En esa línea, la MOE ha desarrollado Lupa Contractual Electoral, una plataforma especializada para el monitoreo de los contratos celebrados para la organización de elecciones en Colombia. Esta herramienta, alimentada con datos oficiales del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), permite visibilizar los procesos de contratación que sustentan la operación electoral, tales como la logística para la inscripción de candidaturas, la adquisición de kits electorales, tecnologías biométricas, servicios de transporte, comunicaciones, entre otros. Además, el repositorio constituye una fuente clave para el análisis de la contratación electoral desde una perspectiva longitudinal y comparativa, al incluir información detallada sobre los oferentes, las modalidades contractuales, los tiempos de convocatoria y los bienes y servicios adquiridos en el marco de elecciones nacionales y subnacionales, desde 2007.

A partir del monitoreo realizado en Lupa Contractual Electoral, la MOE presenta la Bitácora de contratación electoral – Elecciones Congreso y Presidencia 2026, siendo esta la primera entrega. En esta serie de documentos, se registrará cada contrato celebrado por la Organización Electoral cuyo objeto haga parte de la logística electoral de los próximos comicios de Congreso y Presidencia 2026, incluyendo una ficha resumen con las principales características del contrato, una descripción del proceso de selección y una breve reseña del contratista adjudicatario.

Así, desde la labor de la MOE se promueve la veeduría ciudadana y facilita que actores interesados analicen de forma independiente el uso del gasto público y la gestión administrativa frente a los contratos celebrados en ocasión de las elecciones. Además, esta información permite no solo identificar cuellos de botella, riesgos o buenas prácticas en el ciclo contractual, sino también fortalecer la planeación, ejecución y vigilancia de los procesos electorales.

Contrato 100 de 2025 – Bien y servicio electoral: vigilancia a escrutinios

La Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC- celebró el Contrato No. 100 de 2025 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1010 de 2000, norma que le asigna como misión fundamental garantizar la organización y transparencia de los procesos electorales, así como la oportunidad, confiabilidad y veracidad de los escrutinios y de los resultados electorales, actuando con estricta neutralidad y objetividad en aras del fortalecimiento del sistema democrático. En desarrollo de esta misión, corresponde a la RNEC definir y ejecutar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para la adecuada organización y vigilancia electoral, lo cual implica la adopción de medidas técnicas, tecnológicas, administrativas y logísticas orientadas a asegurar el correcto desarrollo de todas las etapas del proceso electoral.

Contrato 034 de 2025 – Acreditación de testigos, observadores y auditores

Esta solución integral —tecnológica y logística— apoya la postulación, acreditación y validación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas, garantizando la participación efectiva de partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos de vigilancia electoral. Esta herramienta busca fortalecer los procesos de control y seguimiento durante las consultas interpartidistas y las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, contribuyendo a la transparencia, legitimidad y confianza ciudadana en las jornadas de votación y en los escrutinios.

Contratos 098 de 2025 (Registraduría Nacional del Estado Civil) y Contrato 035 de 2026 (Consejo Nacional Electoral) – Auditoría externa

El servicio de auditoría externa se refiere a un proceso evaluativo de carácter técnico, tecnológico y logístico, en el marco del seguimiento y control en la ejecución de contratos y sus modificaciones. La auditoría e interventoría deben ser externas, ya que realizan la trazabilidad de los contratos celebrados en el contexto de los comicios. Además, debe estar presente en las tres (3) etapas del proceso electoral: preelectoral, electoral y postelectoral.

Contrato 066 de 2025 – Alquiler de Corferias

Este servicio se trata del arrendamiento de un área suficiente para la realización de las diferentes actividades que conlleven el desarrollo de los procesos electorales a celebrarse en las vigencias de 2025 y 2026. El área arrendada se dispone para tres procesos electorales: (i) elecciones de Consejos Locales de Juventud 2025 (19 de octubre de 2025), (ii) las elecciones de Congreso de la República 2026-2030 (8 de marzo de 2026) y (iii) la primera vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2026-2030 (31 de mayo de 2026).

Contrato 060 de 2025 – Consolidación de resultados

El objeto contractual es una solución para la consolidación y divulgación nacional de resultados electorales preliminares (preconteo) en Colombia, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Su propósito es recibir, validar, procesar y publicar de manera automática, segura y efi ciente los datos provenientes de los centros departamentales de preconteo, garantizando la transparencia y accesibilidad de la información a nivel nacional durante los procesos electorales de: Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025, Congreso de la República y Presidencia 2026. Lo que se contrata es un paquete completo de servicios y tecnología para gestionar el flujo de información electoral.

Contrato 057 de 2025 – Transporte aéreo

El contrato No. 057 de 2025 fue adjudicado mediante Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica el 13 de agosto de 2025 a la empresa Recio Turismo S.A., por un valor total de $4.710.990.504, incluido IVA. Su objeto es el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento del personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tanto en el ejercicio de funciones ordinarias como para la ejecución de los procesos electorales de Congreso, Presidente y Vicepresidente de 2026.

Contrato 049 de 2025 – Solución integral

Mediante la Selección Abreviada No. 03 de 2025, la RNEC adjudicó a la UT ILE 2026, un contrato por valor de $2.124.806.917.129 COP, con el fin de implementar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios, orientada a garantizar el desarrollo eficiente y seguro de los procesos electorales de Consejos Municipales y Locales de Juventud de 2025 y de Congreso y Presidencia de 2026.

Contrato 047 de 2025 – Seguro de vida colectivo

La celebración del contrato 047-2025 permite a la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar el aseguramiento a la vida de los supernumerarios. La Unión Temporal BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A. – Compañía Mundial de Seguros S.A. fue la entidad adjudicataria del contrato.

Contrato 030 de 2025 – Transporte aéreo

La Registraduría Nacional del Estado Civil celebró el contrato 030 de 2025 con la empresa JE TOURS S.A.S. para el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales durante el año 2025. Este servicio permite el traslado oportuno de servidores públicos y contratistas que participan en las actividades operativas de los procesos electorales. Consulte los detalles relacionados en esta primera entrega.

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Bogotá, marzo 7 de 2026.  La Misión de Observación Electoral (MOE) desplegará 3.766 personas observadoras que estarán articuladas con las 34 coordinaciones regionales de la organización. Este despliegue cubre 515 municipios que agregan el 84 % del potencial electoral de Colombia. El equipo está conformado por 2.002 mujeres (53 %) y 1.688 hombres  (45 %). 

«Este 8 de marzo, la democracia colombiana tiene cara de mujer. Que el 53% de nuestro equipo de observación nacional sean mujeres no es una cifra al azar; es un homenaje a las sufragistas y a todas aquellas que han dado luchas históricas por la igualdad. Hoy, nuestro despliegue en cada rincón del país custodia no solo los votos, sino el legado de inclusión y la promesa de una política donde nuestra participación sea, por fin, plena y sin violencias», aseguró Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

Además, la observación electoral cuenta con un componente internacional de 209 personas observadoras de 24 nacionalidades. De ellas, 141 observan el proceso electoral en el exterior desde el 2 de marzo, en 38 ciudades de 17 países. La otra parte de este equipo de observación internacional, 63 personas de 10 nacionalidades distintas, se desplegarán en Bogotá y en 12 municipios del país de 10 departamentos.

La MOE, a través de los mapas y factores de riesgo electoral, que elabora junto con un grupo técnico; identificó que hay 185 municipios en riesgo en el país. Excluyendo a Bogotá,  por sus dinámicas urbanas específicas, la observación electoral tendrá presencia en 92 (49 %) de estos municipios, donde se desplegará un equipo conformado por 414 personas.

Observación con Enfoque Diferencial

La MOE, en su compromiso con la inclusión y diversidad, realizará una observación específica al Protocolo de Voto Trans. Un equipo de 70 personas trans y seis personas no binarias vigilarán el cumplimiento de las garantías de identidad de género, con especial presencia en Atlántico (16 personas), Bolívar (15) y Bogotá (14). 

Asimismo, 13 personas observadoras con discapacidad evaluarán los obstáculos de accesibilidad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, con el fin de generar recomendaciones que eliminen las barreras al ejercicio del voto.

«La participación política debe estar acompañada de garantías reales para que todas las personas, en toda su diversidad, ejerzan su liderazgo y derecho al voto, sin que tengan que enfrentar algún tipo de discriminación», dijo Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.Finalmente, la MOE invitó a toda la ciudadanía a participar de manera activa y consciente en esta jornada y recordó que la transparencia es una construcción colectiva. Para ello, la organización tiene habilitada la plataforma www.pilasconelvoto.com y la línea de WhatsApp 315 266 1969, canales a través de los cuales se pueden reportar irregularidades electorales en tiempo real. «La observación electoral no es solo un ejercicio técnico de conteo de datos; es, ante todo, un acto de cuidado colectivo para fortalecer la integridad de nuestra democracia», concluyó Barrios Cabrera.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 2037 de 2026, acreditó oficialmente a las personas observadoras de la Misión de Observación Electoral –MOE– que se desplegarán por todo el país para las elecciones de primera vuelta de Presidencia, que se realizarán el 31 de mayo de 2026.

Acreditación para el equipo de observación nacional e internacional que se desplegará en Colombia | Elecciones para Congreso – 8 de marzo de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 0291 de 2026, acreditó oficialmente a las personas observadoras de la Misión de Observación Electoral –MOE– que se desplegarán por todo el país para las elecciones a Congreso de la República, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Acreditación para el equipo de observación electoral al protocolo de voto trans | Elecciones para Congreso – 8 de marzo de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 0273 de 2026, acreditó oficialmente a las personas observadoras del protocolo de voto trans de la Misión de Observación Electoral –MOE– para las elecciones a Congreso de la República, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Esta organización desplegará un equipo de observación al protocolo de voto trans que, para este proceso electoral, contará con 70 personas trans y seis no binarias.

Acreditación para los auditores de sistemas | Elecciones para Congreso – 8 de marzo de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 0292 de 2026, acreditó oficialmente a los auditores de Sistemas de la Misión de Observación Electoral –MOE– para las elecciones a Congreso de la República, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Acreditación para el equipo de observación electoral internacional en el exterior | Elecciones para Congreso – 8 de marzo de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 0190 de 2026, acreditó oficialmente a las personas observadoras internacionales en el exterior de la Misión de Observación Electoral –MOE– para las elecciones a Congreso de la República, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Esta organización desplegará un equipo de observación que, para este proceso electoral, contará con 209 personas en 17 países.

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Santa Marta, Magdalena, febrero 26 de 2026.  La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el noveno informe de observación preelectoral  ante la Décima Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, llevada a cabo en Santa Marta, Magdalena. El documento hace un balance sobre los retos de cara a los comicios del 8 de marzo en los que se elegirá los miembros del Congreso para el periodo 2026-2030 y se llevarán a cabo tres consultas para definir candidatos presidenciales. El informe destaca alertas en materia de seguridad, participación indebida en política por parte de funcionarios públicos y atipicidades en inscripción de cédulas. Además, hace énfasis especial en las garantías para la participación de las mujeres en la jornada electoral que coincide con el Día Internacional de la Mujer.

1. Unas elecciones con cara de mujer: el 8M como hito democrático

“La coincidencia de las elecciones con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reiterar que la democracia se fortalece con la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia”, aseguró Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE. 

Sobre la jornada electoral, la MOE recordó a las autoridades la importancia de permitir el uso de pañoletas y camisetas moradas o verdes y mensajes alusivos al «8M», elementos que son símbolos históricos de los derechos de las mujeres. “Siempre y cuando no promocionen candidaturas específicas, estas insignias no son en sí mismas parte del proselitismo político”, señaló la organización de observación electoral.

La MOE también instó a las autoridades de los diferentes niveles territoriales a adoptar medidas preventivas que permitan armonizar el derecho a la protesta pacífica con el normal desarrollo de la jornada electoral.

“Hay que derribar las barreras estructurales y los riesgos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Es absolutamente necesario avanzar hacia un incremento efectivo de la representación de las mujeres en los espacios de poder político”, dijo Barrios. Actualmente, en el nivel territorial, la representación de las mujeres alcanza solo el 24,54 %; y en el Congreso que culmina su período se sitúa apenas en el 30 %. Para las elecciones legislativas de este 8 de marzo hay 1.303 candidatas inscritas de un total de 3.180 candidaturas.

2. Alerta por denuncias de desaparición de candidatos al Congreso y afectaciones a la libertad del voto

La MOE manifestó su preocupación por las denuncias de desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador; y de Ana Guetio, candidata a la Cámara por la CITREP 1. “Estos hechos son de máxima gravedad y los rechazamos con vehemencia. Esperamos que los candidatos aparezcan sanos y salvos, y que estas situaciones se esclarezcan lo antes posible”, dijo Frey Muñoz, subdirector de la MOE.

De acuerdo con la UNP, Guetio apareció y su vehículo aparentemente fue hurtado. La organización de observación electoral urgió a las autoridades a adelantar investigaciones prontas, rigurosas y transparentes para dar también con el paradero de Vásquez y determinar las responsabilidades de estos hechos.

Desde el 8 de diciembre de 2025, fecha de inicio de las campañas al Congreso, hasta el 24 de febrero de 2026, la observación electoral ha registrado 18 hechos de violencia contra personas que participan en la contienda electoral (17 candidatos al Congreso y un precandidato a la Presidencia). Estos hechos tuvieron lugar en los departamentos de Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca, Arauca, Atlántico, Bogotá, Cauca, Córdoba, Santander, Sucre y Tolima.

La MOE también ha recibido información sobre la intervención de estructuras delincuenciales en el proselitismo político en Santa Marta (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico). Estos grupos ilegales estarían cobrando «cuotas» a las campañas para permitir actos públicos y la instalación de publicidad. Según los reportes, el incumplimiento de estas reglas podría derivar en agresiones como ataques contra viviendas o establecimientos comerciales.

En el municipio de El Zulia, Norte de Santander, se reportó un hecho similar. Un panfleto, que habría circulado entre la ciudadanía y estaría atribuido al ELN, prohíbe a la comunidad realizar cualquier tipo de propaganda electoral.

La organización pidió que el Ministerio de Defensa, el del Interior y la fuerza pública continúen trabajando de manera articulada para que cumplan con su compromiso de no trasladar o reubicar ningún puesto de votación por motivos de orden público.

3. Intervención de funcionarios públicos
(Pilas con el voto: www.pilasconelvoto.com y whatsapp 315 266 1969)

A través de la plataforma Pilas con el Voto de la MOE, se han recibido 107 reportes de irregularidades electorales con corte a febrero 24 de 2026. El 59 % de estos está asociado con presiones sobre el voto libre (35) y el uso indebido de la función pública (28).

“Las reglas sobre intervención en política existen para garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a la competencia electoral. Cuando estas reglas se desconocen, se altera la equidad, se genera una ventaja indebida y, en definitiva, se corroe la integridad del proceso”, señaló Muñoz.

La MOE pidió que, de acuerdo con lo establecido por la Procuraduría, todas las entidades activen acciones internas de cumplimiento, con énfasis en neutralidad, prohibición de proselitismo desde el cargo, uso de recursos públicos y presión a contratistas.

La organización llamó la atención especialmente sobre el departamento del Tolima, donde la mitad de los casos (6 de 12) corresponden a participación de funcionarios públicos en campaña, lo que refuerza la necesidad de seguimiento específico a eventuales prácticas de intervención indebida en política.

4. Magdalena: Atipicidades en inscripción de cédulas

El departamento del Magdalena presenta comportamientos que requieren vigilancia especial sobre la inscripción de cédulas por cambio de residencia. En el municipio de Pedraza se registra una tasa de 85,27 inscritos por cada 1.000 habitantes, lo que supera ampliamente el promedio nacional (38,85 por cada 1.000 habitantes).

El análisis por puesto de votación dentro del departamento también evidencia casos con atipicidades importantes. Se identificaron tasas extremas en los puestos de Doña María (Fundación), con 46,34 ciudadanos inscritos por cada 1.000 habitantes en el censo poblacional; así como en Bahiahonda, 35,33; y Bomba, 33,62 (Pedraza). La tasa nacional de inscripción de cédulas promedio por puesto de votación es de 4,78 ciudadanos inscritos por cada 1.000 habitantes en el censo poblacional.

La MOE recalcó la importancia de hacer seguimiento en aquellos municipios donde se registran variaciones atípicas con el fin de prevenir riesgos de trashumancia electoral.

5. Seguimiento técnico y participación en simulacros

La MOE participó e hizo observación directa en los simulacros de la Registraduría Nacional del Estado Civil para los ejercicios de preconteo (7 y 21 de febrero), escrutinio (23 y 24 de febrero) y prueba de bolígrafo (24 de febrero).

En continuidad con este seguimiento, la organización también acompañará la auditoría de software (código fuente) prevista por la Registraduría, que incluye sesiones técnicas de explicación (25–26 de febrero) y la disponibilidad del código por tres días para revisión de auditores acreditados sobre los sistemas de preconteo, escrutinio y sorteo de jurados (27– 28 de febrero y 1 de marzo).

“Hacemos un llamado a las organizaciones políticas a asistir y participar activamente de los simulacros. Estos ejercicios son de la mayor importancia porque a través de ellos se puede identificar áreas de mejora, retroalimentar y dar cuenta de la funcionalidad de las soluciones técnicas y logísticas a implementar en la etapa electoral y poselectoral”, dijo Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

La organización también informó que el domingo 22 de febrero envió una respetuosa carta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la que se presentaron los alcances que, de acuerdo con la regulación existente, tiene la MOE frente a los procesos de auditoría de las soluciones informáticas para el preconteo y escrutinios

6. Urgencia en anticipos para las CITREP

Frente a la financiación, la MOE hace un llamado urgente a que se agilicen los anticipos para las candidaturas de paz (CITREP) ya que es el principal mecanismo de financiación con el que cuentan. La organización insistió en que el requisito de las pólizas de garantía para acceder a los recursos son una barrera, sobre todo si se tiene en cuenta que los mismos no se tienen que devolver, al no estar en un umbral de votación.

7. Despliegue de la Observación Electoral en el Exterior

El lunes 2 de marzo inician las votaciones de colombianos en el exterior. La MOE tiene previsto un despliegue de 141 personas observadoras que harán presencia de manera intermitente en consulados y puestos de votación de 18 países, entre ellos México, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Venezuela, Costa Rica y Guatemala.

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Bogotá D.C., 04 de febrero de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026. El texto fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas. 

Este documento, como lo ha hecho en cada edición desde el 2007, incluye el Mapa Consolidado de Riesgo Electoral por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia. De acuerdo con Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, “este estudio identificó que para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”. 

El estudio destaca que, mientras en las elecciones nacionales de 2022 se registraron 131 municipios en riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia, para 2026 la cifra se elevó a 170, lo que representa un incremento del 29,7 %. El dato que más llama la atención es el del riesgo extremo, que pasó de 49 municipios en 2022 a 81 para este año electoral, lo que se traduce en un crecimiento del 65,3 %.

Al respecto, Barrios señaló que “en este ejercicio se destacan la concentración y aumento en los niveles de riesgo en los municipios donde coinciden estos dos factores. Esto se puede observar en las seis subregiones que, de acuerdo con el estudio, requieren una atención prioritaria”. Las seis subregiones, que se identifican en el mapa consolidado de riesgo, corresponden a: Arauca, el Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar, andén Pacífico, norte del Cauca, Suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare), y medio y bajo Putumayo.

El grupo técnico que elaboró el documento llamó la atención sobre el Cauca, departamento donde están ubicados 19 de los 81 municipios en riesgo extremo. De estos, 14 pasaron de no tener riesgo en las elecciones de 2022 al nivel mayor de riesgo en 2026.

Excluyendo a Bogotá por sus dinámicas urbanas específicas, los 170 municipios en riesgo tienen 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral. “Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial y operativa que enfrenta el Estado para mitigar los riesgos que identificó el grupo técnico que elaboró el estudio y garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.

De acuerdo con la MOE, el mapa consolidado es el resultado de la convergencia de los municipios identificados en riesgo, tanto en el mapa de factores indicativos de fraude electoral, como en el mapa específico de factores de violencia. La investigación también contiene un análisis independiente de estos mapas.

Mapa de riesgo por factores indicativos de fraude electoral

Los factores indicativos de fraude resultan del análisis de atipicidades estadísticas observadas en las tres elecciones anteriores (2014, 2018 y 2022) a partir del nivel de participación electoral, tarjetones no marcados, votos nulos y dominio electoral. 

Para la Cámara de Representantes, el grupo técnico encontró que 383 municipios y corregimientos departamentales (34,1 %) presentan algún nivel de riesgo: 64 tienen riesgo extremo, 100 alto y 219 medio.

En cuanto a factores indicativos de fraude electoral para el Senado, 334 municipios y corregimientos departamentales (29,8 %) presentan riesgo: 46 están en riesgo extremo, 91 en alto y 197 en medio.

“La MOE pide especial atención a los 27 municipios que están en riesgo extremo tanto para la elección de Cámara como de Senado, de los cuales una tercera parte (9) están ubicados en Córdoba, y seis en Antioquia”, concluyó Barrios.

Mapa de riesgo por factores de violencia

Los factores de violencia corresponden a las amenazas al proceso electoral derivadas de la injerencia e intensidad del conflicto por parte de grupos armados ilegales, la violencia contra liderazgos, las afectaciones a la movilidad humana y las violaciones a la libertad de prensa.

“A través del estudio se identificó que 339 municipios (30,2 %) presentan riesgos asociados a factores de violencia: 139 en riesgo medio, 74 en alto y 126 en extremo”, concluyó Rubiano.

De acuerdo con la investigación, desde el 2018 se observa un aumento leve pero sostenido del riesgo por factores de violencia, lo que evidencia las limitaciones en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la persistencia de vacíos de seguridad en los territorios. “Las violencias son cada vez más locales y fragmentadas. Están asociadas al control de economías ilegales, que podrían interferir en la competencia electoral y en el ejercicio libre del voto”, aseguró Rubiano.

El grupo técnico alertó especialmente sobre la situación en Guaviare, donde todos los municipios están en riesgo extremo por factores de violencia. Otro hallazgo importante es que 75 de los 126 municipios que están en alerta máxima por violencia hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

De acuerdo con Barrios, el propósito de estos mapas es “brindar información a las autoridades para que adopten medidas de mitigación y protección diferenciadas en los municipios más afectados, así como contribuir a un debate público informado sobre el contexto de las elecciones que se avecinan”.

La MOE, organización que coordinó la elaboración del documento Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026, hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y las autoridades electorales para que concentren sus esfuerzos de seguridad y transparencia en los territorios que tienen riesgo extremo en los distintos mapas que se presentan: el consolidado, los indicativos de fraude y el de violencia; y que se garantice que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y segura.El libro completo, que incluye los mapas de riesgo y un análisis detallado tanto de los factores indicativos de fraude y violencia, como del contexto electoral en el que se presentan, está disponible en la página web de la MOE: www.moe.org.co.

Bogotá vota poco y con riesgos concentrados: las alertas que deja el mapa electoral de 2026

● La superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país.
● 315 puestos de votación tienen comportamientos atípicos electorales (Baja participación, votos nulos, tarjetones no marcados y baja competencia electoral)
● Los riesgos se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme, San Cristóbal, Bosa, Chapinero y Sumapaz.
● El riesgo de violencia en Bogotá es calificado como “extremo”

Según el Mapa de Riesgo Electoral 2026 elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE) – Regional Bogotá, hay 315 de 901 puestos de votación (34 %) con algún nivel de riesgo para las próximas elecciones al Congreso, de los cuales 36 puestos de votación se clasificaron en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio. El riesgo, sin embargo, no está distribuido de manera homogénea.

Bogotá es una ciudad donde la mayoría de las personas habilitadas para votar no lo hace. En las elecciones legislativas de 2022, solo el 44 % del censo participó en la elección de Cámara de Representantes (2.819.975 votantes) y el 45,95 % en la elección de Senado (2.742.293 votantes). Es decir, más de la mitad del electorado bogotano se abstuvo, una realidad estructural que sirve de telón de fondo para entender los riesgos electorales que hoy se concentran en determinadas localidades de la ciudad.

Para la coordinación de la MOE en Bogotá, “las mayores alertas se concentran en el sur, suroccidente y algunos sectores del centro de la ciudad. Sumapaz presenta una situación extrema: el 100 % de sus puestos de votación está en riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos presentan atipicidades. También superan el 50 % Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero”. En estas localidades se repite un patrón preocupante: baja participación electoral atípica, acompañada de votos nulos elevados y tarjetones no marcados, señales que, sostenidas en el tiempo, revelan problemas más profundos que una simple irregularidad aislada.

El análisis por variables refuerza la alerta. La baja participación es el principal factor que “jala” el riesgo extremo en territorios como Ciudad Bolívar, Bosa y Santa Fe. Aunque en localidades grandes como Kennedy, Suba y Engativá el porcentaje de puestos en riesgo es menor, el número absoluto sigue siendo significativo, lo que indica que el problema no desaparece, solo se dispersa.

A este panorama se suma un elemento que agrava el escenario electoral: la violencia política. El asesinato de Miguel Uribe, candidato a la Presidencia de la República, constituye un hecho de enorme gravedad que pone en evidencia la fragilidad de las garantías para quienes hacen política, incluso en la capital del país.

La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país.

Este volumen de candidaturas también incrementa los riesgos. De los 247 aspirantes a la Cámara, 238 nunca han sido representantes, lo que implica menor experiencia política y esquemas de seguridad más frágiles. En un contexto marcado por riesgos electorales territoriales y por hechos recientes de violencia política, esta combinación vuelve a los candidatos —especialmente a los nuevos— más vulnerables y plantea un desafío mayor para las autoridades encargadas de garantizar condiciones mínimas de seguridad y competencia democrática.

En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la Fuerza Pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo.

El mapa de riesgo electoral reconoce la sólida institucionalidad que rodea el proceso electoral en Bogotá, sin embargo sí deja una advertencia clara: en Bogotá, el derecho al voto y a la participación política no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios. Ignorar estas señales sería normalizar una democracia desigual justo en la ciudad que concentra uno de los electorados más grandes y decisivos del país.

El documento aborda temas clave como el acceso a la información electoral, la financiación de campañas, la propaganda política en entornos digitales, los riesgos asociados a la violencia y la desinformación, así como los desafíos institucionales para garantizar condiciones de transparencia, equidad e integridad democrática. Este informe busca aportar insumos técnicos para la toma de decisiones y fortalecer el control ciudadano sobre el proceso electoral.