Miguel Uribe Turbay murió asesinado mientras hacía campaña política en un barrio al occidente de Bogotá. Era uno de los precandidatos del Centro Democrático, partido de oposición al primer gobierno de izquierda en Colombia, y el competidor más joven de esta contienda.
Su asesinato golpeó a su familia, amigos y a su partido. Pero también transformó el rumbo de la campaña presidencial de 2026. CAMBIO conversó con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre el doloroso episodio que vive el país y los retos que ahora tienen el Gobierno y los partidos, quienes deben comprometerse con garantizar la seguridad de las elecciones y bajar el tono de los discursos políticos.
CAMBIO: El asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay es una muestra de que la violencia política no ha desaparecido y, al mismo tiempo, nos devuelve 30 años atrás.
Alejandra Barrios: Desde la MOE hacemos extensivos nuestros más profundos sentimientos de pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, así como a los militantes y simpatizantes del Centro Democrático. Es un episodio que no debería ocurrir en una democracia y cambia completamente la dinámica electoral. Nos pone unas exigencias muy fuertes en términos de reestructurar estrategias y métodos de análisis para hacer de los procesos electorales escenarios seguros.
CAMBIO: A propósito de las dinámicas que cambian y de violencia política en el país, ¿cómo está la situación en términos de cifras en las distintas regiones?
A.B.: Nuestras cifras muestran que, desde principios de este 2025 y hasta el 8 de julio, tenemos 208 hechos de violencia en contra de liderazgos políticos, sociales y comunales. Con una particularidad: hay una concentración de más del 50 por ciento en los liderazgos políticos.
Esto es relevante porque antes la violencia contra liderazgos políticos solo se concentraba en periodos electorales. Después de la firma del Acuerdo de Paz, los hechos eran en contra de liderazgos sociales, y después de la pandemia se incrementó la violencia contra los liderazgos comunales. Todo, al mismo tiempo que aumentó el número de actores armados en el territorio. A partir de 2021 empezamos a ver un cambio de tendencia, que se mantiene en 2022 y muestra un incremento en la violencia contra aquellos que ejercen cargos públicos, fueron candidatos o tienen cargos de representación popular.
CAMBIO: Usted menciona que el panorama cambió un poco luego de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Cuál fue esa diferencia en términos de cifras?
A.B.: Los datos no son comparables. Indiscutiblemente, antes del proceso de paz teníamos un número muy alto de acciones armadas. Además, teníamos unas zonas del país con una amplia presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), principalmente en el suroccidente del país. Ellos tenían control político, territorial, declaraban paros armados en la semana de elecciones y convertían en objetivo militar a aquellos que se movilizaban para votar. Ese era el mundo de Colombia antes del proceso de paz.
Después de 2016 tuvimos un proceso tranquilo. Quienes le hacíamos seguimiento a las elecciones en ese momento señalamos que fue el proceso más tranquilo que había tenido el país en los últimos años. Pero eso nos duró muy poco.
CAMBIO: ¿Por qué?
A.B.: En el siguiente periodo electoral se incrementaron las acciones armadas. Solo por poner un ejemplo, en 2021 el 41 por ciento de los hechos estaban dirigidos a liderazgos políticos. Ese sería el equivalente a este año, que es justo antes de las elecciones. En este 2025 tenemos un 51 por ciento de hechos violentos concentrados en liderazgos políticos. Entonces, tenemos un incremento sostenido, que se ha manifestado en los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bolívar.
CAMBIO: ¿Cómo era el escenario de violencia cuando la oposición era la izquierda y cómo ha sido ahora que es la derecha?
A.B.: Antes teníamos una violencia mucho más marcada y dirigida a las organizaciones políticas de izquierda en varios municipios, pero principalmente en los departamentos de la costa Caribe, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. Había una narrativa oficial que asociaba la violencia política con el conflicto armado, con la presencia de la guerrilla y había una alta concentración de las agresiones a los líderes de la oposición.
Hoy no tenemos evidencias que señalen que frente a una organización política o postura ideológica en particular se están presentando los atentados, las amenazas y los hechos de violencia. Pero tenemos un fenómeno que está llamando la atención: cerca del 20 por ciento de los hechos de violencia política de este 2025 se concentran en partidos de centro-derecha y derecha. Con una concentración en el suroccidente del país, así como en Arauca, Catatumbo y algunas zonas del Chocó. Sin embargo, en otras zonas del país la violencia se dirige más hacia líderes de izquierda, particularmente en la costa Caribe, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar.
CAMBIO: Entonces hay un cambio en el mapa de violencia política…
A.B.: Hay un cambio. Pero estamos en un momento de tránsito y no podemos decir que así será el mapa de violencia política o que hay una caracterización específica para eliminar a una organización, como pasó en la década de los 80 con la Unión Patriótica (UP). Hoy es más microterritorializado y de acuerdo a los grupos armados que están en los territorios.
CAMBIO: Decíamos antes que el asesinato del senador golpea a una familia, a un sector y cambia la dinámica de la campaña. ¿Qué retos tendrá ahora el Gobierno y los partidos para garantizar que este tipo de episodios no se repitan?
A.B.: Hay un antes y un después, e implica una modificación clara de las estrategias y las acciones que se venían implementando para proteger a los precandidatos. Hace 30 años no se presentaba un magnicidio y hay que revisar lo que se hacía en ese momento, cuando el ejercicio de proselitismo electoral se trasladó a la radio, la prensa y la televisión. No se hacía en la calle, porque era la forma de garantizar la vida. Luego hubo un cambio y se permitió algo muy importante para un Estado democrático, que fue llevar la política a la calle.
Hoy todo eso cambió y lo primero que debe hacer la Fiscalía es avanzar en la identificación de los autores intelectuales, porque es necesario entender qué se buscaba. Con esas claridades, se podrá ser mucho más asertivo en las estrategias que se deben implementar para brindar garantías a las más de 70 personas que han anunciado su intención de aspirar a la presidencia.
CAMBIO: Pero a grandes rasgos, es claro que se debe aumentar la seguridad de algunos candidatos…
A.B.: Pero no se pueden hacer estrategias para todo el país y para todos los candidatos y partidos políticos de igual manera. No es lo mismo la seguridad que necesita un candidato o una candidata del Centro Democrático si piensa ir a Arauca o el Valle del Cauca. Pasa lo mismo con los candidatos del Polo Democrático o del Pacto Histórico. Dependiendo de la región, el grupo armado ilegal y el tipo de actividad proselitista, se deben hacer estrategias particulares.
CAMBIO: Otra de las cosas que cambia en esta campaña será el discurso. ¿En qué sentido estará dirigido?
A.B.: Es muy grave lo que ha venido pasando en Colombia y es parte de la tendencia que hay en el mundo y que incluye discursos estigmatizantes y de negación del contrario político.
En las clases de marketing político se habla de marcar la diferencia, polarizar, pertenecer a uno de los dos lados y mover emociones. Pero ese caldo de cultivo en un país como Colombia, en el que hay presencia de grupos armados ilegales, poco control frente a las armas, presencia del narcotráfico, termina saliéndose de control. El escenario político se vuelve peligroso para el ejercicio del debate y la representación política.
Debemos hacer un alto en el camino. Principalmente, entre quienes toman decisiones, y el ejemplo viene desde el Ejecutivo. Pero también de los presidentes de los diferentes partidos políticos, de los analistas, de los medios de comunicación. De todos. Se debe intentar de no promover estigmatización, exclusión y negación del contrario político. Si eso no se logra, no van a funcionar las estrategias de seguridad, de los sistemas comunitarios, de las alertas tempranas y la protección diferencial.
CAMBIO: ¿Cree que se podría mantener durante toda la campaña ese discurso de dos bandos, ‘los perseguidos políticos’ y ‘los perseguidores’?
A.B.: La aspiración es lograr que ese rumbo se cambie y se genere un debate que sea inteligente, razonado y respetuoso. Pero es lo que hemos visto estos días en las redes sociales y en algunos pronunciamientos. Es entendible que se haga desde el dolor de quienes tienen esas vocerías, pero hay quienes lo hacen desde el odio. Si no manejamos esos sentimientos, se nos puede desbordar completamente. Y los mayores afectados serían quienes están en el ejercicio de la política, de la representación pública y de los territorios.
CAMBIO: También está el reto de lograr que temas como salud, seguridad en los territorios y la protección de los derechos humanos sigan siendo importantes.
A.B.: Hay una agenda que se ha dejado de lado. Pero creo que también tiene que ver con la coyuntura que nos descolocó a todos. Nadie esperaba un magnicidio de este tamaño, en Bogotá y contra un precandidato del Centro Democrático reconocido, apreciado por un espectro social y con capacidad de influencia.
Es razonable que en este momento todo esto que aflora en la piel pueda pasar. Pero es necesario que se pueda reconducir la discusión y la mejor manera de hacerlo es a través de las comisiones nacionales de seguimiento electoral. Es muy importante que los 13 partidos de la oposición regresen a las mesas de las comisiones y tener estabilidad en el Ministerio del Interior.
CAMBIO: ¿Por qué?
A.B.: Porque allí se hacen las estrategias diferenciadas por partido, candidato y territorio. Quiero dejar claro que la responsabilidad de la logística electoral está en cabeza de la Registraduría. Las garantías para los partidos está en cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero las garantías de seguridad las tiene el Ejecutivo.
Es decir, la Policía, las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP). Es fundamental tenerlo claro, porque aquí la responsabilidad no es solamente de otros.
CAMBIO: ¿Qué llamado hacen desde la MOE para lograr una campaña más segura?
A.B.: Respirar profundo. La mejor manera de rendirle tributo a Miguel Uribe, pero también a esos 106 casos de violencia política este año, es lograr conversar, sentarse en la mesa de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y hacer la tarea de manera juiciosa, sistemática y creando las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.
CAMBIO: ¿Y cuál es el mensaje para el Gobierno y sus funcionarios, para que desde allí se contribuya al diálogo?
A.B.: Es importante que tengan en cuenta las tareas de cada uno. Si las elecciones salen mal, no es por responsabilidad de la Registraduría o el CNE. Si salen mal porque no hay garantías para la libertad en el ejercicio de la política, de la movilidad y libertad de expresión, eso es responsabilidad del Ejecutivo.
Lea la entrevista en el sitio web de CAMBIO.
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