. Le contamos el paso a paso que deben cumplir los candidatos que buscan ser elegidos el 27 de octubre.

3.Calidades e Inhabilidades candidatos a cargos de elección popular

El constituyente o el legislador están facultados para restringir el derecho a ser elegido a través de la consagración de unas calidades específicas para acceder a un cargo público, o prohibirlo instaurando un riguroso régimen de inhabilidades.

4. Propaganda electoral

La Ley 1475 de 2011 en su artículo 34 define la campaña electoral como el conjunto de actividades realizadas con el propósito de
convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo.

5. Financiación Electoral

Reglas sobre la financiación de las campañas electorales de autoridades locales.

6. Ley de Garantías

Busca brindar garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones 2019. Es una serie de prohibiciones que garantizará el equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral.

7. Testigos Electorales

Los testigos electorales son ciudadanos que por mandato legal representan a la organización política a la que pertenecen para a ejercer vigilancia durante la votación y los escrutinios.

8. Jurados de Votación

Los jurados de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones, realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales.

9. Decreto de orden público

Para cada evento electoral, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, emite a través de decreto, una serie de medidas que tienen como propósito garantizar la seguridad tanto de los candidatos como de los ciudadanos. Este es el decreto 2019.

10. Día Electoral

En el día de las elecciones se da inicio, desarrollo y fin a las votaciones. Para cumplir con cada una de estas etapas, se deben respetar ciertos protocolos. Dichos protocolos rigen sobre cada una de las actividades que componen el día de las elecciones.

11. Proceso de Escrutinio

Es la verificación y consolidación de los resultados electorales. Durante los escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor de un candidato o lista de candidatos.

12. Ruta electoral completa

Encuentre aquí, en un solo documento, todos los procesos anteriores.