1. Proceso de inscripción de cédulas

2. Grupos Significativos de Ciudadanos

3. Calidades e inhabilidades de las personas candidatas al Congreso y Presidencia de la República

4. Financiación de las Campañas Electorales

5. Inscripción de candidaturas

6. Ley de Garantías

7. Propaganda electoral

8. La jornada electoral y los escrutinios

La presentación ofrece un panorama actualizado de las elecciones nacionales de 2026 en Colombia. Expone el censo electoral, los principales riesgos identificados en el proceso, la situación del sistema de partidos y sus liderazgos, así como la inscripción de candidaturas y consultas internas. También analiza el papel de los Grupos Significativos de Ciudadanos, las circunscripciones de paz (CITREP) y la dinámica de las coaliciones. Un capítulo central está dedicado a la violencia política, social y comunal, con énfasis en la afectación a liderazgos y la presencia de grupos armados ilegales en los territorios.

Este número de inscripciones es 58.76% superior al registrado en el mismo periodo durante el proceso electoral de 2022, cuando 65.398 ciudadanos realizaron el cambio de puesto de votación en el primer mes del calendario.

A nivel departamental, destacan tres territorios con tasas de inscripción significativamente superiores al promedio nacional. El departamento del Meta presenta la tasa más alta del país, con 10,83 inscritos por cada mil habitantes. Le siguen Norte de Santander, con 6,81 y Vichada con 5,58 inscritos por cada mil habitantes. Estos niveles superan en al menos dos veces la tasa nacional registrada para el quinto mes del proceso.

Esta participación comienza con los cargos de representación estudiantil, puede continuar en los consejos de juventud y, finalmente, expresarse eligiendo o siendo elegidos en elecciones nacionales de presidencia y congreso de la república, así como de las autoridades territoriales.

Es, pues, un escenario de formación teórico-práctico para el ejercicio de los derechos políticos desde la escuela (niñez) hasta el país (adultez), derechos que determinan la representatividad, la toma de decisiones, el desarrollo, la calidad de la democracia y de la ciudadanía: la cultura política.

El presente informe ha sido elaborado a partir de la recolección de información proveniente de los distintos actores que participaron en el proceso de organización, acompañamiento y observación electoral estudiantil: las organizaciones encargadas de la coordinación en los diferentes territorios; el equipo de observación desplegado en los puestos, conformado en este proceso por los y las estudiantes de las respectivas Instituciones Educativas; así como los equipos docentes y directivos.

Un total de 20 coordinaciones regionales, distribuidas en 19 departamentos y 44 municipios, participaron en este ejercicio: Amazonas, Boyacá, Caldas, Cartagena, Canal del Dique, Comuneros, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Magdalena Medio, Montes de María, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre y Sur Oriente.

Las organizaciones aliadas en estos territorios llevaron a cabo un proceso de concertación, sensibilización y capacitación, que permitió la vinculación de 116 Instituciones Educativas —tanto urbanas como rurales—, incluyendo una institución ubicada en territorio insular y otra de carácter indígena.

En total, participaron 209 docentes y 705 observadoras y observadores estudiantiles. Asimismo, se logró la formación de 5.853 personas vinculadas a las elecciones escolares en diversos roles: jurados, testigos, candidaturas, docentes y equipos de observación.

Como parte de las acciones del proyecto, en cada territorio se realizó una evaluación final del proceso de elección y observación en las distintas Instituciones Educativas.

A continuación, se presenta la información relacionada con el proceso de concertación, capacitación y despliegue de la observación electoral; los resultados del trabajo realizado por el equipo de observación en los puestos, cuyos datos fueron recolectados mediante un formulario, ya fuera para voto físico o electrónico; los reportes elaborados por las coordinaciones regionales a través de sus informes de gestión y evaluación; y, finalmente, las conclusiones y/o recomendaciones derivadas del proceso de organización, acompañamiento y observación electoral estudiantil, con miras a su aplicación en futuros ejercicios.

Apéndice

En primer lugar, la reglamentación del cabildeo es un avance en las garantías para materializar el derecho que tienen los ciudadanos de conocer el proceso de toma de decisiones de sus representantes en los espacios de poder del Estado. En segundo lugar, cuando el cabildeo se lleva a cabo de manera regulada, se fomenta la participación y la incidencia de los distintos sectores de la sociedad en los asuntos públicos, en condiciones de mayor igualdad.

Si bien este es un proyecto que regula de manera particular el ejercicio del cabildeo frente al poder legislativo, y no establece disposiciones aplicables a otras entidades y organismos del Estado, la MOE ve en esta iniciativa una oportunidad para dar el primer paso en este sentido. Esto resulta especialmente relevante sobre todo cuando esta cuestión ha intentado ser reglamentada en reiteradas ocasiones y siempre ha tenido como desenlace el archivo. Además, esta medida se alinea al sistema de controles sobre la gestión legislativa junto con otros mecanismos como el régimen de conflictos de intereses y la rendición de cuentas sobre la actividad de los congresistas. 

Dicho esto, la MOE se permite presentar a la Comisión Primera algunas observaciones que buscan contribuir al fortalecimiento del proyecto de ley en discusión y hacer que este responda de mejor manera a sus fines:

• Diferenciación entre cabilderos y enlaces legislativos.  La MOE considera pertinente que se incluya un artículo nuevo con un catálogo de definiciones precisas, particularmente para determinar con exactitud qué se entiende por “cabilderos” y “enlaces legislativos” y cuáles son las implicaciones de dicha diferenciación. La definición de estos actores debe armonizarse con el alcance de la actividad del cabildeo y/o enlace legislativo, de acuerdo al artículo 3 del proyecto de ley (actividades propias de los enlaces legislativos y cabilderos). 
• Retroceso en la publicidad de observaciones ciudadanas. La MOE advierte que la modificación propuesta sobre el artículo 231 de la Ley 5ta de 1992, el cual trata de la publicidad de las observaciones, representa un retroceso frente lo alcanzado mediante la Ley 2390 de julio de 2024, pues elimina dos expresiones incluidas en dicha legislación para facilitar la participación de la ciudadanía en el trámite legislativo y hacer una mejor difusión de esta:
• La primera expresión que se pretende suprimir es aquella por la cual se habilitó recientemente la presentación de observaciones a través de medios digitales. Esta eliminación implicaría una limitación significativa a la participación ciudadana en los procesos legislativos, especialmente para las personas que residen en regiones apartadas o que enfrentan barreras para participar de manera presencial. 

Por esta razón, se propone mantener el uso de medios digitales en los términos contemplados en la Ley 2390 de julio de 2024. 

• La segunda expresión que se elimina en el texto presentado está relacionada con la obligación de entregar copias digitales de las observaciones a todos los miembros de la comisión. Suprimir esta disposición podría limitar significativamente la difusión y reducir la posibilidad de que las opiniones y propuestas presentadas por la sociedad civil sean analizadas y tomadas en cuenta de manera adecuada en el proceso de deliberación.
  
• Recomendación para fortalecer la publicidad de las observaciones. La MOE sugiere que, con el fin de garantizar la completa publicidad de las observaciones presentadas ante el Congreso, el proyecto incluya una disposición que haga obligatoria su publicación no solo en las Gacetas del Congreso, sino también como documentos descargables en las fichas técnicas de las iniciativas legislativas disponibles en los sitios web oficiales de las corporaciones.

De igual forma, se propone que las invitaciones para participar en sesiones informales se tengan que hacer públicas utilizando como medio de difusión las Gacetas del Congreso y las fichas técnicas de los proyectos alojadas en los sitios web oficiales del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

• Sobre el criterio del Presidente de la Comisión para la publicación de las observaciones. La MOE presenta dudas sobre las razones por las cuales se otorga a los presidentes de las corporaciones una atribución discrecional respecto a la publicidad de las observaciones presentadas ante el Congreso de la República. Preocupa que, en lugar de garantizar un acceso amplio y transparente a las opiniones de la ciudadanía, esta facultad pueda derivar en prácticas arbitrarias cuyo impacto pueda sesgar peligrosamente los debates legislativos.

• Publicidad del registro de cabilderos y enlaces legislativos. La MOE solicita respetuosamente a la ponente incluir una disposición con la que el registro de cabilderos y enlaces legislativos adquiera un carácter público, siguiendo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la política de Datos Abiertos contemplada en la Ley 2390 de 2024 para el Congreso de la República. Incluso, puede ser conveniente enunciar en el proyecto algunos principios de acceso a la información pública bajo los cuales funcione el registro de cabilderos, tales como los siguientes:

• Trazabilidad.
• Procesabilidad.
• Descarga en bloque.
• Desagregación.
• Calidad.

También, a juicio de la MOE, los datos consignados en el registro, además de los considerados en el proyecto, deben ser aquellos que permitan determinar los beneficiarios finales de las gestiones del cabildero o de los enlaces legislativos.

6. Limitaciones derivadas del ejercicio del cabildeo. La MOE recomienda a la Comisión Primera incluir una disposición que establezca una inhabilidad o período de moratoria razonable para las personas que hayan ejercido como cabilderos o enlaces legislativos y que aspiren a ser designadas en cargos cuya elección sea competencia del Congreso de la República. Esta sugerencia se formula en pro de evitar que se configuren episodios de puerta giratoria y eventuales conflictos de intereses,  los cuales podrían comprometer la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de dichas designaciones.

7. Registro público de reuniones. La MOE considera fundamental que, además de identificar los intereses que motivan las actividades de cabildeo y a las personas que las llevan a cabo, se debe incluir información sobre los congresistas o funcionarios ante quienes se realizan estas gestiones. Por ello, se recomienda que el proyecto de ley contemple la creación de un registro público de reuniones en el que se documente las fechas y los lugares en los que realicen sus actividades de cabildeo frente a los distintos legisladores.

8. Sanciones a los cabilderos y enlaces legislativos. Para la MOE, es fundamental que el proyecto contemple sanciones no solo para los congresistas, sino también para los cabilderos, enlaces legislativos y las entidades que estos últimos representan. Estas sanciones deben actuar como un elemento disuasorio eficaz frente al incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la ley, así como ante la violación de las prohibiciones impuestas.

A través de su Observatorio de Medios y Democracia, la MOE ha documentado cómo los medios de comunicación y las redes sociales, a través de sus agendas informativas, y de sus intereses y sesgos, influyen en la representación de los candidatos, la creación de percepciones sobre la legitimidad del proceso electoral, la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el fortalecimiento del debate público, al poner en circulación información clave que contribuye a una mayor comprensión de los temas electorales y del contexto político en el que se desarrollan las elecciones.

El libro que aquí se presenta, elaborado por 12 universidades de todo el país reunidas en el Observatorio de Medios y Democracia de la MOE, pretende hacer una invitación a reflexionar sobre el papel de los medios en la construcción de la democracia y la ciudadanía en el país. Especialmente, en un contexto en donde el marketing político, la influencia de las redes sociales, el desinterés frente a las noticias, la violencia y la lucha por el control del discurso público se han vuelto elementos fundamentales en la configuración de la opinión pública.

Cada capítulo de este libro ofrece una mirada sobre las diferentes formas y narrativas con las que los medios de comunicación regionales abordaron, durante las elecciones de autoridades de 2023, los temas más relevantes para sus departamentos y municipios durante la contienda electoral, resaltando las diferencias en cobertura, los sesgos informativos, los marcos interpretativos y las prioridades editoriales que predominaron en cada región del país. Además, el libro explora la influencia de los nuevos medios digitales en la difusión de información electoral mediada por dinámicas de viralización, de inmediatez y de personalización de contenidos. 

A medida que las dinámicas políticas y sociales evolucionan, el papel de los medios se enfrenta a nuevos retos que requieren una adaptación constante. Según el Digital News Report 2023, las generaciones más jóvenes, que han crecido en un entorno digital, prefieren obtener noticias a través de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, en lugar de los medios tradicionales como la televisión o la prensa escrita​, y para el caso colombiano, “la confianza en las noticias (35%) sigue siendo baja en comparación con los estándares globales”.

En un momento en que los medios de comunicación atraviesan una etapa de transformación rápida y constante, el libro que aquí presentamos se erige como una herramienta valiosa para entender el impacto de estas dinámicas en el proceso electoral y en la calidad de la democracia en Colombia. Este documento invita a todos los actores involucrados—desde periodistas y académicos hasta ciudadanos— a considerar el poder de la información y la responsabilidad que conlleva. Que este libro sirva como un catalizador para el diálogo y la acción, en pro de una democracia más sólida y participativa.